La titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, aclaró el estatus de la investigación por supuestos sobornos al expresidente Enrique Peña Nieto. Mientras la FGR avanza, la dependencia de Buenrostro se declara sin elementos para la indagatoria, marcando un complejo escenario legal.
La posición de la secretaría anticorrupción
Raquel Buenrostro, al frente de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, fue cuestionada sobre los alegados sobornos que supuestamente recibió el expresidente Enrique Peña Nieto. La titular señaló que la dependencia no posee ninguna denuncia formal en contra del exmandatario.
Estos supuestos sobornos, que ascenderían a 25 millones de dólares, habrían sido entregados por dos empresarios de Israel. El objetivo de dicho pago sería asegurar contratos durante la administración de Peña Nieto.
Sin elementos suficientes para la investigación propia
Durante una conferencia de prensa en Palacio Nacional, la secretaria Raquel Buenrostro fue enfática al indicar que las atribuciones y competencias de su secretaría no alcanzan para establecer una investigación en este caso específico.
«Nosotros no tenemos denuncias de eso. Eso lo trae la Fiscalía General de la República, y la verdad es que en el alcance y atribuciones que nosotros tenemos, no alcanzan las competencias, porque no hay nada que haya firmado que alcance«, aseguró. La principal razón es la ausencia de documentos firmados que puedan vincular directamente al expresidente con los hechos.
La fiscalía general de la república asume el caso
La aclaración de Buenrostro reafirma que la responsabilidad de llevar este tema recae directamente en la Fiscalía General de la República (FGR). Es esta instancia la que posee las facultades para indagar sobre las acusaciones presentadas.
Hace unas semanas, específicamente el 8 de julio, el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, informó sobre la apertura de una carpeta de investigación. Esta indagatoria se centra en la compra del software Pegasus y en las declaraciones de empresarios israelíes. Dichos empresarios han afirmado haber pagado cerca de 25 millones de dólares al ex presidente Enrique Peña Nieto en relación con este caso.
La división de responsabilidades y las limitaciones de competencia institucional ponen de manifiesto los intrincados desafíos en la persecución de la corrupción de alto nivel. ¿Será la FGR capaz de reunir la evidencia necesaria para desentrañar por completo esta compleja red de acusaciones y responsabilidades?
