Redacción
FELIPE CARRILLO PUERTO.- La causa jurídica del pueblo maya Cruzo’ob frente a proyectos turísticos como Xcaret se encuentra protegida por la Constitución mexicana y por tratados internacionales, en medio de un escenario que mantiene descalificaciones públicas hacia las formas de organización indígena en Quintana Roo, acusó el activista Alfaro Yam.
“Cuando se burlan o denuestan diversos medios de comunicación al servicio de los poderes formales y fácticos, así como figuras de la derecha incrustadas incluso en la 4T, de la lucha de los Cruzo’ob, están reactivando un lenguaje esclavista de deshumanización”, sostuvo, al atribuir esos ataques a una visión que busca desacreditar la defensa territorial maya frente a megaproyectos turísticos.
En redes sociales, planteó que persiste una lógica en la que el indígena es aceptado como imagen cultural o fuerza laboral, pero cuestionado cuando reclama autonomía sobre su territorio y sobre el patrimonio que históricamente ha resguardado. Añadió que esa visión permanece presente en sectores políticos, económicos y mediáticos del estado.
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En ese contexto, el también autor del libro “Quintana Roo Cruzo´ob” sostuvo que el caso Xcaret representa una disputa entre el modelo de explotación turística y el derecho de las comunidades originarias a decidir sobre selvas, cenotes, costas y espacios considerados parte de su memoria histórica y cultural.
Afirmó además que el capital turístico ha sido colocado por encima de esa relación territorial.
Como sustento, citó el Artículo 2° de la Constitución mexicana, que reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, autonomía, protección de sus tierras y uso preferente de recursos naturales, así como el Convenio 169 de la OIT, que obliga al Estado a realizar consulta previa, libre e informada en proyectos que impacten territorios indígenas.
Añadió que la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas también protege el vínculo espiritual y material de las comunidades con sus territorios, por lo que advirtió que cualquier intervención sin consentimiento legítimo de autoridades tradicionales vulnera ese marco internacional.
A juicio de Alfaro Yam, la crítica pública contra los Cruzo’ob busca desconocerlos como sujeto colectivo con derechos propios, capacidad jurídica y formas tradicionales de gobierno, mientras se refuerza la legitimidad de intereses privados vinculados al desarrollo turístico.
En la parte final de su posicionamiento, cuestionó el silencio de autoridades estatales y representantes legislativos tras los hechos del 26 de marzo, al considerar que no hubo pronunciamientos públicos en respaldo de esa causa, en un contexto donde el litigio entre comunidades mayas y el consorcio turístico permanece abierto en el terreno legal.
