Redacción/CARIBE PENINSULAR
CIUDAD DE MÉXICO.- La organización ARTICLE 19 México y Centroamérica advirtió que la reforma al Código Civil de Quintana Roo que regula el derecho a la propia imagen podría generar limitaciones a la libertad de expresión, por lo que pidió a la XVIII Legislatura del Congreso del Estado revisar su implementación conforme a estándares constitucionales e internacionales.
“Cualquier regulación que busque controlar la difusión de imágenes debe analizarse cuidadosamente a la luz de los estándares nacionales e internacionales de libertad de expresión”, señaló la organización al referirse a la iniciativa presentada ante el Congreso local.
La propuesta fue impulsada por los diputados María José Osorio Rosas (PVEM), Hugo Alday Nieto (PT) y Ricardo Velasco Rodríguez, diputado local y cofundador de Morena, integrantes de la XVIII Legislatura.
El proyecto plantea incorporar al Código Civil estatal disposiciones sobre el derecho a la imagen. En el artículo 551 Ter establece que toda persona tiene la facultad de decidir sobre el uso de su voz, rostro, cuerpo, nombre o cualquier representación gráfica, audiovisual o sonora que permita su identificación.
Asimismo, el artículo 551 Quater señala que la difusión o comercialización de la imagen de una persona sin consentimiento expreso constituirá un acto ilícito.
La iniciativa contempla excepciones para la labor periodística. El artículo 551 Septies indica que el derecho a la propia imagen no impedirá la captación o publicación de imágenes cuando se trate de personas que ejerzan cargos públicos o tengan proyección pública, siempre que las imágenes se obtengan durante actos públicos o en lugares abiertos al público, así como en casos de caricatura, parodia o información gráfica de acontecimientos de interés público.
ARTICLE 19 reconoció que regular el uso indebido de imágenes en redes sociales y entornos digitales responde a un problema real, pero advirtió que la redacción de la reforma puede generar interpretaciones discrecionales.
Entre las observaciones de la organización se encuentra la ausencia de definiciones clave en la iniciativa, como acto público, figura pública o información de interés público, lo que podría abrir la puerta a restricciones indebidas al debate público.
La organización también señaló que limitar el uso de imágenes únicamente a espacios públicos puede resultar problemático, ya que los hechos de interés público no siempre ocurren en lugares abiertos.
ARTICLE 19 pidió además considerar el contexto de acoso judicial contra periodistas en México. De acuerdo con su documentación, en siete meses del año pasado se registraron 51 casos de litigios contra periodistas y medios, incluidos dos en Quintana Roo, un fenómeno conocido como SLAPPs (litigios estratégicos contra la participación pública).
Ante este escenario, la organización llamó al Congreso del Estado a fortalecer la iniciativa para garantizar que su aplicación sea compatible con la libertad de expresión y el derecho a la información, incluyendo definiciones más precisas sobre el interés público y el reconocimiento explícito de la protección del ejercicio periodístico, artístico y cultural.
