¿Puede el crimen infiltrarse en el nuevo poder judicial electo?
En medio de un proceso inédito para elegir jueces por voto popular, Gerardo Fernández Noroña lanza una advertencia: el crimen organizado podría estar colándose entre los aspirantes. El senador afirma que el Congreso ya impugnó a 26 candidatos ante el Tribunal Electoral. ¿Qué está en juego?
Una advertencia que sacude el proceso judicial
El contexto: candidaturas bajo sospecha
El presidente del Senado y legislador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, reveló que 26 aspirantes a cargos judiciales están siendo cuestionados por presuntos vínculos con la delincuencia organizada y otras irregularidades, como bajo desempeño académico. Según Noroña:
“Ya presentamos las impugnaciones… Si el INE se da por muerto, vamos al Tribunal Electoral.”
El legislador acusa al Instituto Nacional Electoral (INE) de omisión y asegura que, de no proceder con la cancelación de esas candidaturas, el Congreso ya ha activado la vía legal para escalar el caso ante el TEPJF (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación).
¿Quiénes son los 26? Silencio oficial, sospechas públicas
Candidatos señalados sin nombres revelados
Aunque la acusación es grave, no se han hecho públicos los nombres ni los detalles específicos sobre las personas impugnadas. Fernández Noroña justificó el hermetismo:
“No hicimos público ningún dato… no nos vayan a acusar de un llamado a no votar.”
Este manejo ha generado tensión mediática y política, ya que los señalamientos no van acompañados de pruebas abiertas ni mecanismos de verificación ciudadana.
¿Qué delitos se presumen?
- Vínculos con el crimen organizado
- Participación en redes de corrupción
- Liberación de delincuentes por jueces aliados
- Calificaciones menores a 8 en la licenciatura
La gravedad de los posibles delitos contrasta con la falta de transparencia en el proceso de impugnación.
Sheinbaum lanza advertencia ciudadana
“Que la gente no vote por ellos”: mensaje directo
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo intervino con un llamado claro:
“Que la gente no vote por ellos.”
Lo dijo luego de que el INE reconociera no tener facultades para retirar de la contienda a los candidatos judiciales cuestionados. Según la mandataria, el caso debe resolverse en el TEPJF.
Además, anunció que Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, presentará un informe sobre jueces que han liberado a presuntos criminales.
Estados en riesgo por falta de recursos
En paralelo, el INE reportó que la elección judicial está en riesgo en Zacatecas, Veracruz, Nayarit y San Luis Potosí, debido a insuficiencia presupuestaria. Sheinbaum cuestionó el manejo de recursos del organismo electoral, insinuando una posible mala administración.
Choque de competencias: ¿Qué puede hacer realmente el Congreso?
El dilema legal
Fernández Noroña fue enfático:
“No creo que tengamos esa atribución.”
Se refiere a la duda sobre si el Senado tiene capacidad constitucional para cancelar candidaturas judiciales. Aun así, sostiene que el Congreso actuó dentro del marco legal al impugnar.
Este punto es crucial. De confirmarse la incompetencia legal del Senado, las impugnaciones podrían carecer de validez jurídica y abrir un nuevo frente entre poderes.
¿Está en riesgo el proceso judicial ciudadano?
Un proceso histórico… y vulnerable
Por primera vez, la ciudadanía votará directamente por quienes integrarán el nuevo sistema judicial. Esta apertura democrática, sin precedentes, podría verse manchada si se confirma que candidatos con nexos criminales lograron colarse en la boleta.
La preocupación central es doble:
- Falta de filtros efectivos del INE.
- Ausencia de mecanismos públicos de fiscalización.
Si se valida que el TEPJF carece de tiempo o herramientas para depurar a fondo, se estaría normalizando la infiltración criminal en el nuevo aparato judicial.
Las implicaciones políticas y sociales
Morena contra el INE, otra vez
Este caso profundiza el enfrentamiento entre Morena y el INE, un conflicto persistente durante este sexenio. La narrativa de desconfianza institucional podría impactar la legitimidad del proceso electoral más allá del ámbito judicial.
Consecuencias para la ciudadanía
- Se diluye la confianza en el voto judicial.
- Se refuerza la percepción de cooptación de poderes.
- Aumenta la posibilidad de abstencionismo por desinformación o miedo.
En un país marcado por la violencia e impunidad, permitir que jueces con vínculos criminales lleguen por elección popular sería un paso peligroso.
¿Qué sigue?
TEPJF, la última instancia
El caso ahora está en manos del Tribunal Electoral, que deberá resolver en días si los candidatos señalados pueden o no competir. Lo hará sin que los ciudadanos conozcan nombres, pruebas o expedientes, en una paradoja institucional que pone en jaque la transparencia democrática.
¿Será la justicia la próxima víctima electoral?
El episodio plantea una pregunta inquietante: ¿puede nacer un poder judicial nuevo bajo sospechas tan viejas?. La idea de una justicia electa por voto popular suena prometedora, pero el riesgo de que el crimen organizado se mimetice entre los aspirantes no puede minimizarse.
Si el TEPJF no actúa con firmeza y claridad, podríamos estar presenciando el inicio de un nuevo poder judicial… contaminado desde su origen.
