Aprueban sancionar campañas de desprestigio y calumnia

Redacción/CARIBE PENINSULAR

CIUDAD DE MÉXICO.- La diputada federal Marybel Villegas Canché votó este miércoles a favor de la reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que busca fortalecer el marco jurídico ante las nuevas formas de agresión que enfrentan las mujeres, especialmente en el entorno digital y político.

El dictamen, presentado por la Comisión de Igualdad de Género, modifica los artículos 20 Ter y 20 Quáter para ampliar las conductas consideradas violencia política de género. Por primera vez, se incluye explícitamente a las precandidatas y se reconocen nuevas modalidades de violencia ejercida mediante tecnologías de la información.

Entre las conductas sancionables se encuentran la propaganda basada en estereotipos de género, la difusión de información falsa o incompleta que impida el registro de candidatas, y las campañas de desprestigio que buscan limitar sus derechos políticos.

También se considera violencia política la divulgación de audios o materiales privados, manipulados o descontextualizados, para difamar o desacreditar a mujeres que aspiren o ejerzan cargos públicos.

La reforma incorpora además la violencia digital como todo acto doloso —con o sin connotación sexual— que dañe la intimidad, privacidad o dignidad de una mujer. Esto abarca desde acoso, acecho o humillación en línea, hasta la suplantación de identidad, robo o manipulación de datos personales, y la creación de cuentas falsas para generar campañas difamatorias.

Estas conductas serán sancionadas conforme a los códigos penales estatales y al Código Penal Federal, lo que obliga a las entidades a armonizar su legislación con la norma nacional.

Villegas Canché, destacó que esta actualización es “urgente y necesaria” para garantizar una protección efectiva ante las nuevas formas de violencia potenciadas por las tecnologías digitales.

La reforma busca proteger los derechos político-electorales de las mujeres, en cumplimiento de los estándares internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que obliga al Estado mexicano a garantizar la participación política en condiciones de igualdad.

En un contexto donde las redes sociales y la inteligencia artificial han multiplicado la exposición pública y los riesgos de manipulación, el Congreso da un paso importante para cerrar el vacío legal frente a la violencia digital y política.

Sin embargo, el reto real será su implementación efectiva: que las autoridades investiguen, sancionen y actúen con la misma rapidez con la que circula la violencia en el entorno digital.

Con esta reforma, México reconoce oficialmente que la agresión en línea también puede ser una forma de control, exclusión y censura hacia las mujeres, y que proteger su voz pública es defender la democracia misma, subrayó la diputada morenista.

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