Redacción/CARIBE PENINSULAR
CHETUMAL.- El Juzgado Primero de Distrito con sede en Chetumal confirmó la vigencia de la suspensión definitiva que impide continuar la construcción de la casa de descanso militar a la orilla de la laguna de Bacalar, al negar a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la revocación de esa medida.
La resolución rechaza el incidente de revocación presentado por la institución castrense contra la medida cautelar concedida en junio a las asociaciones civiles Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (Dmas) y Proyecto Justicia Común (Projuc), quienes tramitaron un juicio de amparo contra la obra y la exención de estudios de impacto ambiental otorgada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Recurso fallido de la Sedena
La Sedena argumentó que el juez no valoró pruebas que —a su juicio— demostraban que la obra no provocaba daños a la laguna. Como parte del recurso, el 15 de julio se realizó una inspección judicial en el predio, ubicado en la avenida Costera, frente al fuerte de San Felipe. Posteriormente, el 29 de julio, el juez David Pacheco Monroy celebró audiencia para resolver el incidente y determinó mantener la suspensión definitiva.
El juzgador señaló que las pruebas presentadas por la dependencia “no son novedosas” y que la inspección judicial confirmó la existencia de las obras impugnadas. Añadió que, por el carácter preventivo del derecho ambiental, la medida de protección debe permanecer hasta que concluya el juicio de amparo, lo que podría tomar entre un año y año y medio.
Antecedentes y desacato
La obra ha permanecido detenida tras un desacato inicial de alrededor de diez días, en el que, según vecinos y ambientalistas, la Sedena concluyó la construcción de una piscina e inició la cimentación del edificio. La suspensión definitiva frenó el resto de los trabajos, pero el juzgado mantiene pendiente un incidente por ese desacato.
El proyecto ha sido cuestionado por su ubicación dentro de la franja federal protegida de la laguna de Bacalar y por presuntos daños como dragado y relleno de áreas naturales. La obra también generó críticas por haberse exentado de estudios de impacto ambiental bajo el argumento de que se trataba de trabajos de “mantenimiento”.
Próximos pasos
La asociación Dmas informó que el juez ordenó un peritaje en materia ambiental, pero aún no se ha designado a los especialistas, lo que ha retrasado el proceso. Además, en septiembre se prevé un cambio de juez, ya que Pacheco Monroy dejará el cargo por la reforma judicial federal y será sustituido por un juez o jueza “del acordeón” designado en Quintana Roo.
Los colectivos esperan que el nuevo titular mantenga los criterios ambientales adoptados hasta ahora, que incluyen la concesión de dos suspensiones definitivas y una provisional en tres juicios de amparo contra la obra.
El proyecto, ubicado frente al Fuerte de San Felipe, generó controversia desde que en marzo se conoció que había iniciado sin estudios de impacto ambiental, tras recibir de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) una exención bajo el argumento de ser “trabajos de mantenimiento”.
La decisión provocó protestas ciudadanas, pronunciamientos de organizaciones ambientales y la recolección de miles de firmas, así como la presentación de juicios de amparo para detener la obra.
