La desaparición de personas sigue siendo una herida abierta en México. En un contexto donde los colectivos exigen justicia, el gobierno federal asume un compromiso ineludible: coordinar acciones inmediatas y efectivas para la búsqueda de desaparecidos.
La obligación federal en la búsqueda de personas
El compromiso de la Secretaría de Gobernación
En una reunión reciente en Ciudad de México, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, reafirmó la obligación del gobierno federal de llevar a cabo la búsqueda de personas desaparecidas. Destacó la importancia de una coordinación efectiva entre los tres niveles de gobierno.
“No es tarea fácil, pero lo vamos a hacer con el apoyo y la exigencia de ustedes”, aseguró Rodríguez ante los colectivos.
La funcionaria subrayó que la presidenta de la República respalda a quienes luchan por encontrar a sus seres queridos, lo cual envía un mensaje contundente a la nación.
Cooperación entre fiscalías y procuradurías
Uno de los puntos medulares expuestos fue la necesidad de que fiscalías estatales y federales trabajen en conjunto para garantizar el acceso a la justicia.
El fortalecimiento institucional y el fin de la impunidad son prioridades declaradas.
Iniciativas para mejorar la búsqueda de personas
Reformas legislativas en curso
El gobierno federal impulsa una serie de reformas legales fundamentales:
- Plataforma Única de Identidad: Integrará la CURP con huella y fotografía desde el nacimiento.
- Alerta Nacional para la Búsqueda: Activación inmediata en todo el país al recibir un reporte de desaparición.
- Base Nacional de Carpetas de Investigación: Registro único actualizado en tiempo real.
Estas herramientas buscan cerrar brechas tecnológicas y de información que hoy dificultan la localización efectiva.
Vinculación de sistemas y acceso a bases biométricas
Otra propuesta relevante es la integración de registros de autoridades y particulares, como hospitales, funerarias y laboratorios.
Esta medida permitirá la consulta y cruce de datos en tiempo real, aumentando las probabilidades de identificación rápida.
Fortalecimiento de capacidades institucionales
Unidades especializadas y capacitación continua
Para profesionalizar la búsqueda de personas, se contempla:
- Creación de unidades de análisis de contexto.
- Búsqueda inmediata y de larga data.
- Refuerzo a las unidades de atención a víctimas.
- Fortalecimiento de áreas especializadas en delitos cibernéticos.
Asimismo, el personal ministerial, policial y pericial deberá recibir capacitación continua, con perfiles mínimos establecidos por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
Obligaciones de notificación y sanciones
Una vez que se reciba un reporte de desaparición:
- La autoridad deberá notificar de inmediato a la Fiscalía Especializada y a la Comisión Nacional de Búsqueda.
- Se activarán acciones paralelas para maximizar las posibilidades de éxito.
El incumplimiento de las obligaciones de carga de datos en el Banco Nacional de Datos Forenses o la negativa de particulares a proporcionar información se sancionará penalmente.
La perspectiva de los colectivos de búsqueda
Participación activa y registro de propuestas
La secretaria Rosa Icela Rodríguez aseguró que todas las aportaciones de los colectivos serán registradas minuciosamente y consideradas para perfeccionar las estrategias.
“Nuestro deseo es trabajar en conjunto con ustedes para atender sus genuinas demandas”, enfatizó.
Este enfoque promueve la transparencia y la comunicación permanente entre sociedad civil y autoridades.
Compromiso con los derechos humanos
La instrucción a los servidores públicos es clara:
- Actuar con humanismo, sencillez y responsabilidad.
- Evitar toda forma de impunidad.
- Brindar trato digno a las familias buscadoras.
Un nuevo camino en la búsqueda de justicia
El compromiso del gobierno federal de fortalecer la búsqueda de personas en México marca un parteaguas. Aun así, el reto es monumental: convertir las promesas en resultados tangibles.
La construcción de un sistema eficaz, coordinado y respetuoso de los derechos humanos es imprescindible para restaurar la confianza perdida. La historia de cada desaparecido exige memoria, acción y, sobre todo, justicia.
El diálogo iniciado entre autoridades y colectivos puede ser el principio de una transformación real, si se sostiene en hechos y no solo en palabras.
