A semanas de cumplirse 11 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el caso vive una nueva fase crítica. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló el trabajo del nuevo fiscal Mauricio Pazarán, quien, apoyado por la SSPC, implementa métodos inéditos en la investigación. Los familiares buscan certezas y órdenes de aprehensión, en un clamor que persiste desde el 4 de septiembre de 2025.
Un nuevo enfoque en la búsqueda de justicia para Ayotzinapa
El nuevo fiscal, Mauricio Pazarán, ha asumido la investigación del caso Ayotzinapa con un respaldo crucial. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que Pazarán trabaja con el apoyo “en lo que se necesita” de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Este esfuerzo se concentra en la implementación de nuevas líneas y métodos de investigación que, hasta ahora, no se habían explorado.
La mandataria destacó que los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos están de acuerdo con esta renovada estrategia. No obstante, reconoció la dificultad inherente al paso del tiempo, señalando que “obtener las pruebas después de 11 años lleva su tiempo”, una explicación ofrecida por el propio fiscal. A pesar de los nuevos métodos, las líneas de investigación previas, también solicitadas por las familias, continúan activas.
La insistencia de los padres y el desafío de las pruebas
A semanas de que se cumplan 11 años de la desaparición, la reunión entre la presidenta Sheinbaum y los padres de los normalistas en Palacio Nacional, el 4 de septiembre de 2025, reveló una persistente demanda de resultados concretos. Las familias expresaron: “¿Cuándo van a venir pues las órdenes de aprehensión ya vinculadas con este esquema?”, y cuestionaron su impaciencia: “¿Por qué no hay más avances si ya llevamos un año en el gobierno?”.
En respuesta, Sheinbaum Pardo enfatizó la necesidad de judicializar los procesos con pruebas sólidas. El objetivo es evitar que las órdenes de aprehensión sean prohibidas o que se argumente la falta de vinculación. Se busca presentar los casos “directamente ante el juez con suficientes pruebas para que no pueda haber alguna decisión de no pedir la orden de aprehensión o que no reconozcan que haya la vinculación”. La información detallada sobre los avances fue presentada a los padres y madres en dos ocasiones.
Grupo de expertos: ¿Un nuevo camino para la certeza?
Ante la solicitud de las madres y padres para el retorno del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la presidenta informó sobre una iniciativa alternativa. Ha pedido a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, establecer comunicación con Naciones Unidas. El objetivo es “ver si era factible buscar expertos precisamente en estas áreas de investigación y métodos de investigación que se están siguiendo”.
Esta evaluación busca proporcionar a las familias la certeza de que “en efecto se están haciendo bien las cosas”. La mandataria aclaró que “ya no es el GIEI que había antes, porque tuvo sus problemas, todos sabemos qué problemas tuvo, y además muchos de ellos ya ni siquiera están interesados en regresar a la investigación”. La coordinación con las familias es un eje central en la evaluación de esta posibilidad.
El caso Ayotzinapa, a 11 años de la tragedia, es una herida abierta en la nación. La administración actual busca respuestas con nuevas estrategias y la suma de expertos. Pero la exigencia de justicia por parte de los padres es inalterable. ¿Será suficiente este nuevo impulso para desvelar la verdad y llevar a los responsables ante la justicia, o los laberintos persistirán?
