Crimen político en la capital: Fiscalía y SSC bajo presión
El 20 de mayo de 2025, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fueron puestas en el centro de atención pública tras el asesinato de Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, dos figuras clave en el equipo cercano de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada. La magnitud del caso no solo reside en la brutalidad del crimen, sino en sus implicaciones políticas y la exigencia social de que la justicia no sea simulada, sino ejemplar.
La Fiscalía de la CDMX: entre el compromiso público y la presión política
A cargo de la Fiscal General Bertha María Alcalde Luján, la Fiscalía capitalina fue la primera instancia en pronunciarse oficialmente sobre el doble homicidio. En un comunicado difundido en redes sociales, aseguró que las diligencias ministeriales y periciales ya estaban en curso. Pero más allá de los protocolos, lo relevante fue el mensaje político y simbólico que acompañó su postura: “No habrá impunidad”.
Este compromiso verbal —repetido por todas las autoridades, desde la Presidenta Sheinbaum hasta Clara Brugada— no es trivial. En México, el 94% de los delitos no se resuelven, y el riesgo de que este caso se pierda en la estadística es real. Por eso, la FGJCDMX se enfrenta ahora a uno de los retos más importantes de su gestión reciente: demostrar capacidad técnica y voluntad política para esclarecer un crimen con alto perfil y alto costo institucional.
Entre sus primeras acciones, la Fiscalía coordinó el acordonamiento de la escena del crimen, ubicada en Calzada de Tlalpan y calle Napoleón, en la colonia Moderna de la alcaldía Benito Juárez. Asimismo, inició el análisis de las imágenes captadas por las cámaras del C5, una herramienta crítica en este tipo de atentados cometidos por sicarios motorizados.
“Todas las líneas de investigación están abiertas”, indicó una fuente de la Fiscalía. Se habla de un posible móvil político o personal, pero aún no hay confirmaciones oficiales.
Este tipo de declaraciones reflejan una estrategia institucional de contención: evitar errores de interpretación, mantener el caso activo en la opinión pública y preservar el margen de maniobra frente a las presiones del Ejecutivo local y federal.
Secretaría de Seguridad Ciudadana: Pablo Vázquez y el control del mensaje
Por su parte, el titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, emitió uno de los mensajes más enfáticos del día: “No habrá impunidad. Todas las áreas de la SSC trabajamos con la Fiscalía y autoridades federales para esclarecer este caso y dar con los responsables”.
Este tipo de declaraciones apuntan a varios objetivos:
- Mostrar cohesión institucional ante un crimen que podría interpretarse como signo de fractura o vulnerabilidad en el gobierno.
- Reforzar la imagen de la SSC como una corporación articulada con el resto del aparato de seguridad nacional.
- Blindar políticamente a la Jefa de Gobierno, presentando a su equipo como una víctima del contexto, no como parte de una disputa interna.
La SSC, bajo el mando de Vázquez, ha implementado un operativo de seguimiento que incluye el despliegue de inteligencia urbana, coordinación con fuerzas armadas y análisis de patrones de crimen organizado. Si bien no se ha mencionado directamente a cárteles u organizaciones criminales, el uso de motocicletas y la precisión del ataque sugieren un grado de profesionalización en los agresores.
La #FiscalíaCDMX investiga el lamentable fallecimiento de Ximena Guzmán y José Muñoz esta mañana en la colonia Moderna, alcaldía Benito Juárez, quienes eran colaboradores del @GobCDMX.
— Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) May 20, 2025
Expresamos nuestra solidaridad con sus familias.
Las diligencias ministeriales y periciales…
El papel del C5: datos, vigilancia y pruebas clave
Uno de los recursos más valiosos en esta investigación es el sistema de videovigilancia de la Ciudad de México. El C5 (Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano) es considerado uno de los más sofisticados de América Latina, con más de 64 mil cámaras en funcionamiento.
En este caso, el hecho de que el atentado haya ocurrido en una zona de alto tránsito y vigilancia puede ofrecer ventajas para los investigadores:
- Identificación de rutas de escape
- Reconocimiento de rostros o placas
- Detección de movimientos previos de los agresores
Sin embargo, la efectividad del C5 no depende solo de la tecnología, sino de la capacidad de procesar, correlacionar y actuar rápidamente sobre los datos. La coordinación entre SSC y Fiscalía será clave en esta etapa.
Apoyo federal: ¿indicador de gravedad nacional?
La pronta incorporación de SEDENA, SEMAR, el CNI y la SSPC federal al caso no debe leerse como un simple gesto de solidaridad institucional. Es un indicador de que el crimen podría tener implicaciones más allá del ámbito capitalino. Cuando la federación entra a un caso de esta naturaleza, suelen estar en juego:
- Posibles vínculos con redes de poder político
- Riesgo de desestabilización regional
- Potenciales impactos en la gobernabilidad
En este sentido, la SSC y la FGJCDMX no actúan solas. Están insertas en un ecosistema de seguridad que ahora funciona con enfoque nacional.
El asesinato no solo puso a prueba su capacidad operativa, sino también su disposición a colaborar sin reservas en un escenario donde los intereses políticos podrían chocar con la necesidad de justicia.
Retos y dilemas para la investigación
1. Presión mediática y exigencia pública
Este caso ya es parte del imaginario colectivo. Los medios lo han enmarcado como un “shock político”, y la opinión pública espera resultados. Las primeras 72 horas son críticas.
2. Delimitación de líneas de investigación
Aún no se confirma si el móvil fue político, personal o mixto. Cada posibilidad implica una metodología distinta de investigación y revela distintos niveles de exposición institucional.
3. Protección de testigos y colaboradores
Se presume que más funcionarios del entorno cercano de Brugada podrían tener información relevante. Garantizar su seguridad y colaboración será clave para evitar silencios forzados o manipulación de testimonios.
4. Evitar la “verdad oficial”
Existe el riesgo de que, ante la presión por resultados, las autoridades presenten una versión rápida pero incompleta o maquillada de los hechos. Esto afectaría la credibilidad de todo el sistema de justicia.
¿Un parteaguas en la seguridad política capitalina?
La magnitud de este crimen no puede ser subestimada. La FGJCDMX y la SSC no solo deben resolver un caso: deben reconstruir la narrativa de confianza institucional. El ataque fue quirúrgico, simbólico y público. Si no se actúa con transparencia y rigor, las consecuencias pueden ser graves:
- Desconfianza ciudadana en el sistema judicial
- Sensación de impunidad en el poder
- Instrumentalización política del crimen
Este no es un caso aislado. Es un espejo que refleja la complejidad del ejercicio del poder en la capital del país y la vulnerabilidad de quienes trabajan en sus márgenes decisivos.
Fiscalía y SSC, bajo la lupa de la historia
La justicia prometida no es solo un acto legal; es una necesidad política, institucional y moral. La Fiscalía de la CDMX y la SSC enfrentan uno de los mayores retos de los últimos años: demostrar que pueden romper el ciclo de impunidad que ha marcado la historia reciente de la capital.
El asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz no debe quedar como una anécdota trágica. Su resolución será una prueba de fuego para las instituciones que dicen defender la ley en un país donde la violencia suele adelantarse a la verdad.
