La tensión en el campo mexicano alcanzó su punto máximo. Productores de estados clave han declarado una «alerta máxima» ante la inminente votación de la nueva Ley de Aguas, advirtiendo que, si el dictamen no sufre modificaciones cruciales, las carreteras que previamente bloquearon podrían ser tomadas de nuevo. La agenda legislativa del 03 de diciembre de 2025 se centra en el cabildeo entre las fuerzas de Morena, PRI y PT, mientras la oposición anticipa un rotundo voto en contra.
Alerta máxima en el campo por la Ley de Aguas México 2025
En vísperas de que las comisiones de la Cámara de Diputados voten los dictámenes de la nueva Ley de Aguas y de una reforma a la Ley de Aguas Nacionales, la presión de los productores del campo se intensificó notablemente en la Ciudad de México. El objetivo del cabildeo es insistir en la urgencia de realizar modificaciones sustanciales a los textos propuestos.
Dos grupos clave han manifestado su absoluto rechazo a la actual redacción:
- Campesinos de Chihuahua y Guanajuato rechazaron explícitamente el texto del artículo 22, debido a que este prohíbe la transmisión de derechos de agua.
- El Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano reiteró que sus demandas no deben ser consideradas como un capricho político.
Eraclio Rodríguez Gómez, líder de la movilización, advirtió que el movimiento que previamente bloqueó carreteras está en “alerta máxima” y listo para retomar las acciones. En este contexto de máxima presión, el 03 de diciembre de 2025 fue una fecha de intensas negociaciones.
Cabildeo y concesiones: La postura de Morena y PT
Rodríguez Gómez se reunió con los coordinadores de las bancadas mayoritarias. Ayer sostuvo encuentros directos con Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena, y con Reginaldo Sandoval Flores, coordinador del PT.
Monreal Ávila, en entrevista, indicó que el dictamen podría abordarse hoy mismo en el pleno de la Cámara, “en caso de que sea necesario”. El coordinador aseguró que la mayoría de las demandas de los productores ya fueron atendidas, aunque reconoció que podrían llevarse a cabo más cambios en el cuerpo del texto.
Los puntos que, según Monreal Ávila, ya están resueltos en el dictamen incluyen:
- La inclusión de los ganaderos en la concesión del agua, permitiendo que se pueda compartir el uso agrícola con el ganadero.
- La regularización de las zonas de libre alumbramiento que los productores exigían.
- La eliminación de la figura de la negativa ficta.
- La garantía de las herencias de las propiedades y del volumen de las concesiones de agua.
La oposición: Acusaciones de imposición y «90 parches»
A pesar de los presuntos avances anunciados por Monreal, las bancadas del PAN y PRI en la Cámara de Diputados anticiparon su voto en contra tanto en las comisiones como en el pleno. El blanquiazul incluso adelantó que solicitará el retiro total del proyecto de dictamen.
La vicecoordinadora de la bancada del PAN, Noemí Luna Ayala, fue contundente en su crítica. Afirmó que si el dictamen ha requerido la inclusión de «90 parches» a la iniciativa presidencial, esto es un claro reflejo de que el proyecto “está mal planteado y afecta a lo más valioso que tenemos en el país: las actividades primarias”.
Luna Ayala enfatizó que las voces del sector primario no deben ser desestimadas: “El campo habla y el gobierno no escucha. Agricultores, ganaderos y transportistas han alzado la voz y no son los enemigos políticos del régimen, no están auspiciados por la oposición. Lo que manifiestan es desesperación”.
Por su parte, el PRI recibió a un grupo de productores directamente afectados de Chihuahua y Guanajuato. Alexa Jiménez, de Chihuahua, declaró en conferencia de prensa: “No vamos a avalar una imposición. Queremos que nos dejen poner comida en nuestras mesas y en sus mesas”. Mauricio Pérez, quien representa a los productores de maíz del Bajío, indicó que la incertidumbre es palpable, pues el dictamen actual los deja vulnerables: “El Estado nos puede quitar los pozos y de esos huecos legales existen muchos”.
El sector industrial y la incertidumbre legislativa
La Ley de Aguas también ha generado reacciones en otros sectores económicos. La industria reconoció los dictámenes sobre la Ley General de Aguas y la Ley de Aguas Nacionales. Sin embargo, las empresas mineras expresaron públicamente su preocupación ante la modificación inminente de la Ley de Aguas, lo que sugiere un panorama de complejidad legislativa que trasciende el sector agrícola.
El círculo rojo: Otras claves políticas del 03 de diciembre de 2025
Mientras el debate por la Ley de Aguas México 2025 acapara la atención, otros temas relevantes en la agenda política y judicial también se desarrollaron en la jornada:
- Política exterior: México defendió ante la OEA la vigencia de la Convención de Asilo Diplomático de 1954. La delegación mexicana denunció que la iniciativa presentada por Perú no responde a un interés jurídico regional, sino a un intento de dirimir un caso particular, haciendo referencia al de la ex primera ministra peruana Betssy Chávez. México argumentó que el Consejo de la OEA carece de facultades para actuar como órgano revisor de un tratado internacional.
- Caso Javier Duarte: La jueza en Guatemala autorizó a México aumentar los cargos contra el exgobernador. La jueza determinó no conceder la libertad vigilada al considerar que Duarte de Ochoa enfrenta una acusación por el delito de desaparición forzada.
- Reforma judicial: Los juzgadores aplazaron su plantón indefinido. Inicialmente, la protesta estaba convocada para iniciar este miércoles a las seis de la mañana frente al edificio del Órgano de Administración Judicial. La nueva fecha para exigir el pago de sus indemnizaciones, tras ser cesados por la reforma judicial, fue marcada para el próximo lunes.
La Ley de Aguas Nacionales, presentada como una solución a la gestión hídrica, corre el riesgo de fracturar el diálogo entre el gobierno y los productores de la tierra. Si bien los coordinadores de la mayoría legislativa afirman haber resuelto los puntos más sensibles, la advertencia de «alerta máxima» por parte de los campesinos de Chihuahua y Guanajuato sugiere que las grietas legales y la desconfianza persisten. ¿Podrá la Cámara de Diputados conjurar la amenaza de movilizaciones en el pleno, o la nueva Ley de Aguas México 2025 desatará una crisis en el sector primario que el país no puede permitirse?
