El arresto de David Huerta, presidente estatal de SEIU en California, desató una ola de protestas nacionales contra la represión y las redadas antimigrantes de Trump. La detención de este líder sindical en Los Ángeles intensificó el rechazo a las políticas ordenadas por Donald Trump, movilizando a gremios y comunidades en todo el país.
La movilización sindical tras el arresto de David Huerta
Las protestas contra la represión y las redadas antimigrantes ordenadas por Donald Trump se multiplicaron por varias partes de Estados Unidos. La respuesta se centró en la exigencia de liberación de arrestados, incluyendo un líder sindical, y el retiro de los agentes migratorios en ciudades con grandes comunidades migrantes.
El arresto violento y subsecuente hospitalización del presidente estatal de SEIU en California, David Huerta, en Los Ángeles el viernes pasado, mientras observaba las protestas contra las redadas de ICE (el Servicio de Inmigración y Aduanas), provocó una respuesta cada vez más grande. Sindicatos nacionales y agrupaciones comunitarias se expresaron en más de 30 actos de protesta este lunes.
“Queremos libre a David Huerta, y queremos que las redadas de ICE (el Servicio de Inmigración y Aduanas) se frenen ahora”, declaró Jaime Contreras, el líder del sindicato de trabajadores de servicios (SEIU) en la región de Washington D.C.
‘Nuestro país sufre cuando trabajadores que vienen aquí para contribuir a nuestra economía y a nuestras comunidades son atacados sólo por intentar construir una mejor vida para sus familias”, declaró Liz Shuler, presidenta de la central obrera nacional AFL-CIO, integrada por gremios que representan a unos 15 millones de trabajadores.
Las organizaciones sindicales y comunitarias enfatizaron su compromiso:
- “No dejamos a nadie atrás.”
- “Estaremos aquá… hasta que liberen a nuestro hermano David.”
- “…hasta que pongan fin a estas redadas de ICE que no están haciendo nada más que deshacer nuestras comunidades.”
April Verrett, la presidenta nacional de SEIU, un gremio con gran número de inmigrantes, declaró que su sindicato protege los derechos y dignidad de la gente trabajadora y la seguridad en el trabajo. Describió el impacto psicológico de las redadas:
“Imagínense cómo se siente para miles de trabajadores alrededor del país ser atacados por hombres enmascarados con armas, o ser testigo de cómo sus compañeros son arrastrados, sabiendo que sus hijos podrían no verlos nunca más.”
Huerta fue finalmente liberado en Los Ángeles esta tarde bajo fianza de 50 mil dólares. Está acusado de “conspirar para interferir contra un oficial durante una manifestación”, un delito grave que conlleva una pena máxima de 6 años de cárcel si es declarado culpable.
Alcance nacional de las protestas contra las redadas
Las manifestaciones se extendieron por varias ciudades clave de Estados Unidos.
En Washington D.C., consignas como:
- “Liberen a David ahora”
- “alto a las redadas de ICE”
- “el pueblo unido jamás será vencido” (en castellano)
- “basta ya” (en castellano)
se escucharon frente a la sede del Departamento de Justicia. Aunque inicialmente la resistencia fue liderada por inmigrantes, Jaime Contreras, inmigrante de El Salvador, señaló que “no se trata de sólo comunidades migrantes, todos estamos bajo ataque por este presidente”.
Dirigentes sindicales que se presentaron en el mitin en Washington, representando a una amplia gama de trabajadores, confirmaron este mensaje. Incluyeron líderes nacionales de:
- Los dos gremios del magisterio (cada uno representando más de 2 millones de miembros)
- Dirigentes del sindicato de trabajadores del sector público (representando otros 2 millones)
- Varias agrupaciones comunitarias poderosas de la región.
En Los Ángeles, donde se realizó un cuarto día de protestas contra las redadas antimigrantes y ahora el despliegue de tropas de Guardia Nacional, líderes sindicales y de derechos civiles encabezaron un mitin de miles exigiendo la liberación de Huerta y denunciando las medidas de represión antimigrantes de Trump.
En Boston, manifestantes advirtieron sobre los peligros de la agenda de Donald Trump para la economía y todo trabajador, sea o no inmigrante, y para la Constitución misma.
En Chicago, cientos se congregaron frente a las oficinas federales en un mitin encabezado por la Coalición de Derechos de Inmigrantes y Refugiados de Illinois. El diputado federal Jesús Chuy García criticó duramente las acciones:
“Separando por la fuerza a padres de sus hijos, secuestrando a gente, la Guardia Nacional patrullando nuestras comunidades como si fuéramos los agresores. Esta es una guerra por nuestra dignidad, y la dignidad no es negociable.”
En Nueva York, en un mitin a un costado de la alcaldía (cuyo ocupante demócrata está en deuda con Trump por indultarlo de cargos de corrupción), agremiados de SEIU y aliados con pancartas como:
“los inmigrantes son esenciales”
escucharon a líderes sindicales denunciar el arresto de Huerta. Un organizador del sindicato afirmó:
“Tocaron al sindicato equivocado, ahora se enterarán con quien se metieron.”
El líder de la central obrera de la ciudad, que integra 300 sindicatos con un millón de miembros, aseguró que el ataque contra inmigrantes es un ataque contra todos. Los oradores reiteraron que “no nos quedaremos en silencio” ante la ofensiva. Adrienne Adams, la presidenta del concilio municipal de Nueva York, afirmó:
“De Los Ángeles a Nueva York, protegeremos a los inmigrantes porque son la espina dorsal de nuestro país.”
Representantes de sindicatos de comunicación, automotriz, la antigua organización laboral judía (Workers Circle), y la Coalición de Inmigrantes de Nueva York, entre otros, se comprometieron a la lucha contra la agenda antimigrante y anti-trabajador de Trump.
La agenda de Trump y sus implicaciones
Las protestas nacionales revelan una profunda grieta social y política. La detención de un líder sindical en medio de una manifestación contra políticas migratorias impulsadas por la administración de Donald Trump señala una escalada en la confrontación.
Los manifestantes, incluyendo líderes sindicales que representan a millones de trabajadores no inmigrantes, argumentan que estas acciones van más allá de la cuestión migratoria. Las redadas de ICE y el uso de la Guardia Nacional, descritos por algunos como una “guerra por nuestra dignidad”, son percibidos como un ataque a la base trabajadora del país y a principios constitucionales, según la visión expresada en Boston. Esto se relaciona con análisis sobre políticas de seguridad interna de EE.UU. [ver más aquí si el texto lo sugiere].
La respuesta sindical unificada y a nivel nacional, desde SEIU hasta la AFL-CIO y gremios del magisterio y el sector público, sugiere que la oposición a estas políticas está consolidando un frente amplio que ve en la defensa de los inmigrantes la defensa de los derechos laborales y civiles de todos. La acusación grave contra David Huerta, por “conspirar para interferir contra un oficial”, subraya la gravedad de las repercusiones legales que enfrentan los participantes en las manifestaciones, elevando el costo de la disidencia pacífica.
