El nuevo arancel que puede fracturar la economía mexicana
Un nuevo frente de tensión se abre entre México y Estados Unidos: el gobierno de Joe Biden anunció la imposición de un arancel del 25% a los vehículos y autopartes provenientes de México.
Aunque parece una medida técnica o coyuntural, es en realidad un terremoto económico y un signo alarmante de deterioro en la relación bilateral. La palabra clave aquí es impacto —y lo tendrá en todo el país.
El corazón automotriz de México, en jaque
El peso del sector en la economía nacional
México no solo ensambla autos: vive de ellos. La industria automotriz representa el 8.8% del Producto Interno Bruto (PIB) y es el motor de miles de comunidades, especialmente en los estados del Bajío y norte del país. El 85% de los autos y autopartes producidos en México se exportan a Estados Unidos, lo que en 2023 representó 136.5 mil millones de dólares.
Un arancel del 25% sobre ese volumen exportador podría traducirse en una pérdida directa de 34 mil millones de dólares, sin contar el impacto colateral: empleos, consumo, transporte, inversiones, cadenas de suministro.
Quintana Roo y Yucatán: ¿impacto indirecto?
Aunque la Península de Yucatán no es un polo automotriz, su economía no está aislada del resto del país. El turismo depende de la conectividad terrestre y aérea, sectores que se nutren de la industria automotriz. La afectación en la economía nacional también repercute en la inversión en infraestructura turística y en los flujos de visitantes nacionales, que representan más del 65% del turismo en Quintana Roo.
Además, una crisis en el sector automotriz puede significar una desaceleración económica nacional que afecte la captación de recursos federales para estados como Campeche y Yucatán, que ya enfrentan recortes.
El costo de una diplomacia sin estrategia
¿Cómo llegamos a este punto?
No es la primera vez que Estados Unidos presiona a México con medidas arancelarias. En 2019, el expresidente Donald Trump amenazó con imponer aranceles si México no frenaba la migración. El patrón se repite: uso de sanciones económicas como palanca política. La diferencia es que ahora la respuesta del gobierno mexicano ha sido tibia y reactiva.
“La política exterior de México carece de visión y profesionalismo. Estamos pagando el precio de no tener una estrategia clara”, expresó en entrevista para Caribe Peninsular un exfuncionario de la Secretaría de Economía que pidió anonimato.
El gobierno federal, lejos de anticipar esta movida, minimizó las señales. Ni la Secretaría de Economía ni la SRE habían previsto un escenario de sanciones comerciales en el marco de las elecciones estadounidenses. Hoy, como en otras ocasiones, se reacciona tarde.
¿Quién pierde más?
La asimetría del castigo
Una comparación contundente: si México impusiera un arancel espejo del 25% a las importaciones automotrices de EE.UU., el impacto sería de solo 6.7 mil millones de dólares. ¿Por qué? Porque el flujo comercial es asimétrico. Estados Unidos puede dañar más a México con este tipo de medidas, y México tiene poco margen de represalia sin autogenerarse daño.
Esta desventaja estructural obliga a una respuesta no desde la fuerza, sino desde la inteligencia diplomática y económica.
El riesgo para el empleo
El golpe no será solo en cifras macroeconómicas. Se estima que la industria automotriz genera directa e indirectamente más de 2 millones de empleos. De aplicarse este arancel sin medidas compensatorias, hasta 500 mil empleos podrían estar en riesgo.
En estados como Guanajuato, Puebla, Coahuila y Nuevo León, la tensión ya es palpable. Algunos sindicatos han comenzado a negociar ajustes salariales preventivos, mientras empresas del sector han solicitado al gobierno garantías para sostener operaciones.
Reacciones y omisiones: el gobierno en silencio
Las señales que se ignoraron
Desde mediados de 2023, grupos industriales estadounidenses venían presionando al gobierno de Biden para “proteger” a su industria frente a lo que consideraban una competencia “subvencionada” desde México. En abril de ese año, incluso se presentó un reporte del USTR donde se advertía un posible aumento de aranceles si no se resolvían ciertas “distorsiones”.
Sin embargo, la diplomacia mexicana no respondió con claridad ni anticipación. La embajada en Washington no generó interlocución efectiva y las reuniones bilaterales se centraron en migración y energía, no en comercio.
Una administración sin reflejos
La reacción del gobierno federal ha sido ambigua. Mientras el presidente minimiza el conflicto, la Secretaría de Economía emite comunicados sin fondo. No hay una estrategia jurídica clara ante el T-MEC, ni acciones contundentes para frenar el golpe.
“Lo más grave no es el arancel, sino la incapacidad del gobierno mexicano para generar certidumbre. Los inversionistas lo están viendo”, advierte Juan Pablo Castañón, expresidente del CCE.
¿Y ahora qué? Escenarios posibles
El camino jurídico: ¿hay caso en el T-MEC?
México podría llevar el caso ante el panel de solución de controversias del T-MEC, pero el proceso es largo y no detendría el impacto inmediato. Además, Estados Unidos podría argumentar razones de seguridad nacional o desequilibrio comercial, como ha hecho en el pasado.
El tiempo juega en contra.
Diversificación urgente
La crisis actual pone en evidencia una dependencia excesiva de un solo mercado. México debe acelerar su diversificación hacia Europa, Sudamérica y Asia. Pero para lograrlo necesita infraestructura, innovación y certidumbre jurídica.
En este contexto, el sur-sureste podría ser clave. La expansión del Puerto de Progreso, el Tren Maya y el Corredor Interoceánico son apuestas que, bien gestionadas, podrían abrir nuevas rutas logísticas. Pero requerirán inversión, transparencia y eficiencia, elementos hoy en entredicho.
Más allá de la industria: el modelo económico en riesgo
Una economía nacional vulnerable
El impacto estimado de esta medida, considerando efectos directos e indirectos, podría alcanzar los 122 mil millones de dólares, lo que representaría una caída del 6.68% del PIB, según cálculos preliminares. Sumando otros efectos, el daño puede rozar el 8.5% del PIB nacional.
La consecuencia sería una caída en el consumo interno, aumento en la informalidad, reducción de ingresos fiscales y menor inversión. En otras palabras: recesión.
El sur también pagará la factura
La región del Caribe Mexicano depende del turismo, pero ese sector también es vulnerable a crisis económicas nacionales. Si se reduce el consumo, cae el turismo interno. Si disminuyen los ingresos fiscales, se recorta el gasto público. Y si se frena la inversión extranjera, los proyectos estratégicos pueden quedarse a medias.
Quintana Roo, Campeche y Yucatán deben exigir respuestas, no porque exporten autos, sino porque son parte de una economía interconectada.
Corregir el rumbo, antes de que sea tarde
La imposición del arancel del 25% a las exportaciones automotrices mexicanas no es un incidente aislado: es el resultado de una falla estructural en la política exterior y económica del país. Una señal de que la improvisación y la falta de estrategia tienen costos reales, medibles y profundos.
No se trata de confrontar a Estados Unidos, sino de defender con inteligencia los intereses nacionales, con una diplomacia profesional, con alianzas estratégicas y con una visión a largo plazo.
Es tiempo de corregir. Porque si no se actúa ahora, el daño será duradero y devastador para millones de familias mexicanas.
