La tensión escala en el Caribe mexicano. El sector hotelero formal ha lanzado un ultimátum a las autoridades: prohibir, no solo regular, las viviendas vacacionales en Cancún y Quintana Roo. Líderes empresariales denuncian que la tolerancia gubernamental hacia plataformas como Airbnb representa una competencia injusta, operando en la ilegalidad, mientras se buscan reglas de seguridad urgentes.
El ultimátum del sector hotelero: Desaparecer las plataformas
El debate sobre la operación de las plataformas de renta vacacional en Quintana Roo ha alcanzado un punto crítico el 27 de octubre de 2025. Abelardo Vara, presidente honorario de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos & Isla Mujeres (AHCPMIM), ha criticado fuertemente a las autoridades por lo que considera una “tolerancia” excesiva hacia estas plataformas.
Vara sostiene que operan en la ilegalidad y representan una competencia injusta para la hotelería formal establecida. Sus declaraciones, recogidas por Caribe Peninsular, son contundentes:
> “Es inconcebible que el gobierno siga permitiendo la operación de plataformas ilegales. No deberían regularlas, deberían desaparecerlas. Si quieren entrar a la hotelería, que cumplan las mismas reglas que cumplimos todos”, sentenció el líder hotelero.
Este llamado a la prohibición total subraya la profunda división en el principal destino turístico de México.
Regulación justa y seguridad: La prioridad de Acluvaq
En contraste con la postura radical del líder hotelero, otros sectores empresariales abogan por una regulación urgente centrada en la seguridad del turista. Miriam Cortés Franco, directora de la Asociación de Clubes Vacacionales (Acluvaq), reveló que ya se están llevando a cabo trabajos para implementar nuevas reglas en Cancún.
La iniciativa surge ante la detección de rentas vacacionales, tanto de casas como de departamentos, que no forman parte de plataformas conocidas como Airbnb. Cortés Franco explicó la necesidad de coordinarse con el gobierno estatal y municipal para este fin:
> “Desde hace tiempo iniciamos trabajos con el Ayuntamiento de Benito Juárez (Cancún) para lograr una regulación justa, pero especialmente dar seguridad a los turistas y a quienes viven alrededor,” dijo Cortés Franco, según Sipse.
La directora de Acluvaq aclaró que los avances dependían de los procesos legislativos estatales. “Era necesario esperar a los cambios de la Ley Estatal de Turismo para con ello lograr hacer los cambios municipales. Hemos tenido apertura y vamos avanzando. Por lo que pronto se podrían alcanzar reglamentos que son urgentes”, agregó.
Aunque el enfoque principal es la seguridad, Acluvaq reconoce el impacto económico positivo del sector. Cortés Franco indicó que “reconocemos que el turismo que llega a las rentas vacacionales genera una derrama económica, empleo y sus visitas deben estar en estancias que sean seguras. Aunque lo más importante es cuidar a nuestros turistas”.
La perspectiva del gobierno: El turismo no cae, se distribuye
Mientras el sector empresarial debate entre prohibición y regulación, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, ha minimizado la percepción de una crisis turística, afirmando que el problema no es la disminución de visitantes, sino la forma en que se distribuye el alojamiento.
Según la gobernadora, el flujo turístico se ha canalizado hacia nuevos hospedajes y plataformas como Airbnb. En declaraciones previas, reportadas por REPORTUR.mx, Lezama había dejado clara su postura:
“Quiero dejarlo claro. El turismo no ha bajado. En Tulum estamos trabajando para que el acceso a las playas sea público y en Playa del Carmen y Cancún los vuelos están abarrotados”, aseguró en su momento Lezama.
Esta postura oficial sugiere que, por el momento, la estrategia gubernamental se inclina hacia la gestión de la nueva realidad del mercado, en lugar de ceder a la demanda de prohibición total impulsada por la hotelería tradicional de Cancún.
La presión sobre el Ayuntamiento de Benito Juárez y el gobierno de Quintana Roo es innegable. Lograr un equilibrio entre la derrama económica generada por las viviendas vacacionales y la seguridad que exige el sector hotelero formal será la prueba de fuego de la administración en 2025. ¿Hasta qué punto la ley estatal permitirá mantener viva la promesa de una «regulación justa» sin antagonizar al poderoso gremio hotelero?
