El 26 de enero de 2026, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, defendió en Washington la postura del presidente Donald Trump respecto a la violencia en las calles, asegurando que el mandatario no quería ver “gente lastimada o muerta en las calles de Estados Unidos”. Durante una conferencia de prensa, Leavitt calificó los recientes hechos como una tragedia, aunque desvió la responsabilidad del gobierno federal, atribuyendo la escalada de la situación directamente a las autoridades demócratas de Minesota.
La Casa Blanca sostiene que la reciente ola de violencia y caos en Mineápolis, incluyendo el asesinato del enfermero Alex Pretti, fue una consecuencia directa de la «resistencia deliberada y hostil» de los líderes demócratas estatales. Leavitt acusó a funcionarios locales de alentar activamente a los manifestantes a obstruir la aplicación de las leyes migratorias federales.
La acusación directa: Resistencia demócrata y obstrucción legal
El mensaje de la vocera de la Casa Blanca fue inequívoco: la tragedia se debe a la obstrucción. Leavitt afirmó que los funcionarios estatales han alentado a manifestantes a obstruir la aplicación de las leyes migratorias, lo que genera el «caos» que el presidente republicano busca detener en la ciudad del norte del país. Esta resistencia tiene lugar mientras las protestas contra los agentes de la policía migratoria o fronteriza son diarias.
La postura presidencial sobre la vida y la seguridad
Karoline Leavitt enfatizó que, para el presidente Trump, “todas las vidas son iguales”. Como prueba de la sensibilidad del mandatario, citó explícitamente los casos de Laken Riley y Jocelyn Nungaray como ejemplos de incidentes que siguen siendo relevantes para él. La vocera también aprovechó la comparecencia para criticar lo que consideró una cobertura mediática desigual sobre los sucesos. El objetivo final de la administración es que cese «la resistencia y el caos» en Mineápolis.
Advertencia legal: Los límites de la segunda enmienda
Respecto a los derechos ciudadanos en el contexto de las protestas, la Casa Blanca clarificó que el presidente Donald Trump respaldó los derechos de la Segunda Enmienda de los ciudadanos “respetuosos de la ley”. No obstante, Leavitt fue categórica al afirmar que este derecho constitucional no ampara la obstrucción de las operaciones federales de control migratorio. Esta distinción legal se subrayó tras el asesinato de Alex Pretti, reforzando la tesis de que la interferencia local es la raíz del problema.
Apoyo incondicional a la operación federal en medio de la controversia
Pese a las exigencias locales en Mineápolis de reducir la presencia de agentes federales, especialmente tras los recientes tiroteos que involucraron a las fuerzas migratorias, la Casa Blanca reiteró su respaldo total a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
Para asegurar el control y la supervisión de las operaciones, Leavitt defendió el envío del zar fronterizo Tom Homan a Minesota. Este despliegue federal continuó a pesar de que miles de personas en Mineápolis siguieron manifestándose contra la presencia de agentes y las operaciones federales en curso.
El despliegue del zar fronterizo Tom Homan y la firme defensa de Kristi Noem subrayan la determinación de la administración Trump de imponer la aplicación de la ley migratoria en territorios donde existe resistencia política. La controversia se centra en la divergencia entre la seguridad federal y la soberanía estatal, donde la Casa Blanca ha optado por trazar una línea clara: la resistencia política es, para ellos, indistinguible de la violencia callejera.
