Redacción/NOTICARIBE PENINSULAR
Ciudad de México. Este jueves se instaló formalmente la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, entre cuyos principales pendientes estará darle cauce en los próximos días a las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) que se están discutiendo en el Senado de la República.
En la ceremonia, tanto los legisladores miembros de la comisión como diversos funcionarios invitados al acto –entre ellos Lenia Batres, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación–, recalcaron la necesidad de que se impulsen reformas para mejorar el funcionamiento de otros eslabones del sistema judicial del país, en particular los ministerios públicos y las fiscalías.
Al instalarse la comisión, presidida por el morenista Julio César Moreno Rivera, se presentaron los 30 miembros de dicha instancia legislativa, entre ellos los secretarios de la misma: Alberto Maldonado (Morena), Guillermo Anaya (PAN), Mary Carmen Bernal (PT), Mariana Benítez Tiburcio (Morena), César Israel Damián (PAN) y Juan Ignacio Zavala (MC).
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Al tomar posesión de su cargo, Moreno Rivera enfatizó que los miembros de la comisión tienen la “enorme encomienda de dar viabilidad a la reforma judicial y demostrar que es posible implementar en un nuevo modelo de protección a los derechos, libertades y aspiraciones de la ciudadanía. Este proceso no es sólo una actualización legal, sino un cambio estructural para garantizar que el Poder Judicial sea más justo, transparente y cercano a la sociedad”.
Además de la mencionada reforma, Moreno indicó que otros desafíos serán el fortalecimiento de las defensorías de oficio y la mejora de los derechos de los trabajadores del PJF.
Al presentar la posición de la bancada de Morena, la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero coincidió en que además de la elección por voto directo de juzgadores es necesario atender aspectos como las defensorías públicas, que “están olvidadas y cuyos integrantes ni siquiera volteamos a ver, y que tienen salarios sumamente bajos”.
Otro eslabón por mejorar, puntualizó, es el de la capacitación de las policías de proximidad; los Ministerios Públicos, que “están rebasados en su trabajo y que la verdad a veces no están tan capacitados para la función ministerial”, y la estabilidad laboral y remuneración digna de investigadores, peritos y jueces.
Corregir “errores e incongruencias”
De su lado, el priísta César Alejandro Domínguez subrayó que la reforma judicial es una prioridad para la comisión de Justicia, y destacó que “de manera tardía, pero en un ejercicio responsable, Morena ha reconocido diversos errores e incongruencias en la redacción” de la iniciativa.
“Aprovechemos el reconocimiento de estos errores y emprendamos un esfuerzo conjunto y en unidad para revisar todos los tramos que deben ser matizados en la Constitución, así como las iniciativas de reforma a leyes secundarias. No cometamos el error histórico de anteponer criterios políticos o ideológicos para sacar una reforma apresurada, repleta de inconsistencias y visos de inconstitucionalidad”, dijo.
Por su parte, el panista César Israel Damián destacó que la comisión tiene en sus manos el análisis de una reforma que impactará la vida de todo el país, por lo que llamó a sus compañeros a la escucha y el diálogo, y que esta instancia no sea “un campo de batalla para intereses partidistas. […] Cuentan con nosotros para acompañar decisiones a favor del pueblo de México, pero señalaremos cuando se trate de simulación o un atentado contra la república”.
Aunque no forma parte de la comisión de Justicia, Leonel Godoy Rangel (Morena) tomó la palabra para recordar que esta instancia legislativa estaba obligada a instalarse cuanto antes, ante la llegada de las minutas relacionadas con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley de Medios de Impugnación, que serán votadas hoy en el Senado.
El próximo 16 de octubre, recordó, “se tiene que expedir la convocatoria para iniciar el procedimiento ya formal (de aprobación de los cambios a ambas normas), aunque el proceso electoral para el PJF ya inició a partir del 16 de septiembre”.
En ese marco, celebró la presencia de la ministra presidente de la SCJN, Norma Piña, en el Senado, y el hecho de que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) decidiera entregar las listas de plazas disponibles de jueces y magistrados para la elección por voto popular para 2025, lo que implica avalar de facto la reforma judicial.
“Enorme expectativa”
Al intervenir como invitada especial, la ministra Lenia Batres señaló que hay una “enorme expectativa” en los trabajos de la comisión de Justicia, porque “el reto de la democratización del Poder Judicial es muy fuerte.
“Se tiene la madurez institucional para hacerlo, pero creo que el reto en su conjunto es muy fuerte porque la democratización no implica nada más la elección de ministros, magistrados y jueces, sino de articular todo este sistema de controles que prevé la reforma y que es parte de la democratización misma del PJF”, manifestó.
De igual forma, llamó a poner atención en el funcionamiento adecuado de las fiscalías y en la creación de mecanismo de acceso a la justicia para las personas con menores recursos económicos, cuyas necesidades son muy poco consideradas.
Al salir del acto protocolario, Batres admitió que no conoce los detalles de la ya mencionada entrega de las listas de plazas disponibles de jueces y magistrados por parte del CJF, pero trajo a la mesa el tema de que los juzgadores siguen otorgando suspensiones injustificadas para tratar de detener la reforma al PJF.
“Hay una extra limitación de jueces que no quieren acatar el artículo 61, fracción I, de la ley de amparo, que dice que las reformas constitucionales son improcedentes en materia de amparo. […] Hay jueces que se toman facultades que no tienen y nadie los sanciona. Parte de lo que prevé la reforma (al PJF) prevé un tribunal de disciplina judicial que puede abordar este tipo de sanciones, que a mí me parecería muy pertinente”.
