Agencias
Cancún.- Este lunes, colectivos feministas y de víctimas se movilizaron frente al Juzgado Cuarto de Distrito del Poder Judicial de la Federación para exigir que no se conceda un amparo a exfuncionarios de la Fiscalía vinculados a proceso por negligencia en el caso de Francisca Mariner Flores Patrón, joven desaparecida en 2020 y cuyo cuerpo permaneció más de cuatro años en el Servicio Médico Forense sin ser notificado a su familia.
La protesta fue encabezada por Ariadne Song Anguas, vocera del colectivo femenil Xtabay Quintana Roo y de la Red de Víctimas, acompañada por María Dolores Patrón Pat, madre de Francisca y presidenta del Colectivo Madres Buscadoras de Quintana Roo.
La movilización se debe a que dos exfuncionarios promovieron un amparo federal para revertir su vinculación a proceso por los delitos de negligencia en el ejercicio del servicio público e infidelidad en el resguardo de documentos, además de buscar eliminar la medida cautelar que les impide salir del estado.
Aunado a eso, la audiencia constitucional estaba programada para hoy a las 9:00 de la mañana. Sin embargo, fue diferida bajo el argumento de que el día fue declarado inhábil, sin que se le notificará a María Dolores Patrón Pat, en calidad de tercera interesada.
“Cada omisión revive la violencia institucional”, señalaron durante la protesta.
Los manifestantes exigieron que el juez de distrito revise de fondo el expediente y confirme que la vinculación a proceso fue dictada conforme a derecho por un juez penal del distrito judicial de Cancún.
Francisca Mariner Flores Patrón tenía 17 años cuando desapareció el 22 de junio de 2020 en Cancún.
Su cuerpo fue localizado apenas un mes después. Sin embargo, permaneció más de cuatro años en el Semefo de Quintana Roo sin que las autoridades informaran a su madre.
Durante ese tiempo, María Dolores Patrón buscó en selvas, hospitales, cenotes y calles. Organizó protestas y denunció omisiones en la carpeta de investigación.
Actualmente, 13 exfuncionarios se encuentran vinculados a proceso por presuntas irregularidades en el manejo del caso, incluyendo a extitulares y fiscales adscritos a las áreas de Personas Desaparecidas y Homicidios.
Los colectivos advirtieron que, si el amparo es concedido, podría abrir la puerta para que otros implicados soliciten el mismo recurso y se debiliten las medidas cautelares, entre ellas la prohibición de salir del estado.
“Es derecho de cualquier imputado promover un amparo, pero también es obligación del juez proteger los derechos de las víctimas”, afirmó Ariadne Song Anguas.
Los colectivos anunciaron que permanecerán vigilantes hasta que se notifique formalmente la nueva fecha de audiencia.
Para ellos, la movilización de hoy no es solo un trámite judicial, es una advertencia pública de que no permitirán que la negligencia institucional quede impune.
SIM
