Una revisión forense de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha destapado un probable daño patrimonial millonario dentro del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la entidad que Norma Piña Hernández encabezó en su penúltimo año de funciones. La magnitud de las irregularidades en el Consejo de la Judicatura asciende a 272.4 millones de pesos. El organismo incurrió en incumplimiento de la ley en materia de contrataciones públicas. Por estas y otras anomalías detectadas, la ASF inició 11 procedimientos específicos para investigar y sancionar a los responsables.
El desfalco millonario en la judicatura federal
La fiscalización de la Cuenta Pública 2024, contenida en la segunda entrega de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), precisa que el extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF), entonces presidido por Norma Piña Hernández (quien también es presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o SCJN), falló en garantizar la observancia de la ley y los principios de rendición de cuentas.
La ASF determinó que el monto total por aclarar asciende a 272 millones 437 mil 450 pesos por pagos a proveedores sin la documentación comprobatoria requerida. Las irregularidades se distribuyen en tres rubros principales:
- 21.4 millones de pesos: Pagados sin acreditar los servicios de seguridad y vigilancia de sus inmuebles.
- 49.4 millones de pesos: Desembolsados sin justificar los trabajos de mantenimiento y limpieza.
- 201 millones de pesos: Erogados sin documentación comprobatoria por servicios tecnológicos, de impresión, digitalización y soporte especializado.
Fallas en el control interno y transferencia de funciones
El informe concluyó que, aunque el CJF había implementado acciones para fortalecer su sistema de control interno, estas fueron insuficientes para garantizar sus objetivos y la observancia de la ley, vulnerando los principios de transparencia y control.
Además de los pagos no justificados, el órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial no hizo efectiva una póliza de fianza por 431 mil pesos. Este monto derivó de que el proveedor suspendió durante dos meses el servicio de comedor en las instalaciones de Toluca.
Es importante destacar que esta auditoría se realizó tras la desaparición del CJF como parte de la reforma judicial. Sus funciones e infraestructura fueron transferidas al Tribunal de Disciplina Judicial como parte de esa reestructura.
Advertencias en San Lázaro: Pleno vacío y comparecencia en duda
Mientras se revelaban los hallazgos de la ASF, la Cámara de Diputados seguía lidiando con problemas de disciplina interna y conflictos con funcionarios externos.
El enésimo llamado de Ricardo Monreal
En la última sesión ordinaria del miércoles, el pleno volvió a lucir vacío, ignorando, otra vez, el llamado a los diputados para que cumplieran con los acuerdos internos. Ante esta situación, Ricardo Monreal, el coordinador morenista, lanzó un nuevo llamado a la seriedad y la responsabilidad:
> “Nos debemos a la población y en el movimiento que integramos tenemos que responder con seriedad, eficacia, lealtad y responsabilidad… tenemos que exigir que haya presencia en las comisiones y en el pleno”.
Monreal señaló que, en un esfuerzo por corregir la situación, el tema de la asistencia se tratará en la reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) programada para este lunes.
En duda la visita de la directora de CFE
La visita de Emilia Calleja, directora de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a San Lázaro, programada también para este lunes, se encontraba en duda hasta el cierre de esta edición, según fuentes morenistas. La incertidumbre se debía a varios factores:
- La golpiza ocurrida en las oficinas entre diputados del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido del Trabajo (PT).
- La advertencia de panistas de confrontar a la funcionaria.
- La falta de condiciones para su comparecencia.
El diputado panista Federico Döring advirtió sobre la presión política: “Veremos si este lunes [la funcionaria] se deja doblar por intereses personales”. Ante este panorama, Ricardo Monreal aclaró que se analizaría si existían las condiciones necesarias para llevar a cabo la comparecencia.
La óptica sesgada de la ministra Lenia Batres
En el ámbito judicial, la ministra Lenia Batres fue cuestionada por la forma en que presentó información sobre una acción de inconstitucionalidad en una audiencia pública reciente dirigida a personas con discapacidad.
La ministra señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó una norma que supuestamente favorecía a las personas con discapacidad en la Ley Electoral del Estado de Baja California, tras una acción de inconstitucionalidad promovida.
Sin embargo, según el análisis, la ministra omitió tres puntos clave derivados de la misma resolución de la Corte:
- Al Congreso del estado se le otorgaron 12 meses para llevar a cabo la consulta con la comunidad.
- Gracias a la resolución de la Corte, la consulta se efectuó cumpliendo todos los estándares internacionales, con una participación de más de mil 200 personas.
- La sentencia permitió, además, que los partidos políticos cumplieran con su obligación de postular candidatos con alguna discapacidad en el pasado proceso electoral.
La pregunta que subyace en el círculo rojo es si la ministra Lenia Batres está utilizando la información de manera selectiva para imponer su criterio y narrativa.
