Redacción/CARIBE PENINSULAR
CIUDAD DE MÉXICO.- Familiares, amigos y simpatizantes de Héctor Alejandro Matey Espadas se manifestaron este miércoles en la capital del país para denunciar presuntas irregularidades en el proceso judicial que enfrenta, señalando directamente al Poder Judicial de Quintana Roo y al fiscal Raciel López Salazar de actuar de manera indebida.
La protesta ocurre luego de que Matey Espadas fuera nuevamente ingresado al Centro de Reinserción Social de Cancún, pese a que se encontraba bajo la medida de prisión domiciliaria, en el contexto del caso vinculado a la empresa Ultramar.
Durante la movilización, los inconformes acusaron que el caso ha estado marcado por una serie de anomalías que, aseguran, evidencian una actuación parcial de las autoridades estatales.
Denuncian “lucha contra el sistema”
De acuerdo con el abogado defensor, la decisión de reingresar a Matey al penal forma parte de lo que calificó como una “lucha contra el sistema judicial”, al señalar que existen inconsistencias graves en el desarrollo del proceso.
Entre los señalamientos más relevantes, la defensa informó que se han presentado denuncias formales contra siete jueces, así como contra funcionarios de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, a quienes acusa de obstaculizar el cumplimiento de resoluciones federales relacionadas con el caso.
La defensa y los manifestantes enlistaron diversas situaciones que consideran violatorias del debido proceso: Audiencias que no se llevan a cabo por ausencia de autoridades; supuestos incidentes técnicos durante diligencias; retrasos procesales constantes, integración de múltiples carpetas de investigación en un corto periodo.
Estas condiciones, sostienen, han impedido que Matey Espadas enfrente el proceso en igualdad jurídica.
“Estamos luchando contra el sistema en Quintana Roo”, expresó el abogado durante las acciones de protesta, al señalar que han tenido que recurrir a la vía pública y mediática para visibilizar el caso.
Exigen intervención federal
Los manifestantes hicieron un llamado a instancias federales para que revisen el actuar de las autoridades estatales, al considerar que el caso podría sentar un precedente sobre el uso del sistema judicial en la entidad.
Hasta el momento, ni el Poder Judicial de Quintana Roo ni la Fiscalía estatal han emitido una postura pública detallada sobre estos señalamientos.
