Alejandro Peza/CARIBE PENINSULAR
CHETUMAL.- En apenas un par de horas, los diputados de la XVIII Legislatura del Congreso del Estado reformaron leyes estatales en materia de asentamientos urbanos, ordenamiento territorial, acciones urbanísticas y equilibrio ecológico; para acatar la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), derivado de la controversia constitucional 471/2023.
De acuerdo con el documento, las reformas se refieren a la emisión de la constancia de congruencia urbanística estatal, como instrumento condicionante de las autorizaciones municipales de obras y acciones urbanísticas específicas, como el uso de suelo, y licencias de construcción, para garantizar el respeto a la autonomía municipal, reconociendo al estado como eje rector de y coordinador del desarrollo territorial dentro de esta entidad.
De acuerdo al dictamen, las reformas aprobadas establecen que en estas materias, el estado intervendrá en casos, en donde se requiera su participación, por razones de escala, riesgo, impacto regional o ausencia de capacidades técnicas o normativas de parte del ayuntamiento a que se refiera.
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Sin embargo, la reforma fue criticada por el diputado del Partido del Trabajo (PT) Hugo Alday Nieto y el de Movimiento Ciudadano (MC), José Luis Pech Várguez, porque aseguran que no corrige realmente la inconstitucionalidad señalada, ya que solo cambia el nombre a la autorización estatal que se invalidó, pero la conserva como trámite que se sobrepone en última instancia a las autorizaciones municipales, además de mantener la necesidad de contar con él para que un particular pueda protocolizar una obra o proyecto ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPC), disposición que también fue invalidada por la controversia inconstitucional.
Hay que señalar que en agosto del 2013, el Cabildo del entonces ayuntamiento de Solidaridad, votó por promover una Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la promulgación del Decreto 093, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el 24 de agosto de 2023, lo cual vulnera derechos y la esfera de competencia municipal y se convierte en una carga tributaria para el ciudadano.
El Decreto 093 impone la tramitación de la Constancia de Congruencia Urbanística Estatal como requisito previo al inicio de obras y acciones urbanísticas, además de reformar, derogar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Asentamientos Humanos,
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; de la Ley de Acciones Urbanísticas y de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, todas del Estado de Quintana Roo.
Se mencionó que Cámaras Empresariales y los Colegios de Profesionistas en materia de Desarrollo Urbano manifestaron su inconformidad al contenido del Decreto 093, al considerar que afecta negativamente a la ciudadanía en su economía al condicionar la obtención de un permiso o licencia con la contribución de un nuevo derecho estatal.
Pese a lo anterior, el dictamen de la iniciativa fue aprobada por la Comisión de Puntos Legislativos con el voto en contra del diputado del PT, quien además señaló que se mantienen para las autorizaciones estatales tarifas que representan cargas excesivas y se convierten en obstáculos para desarrollar proyectos inmobiliarios u hoteleros, además de incluir la obligación de donaciones a los municipios en régimen condominal, lo que afecta indebidamente a la propiedad privada.
Sin atender a estos defectos señalados a la propuesta, el dictamen pasó al pleno de la XVIII Legislatura en la tarde de este mismo martes y fue aprobado por la mayoría de diputados y diputadas de Morena, PVEM y PT, así como del PAN, con votos en contra sólo de MC y el diputado del Partido del Trabajo Hugo Alday.
