La escalada de violencia en Baja California alcanzó un punto crítico. Las instalaciones de la unidad antisecuestros de la fiscalía general del estado (fgj) en la zona de playas de tijuana fueron blanco de un audaz ataque con dron y explosivos caseros. Este es el tercer incidente en menos de un mes, obligando a la fiscal María Elena Andrade a responder a las crecientes versiones sobre un trabajo faccioso que buscan beneficiar a grupos delincuenciales.
La cronología del ataque en la zona de playas de Tijuana
El ataque a las instalaciones de la FGJ BC ocurrió la noche anterior al 16 de octubre de 2025. El asalto, dirigido específicamente contra la unidad antisecuestros, se ejecutó utilizando tecnología sofisticada: un dron que fue empleado para lanzar explosivos caseros.
El saldo de daños y la movilización de seguridad
El incidente provocó una posterior balacera y dejó un saldo específico en la infraestructura:
- Cuatro vehículos resultaron dañados.
- Tres de los autos afectados eran propiedad de trabajadores de la dependencia.
- Uno de los vehículos era de uso oficial.
- Los explosivos utilizados consistieron en botellas de plástico preparadas como bombas caseras y llenas de clavos, lo que causó daños directos en la carrocería de los vehículos estacionados.
Minutos después de que el primer dron soltara los tres objetos explosivos, se desató una gran movilización de cuerpos de seguridad en la zona. Posteriormente, apareció un segundo dron, lo que obligó a los policías a accionar sus armas para derribarlo. Si bien se llegó a decir que el segundo aparato pertenecía a la policía, la fiscal María Elena Andrade señaló que dicho extremo no estaba confirmado.
La respuesta institucional y el foco en la delincuencia organizada
Momentos después de los disparos, el consulado de Estados Unidos en Tijuana emitió una alerta de seguridad, urgiendo a todos sus ciudadanos a evitar la zona cercana al incidente.
A la mañana siguiente, la fiscal María Elena Andrade ofreció una conferencia de prensa para abordar el ataque y la percepción pública generada. El contexto de su declaración fue la explosión de versiones en redes sociales que acusaban a la dependencia de trabajar de manera facciosa, supuestamente para beneficiar a un grupo delincuencial, lo que se consideraba el origen de los ataques.
La postura de la fiscalía ante las acusaciones
En respuesta directa a las especulaciones sobre la integridad de la FGJ, la fiscal Andrade fue enfática al informar que la dependencia “no tiene compromiso ni consigna con nadie”.
Respecto a su ámbito de acción, andrade explicó la compleja dinámica de su jurisdicción:
- La fiscalía del estado formalmente no se ocupa de la delincuencia organizada.
- Sin embargo, el 90 por ciento de los homicidios que ocurren en el estado de Baja C alifornia tienen su origen en esos grupos criminales.
- Por lo tanto, la fiscalía participa activamente en la desarticulación de estos grupos delincuenciales.
Alerta internacional y el contexto de escalada
El ataque de la unidad antisecuestros de tijuana representa el tercero dirigido contra la fiscalía en un periodo menor a un mes, con incidentes reportados no solo en tijuana, sino también en ensenada.
La relevancia del ataque se evidenció en la comunicación inmediata con autoridades de estados unidos. Sin embargo, la fiscal minimizó el sobrevuelo de helicópteros de la patrulla fronteriza sobre la zona del incidente minutos después de ocurrido, asegurando que esta actividad es recurrente en la región fronteriza.
La contundencia y sofisticación del ataque con drones, sumado a la recurrencia de los incidentes en tijuana y ensenada, confirman que la fiscalía general del estado opera bajo una presión extrema. Las versiones sobre el trabajo faccioso, desmentidas por la fiscal andrade, evidencian la compleja relación entre la dependencia y los grupos criminales que originan el 90 por ciento de los homicidios en la región. ¿Podrá la fgj mantener su autoridad operativa frente a tácticas criminales de alta tecnología?
