“Ya hablamos, ahora que respondan”: colectivas piden reformas reales y respeto
Cuando Jaqueline Palmeros toma la palabra, no lo hace como activista sino como madre. En 2020, su hija Monserrat desapareció. Fue localizada sin vida en noviembre de 2023. Esa herida es la que impulsa su lucha.
Hoy, desde su colectivo Una Luz en el Camino, exige que las autoridades federales dejen de simular diálogo y empiecen a escuchar de verdad a quienes, día tras día, caminan campos, lotes y selvas buscando a los suyos.
Las colectivas de buscadoras en México no piden favores: demandan ser parte activa de las decisiones legislativas que marcarán el futuro de la política de búsqueda de personas desaparecidas.
Tras una primera reunión con la Secretaría de Gobernación, la advertencia fue clara: si no se integran sus propuestas en las reformas, el proceso será una burla institucional.
El diálogo con Gobernación: ¿escucha real o simulación?
La reunión que desató el nuevo reclamo
En días recientes, la Secretaría de Gobernación sostuvo un primer encuentro con distintos colectivos de buscadoras. Aunque se reconoció como un avance, líderes como Jaqueline Palmeros denunciaron que muchas de las propuestas expuestas no fueron nuevas: son demandas históricas que el Estado ha ignorado por años.
“Nos escucharon, pero ahora queremos ver si nos responderán”, dijo Palmeros en entrevista. Para las familias, el tiempo de los diagnósticos ya pasó. Hoy, lo urgente es que sus demandas se reflejen de manera concreta en las leyes y en los protocolos institucionales.
¿Qué piden los colectivos de buscadoras?
Protocolos diferenciados de búsqueda
Uno de los puntos centrales es la creación de protocolos de rastreo diferenciados, que atiendan las particularidades de las víctimas según edad, género o condición.
- Menores y jóvenes: No es lo mismo una desaparición por extravío que una por privación de la libertad.
- Personas con discapacidad: Deben activarse respuestas inmediatas por parte de hospitales y policías, sin necesidad de largos procesos.
- Comunidad LGBT+: Se enfrentan a crímenes de odio, lo que exige estrategias con enfoque diferencial.
Actualmente existen herramientas como la Alerta Amber o el Protocolo Alba. Sin embargo, colectivos denuncian que en muchos casos se activan sin seguimiento real ni acciones de campo.
Acceso real a las carpetas de investigación
Otra demanda recurrente es el acceso directo y sin trabas a las carpetas de investigación.
Aunque en la legislación está permitido, muchas fiscalías obstaculizan el acceso con burocracia o restricciones ilegales.
“Queremos buscar con herramientas reales. No podemos hacer rastreos si no sabemos en qué punto están los expedientes”, subrayó Palmeros.
El peso político de las renuncias exigidas
Tres nombres bajo la lupa de las colectivas
Durante la reunión, las buscadoras también exigieron la renuncia de tres funcionarias clave:
- Teresa Guadalupe Reyes, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda
- Martha Yuriria Rodríguez, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV)
- Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
Según Palmeros, mantener a estas figuras es un obstáculo para avanzar en la materia, y representa un agravio para quienes han perdido a sus seres queridos. “Ellas tienen que renunciar, sí o sí”, sentenció.
Entre reformas y simulaciones: el contexto legislativo
En paralelo a estas mesas de diálogo, se han presentado iniciativas legislativas que no contemplan plenamente las propuestas de los colectivos.
Esto encendió las alarmas: ¿para qué reunirse con las familias si ya se está legislando sin ellas?.
Para los colectivos, no hay lugar para medias tintas: cualquier reforma que excluya su voz será leída como un nuevo acto de violencia institucional.
La urgencia de legislar con enfoque desde el territorio
Lo que se vive en campo no cabe en un escritorio
Quienes buscan no solo exigen ser consultadas, sino también reconocidas como expertas en la práctica.
Las estrategias diseñadas desde la Ciudad de México, sin considerar la experiencia territorial de las colectivas, están destinadas al fracaso.
“Quien ha caminado un basurero, un monte o una brecha sabe que se necesita más que buena voluntad”, comentó una integrante del colectivo Buscadoras del Mayab.
¿Qué está en juego?
Más que reformas, se juega la dignidad
El país supera ya las 100 mil personas desaparecidas. Cada protocolo mal hecho, cada carpeta estancada y cada institución ausente es una puerta que se cierra para encontrarles.
Las buscadoras no solo piden leyes nuevas: piden reconocimiento, recursos, herramientas y respeto.
Legislación con justicia o simulación institucional
El proceso de diálogo entre Gobernación y los colectivos de búsqueda no puede convertirse en una estrategia para desactivar la presión social. Tiene que ser un punto de inflexión.
Escuchar a las buscadoras no es solo un acto político; es un deber ético, una obligación del Estado y una deuda con miles de familias. En sus manos está buena parte del conocimiento práctico que puede salvar vidas o recuperar cuerpos. Ignorarlas sería repetir la historia de abandono que ha marcado esta crisis humanitaria.
Las próximas semanas serán clave: si el gobierno incorpora sus voces, se abrirá una oportunidad histórica. Si no lo hace, quedará claro que la simulación sigue pesando más que la justicia.
