- Unicamente el diputado panista Ángel Alvarez Cervera votó en contra, en tanto la coordinadora de la bancada y presidenta estatal del partido, Reyna Tamayo, no asistió, lo mismo que el representante de MC, José Luis Pech
Alejandro Peza/CARIBE PENINSULAR
CHETUMAL.- Los diputados de la XVIII Legislatura del Congreso de Quintana Roo autorizaron que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) reestructure su deuda por más de 279 millones de pesos, extendiéndola hasta por 15 años. La medida busca refinanciar el crédito contratado en 2015 con Banorte.
El diputado, presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, Renán Sánchez Tajonar, aseguró que la autorización aprobada en favor de la comisión de agua potable y alcantarillado (CAPA) se trata de un refinanciamiento de la deuda heredada por anteriores administraciones estatales, sin adquirir mayor deuda pública.
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Explicó que se trata de aprovechar las condiciones crediticias, logradas por la administración de Mara Lezama y refinanciar a un plazo mayor, con pagos más flexibles, que permitan liberar recursos y redirigirlos hacia inversión pública, respecto a mejorar la infraestructura de distribución de agua potable.
Esta iniciativa fue aprobada por mayoría, con el voto en contra del PAN, para que las autoridades de CAPA puedan contratar uno o varios emprestitos, hasta por 279.5 millones de pesos, que es el saldo insoluto de esa institución, al 30 de junio de este año, con un plazo de hasta 15 años.
En la sesión también, se dio lectura a un par de iniciativas presentadas por la gobernadora Mara Lezama relacionadas con inversión pública en materia de agua potable y otra para consolidar el modelo de planeación estatal orientado a una construcción social de largo plazo.
De acuerdo con la exposición de motivos, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan, y derogan diversas disposiciones de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo, representa un paso decisivo para consolidar un modelo de gobierno cercano a la gente, que coloque en el centro de sus decisiones el bienestar social, la inclusión, la justicia social y el desarrollo sostenible, priorizando la participación ciudadana efectiva, la rendición de cuentas, la construcción de un estado con visión humanista donde el poder público se concibe como un instrumento para servir a las personas y reducir las desigualdades.
En la misma sesión, se dio lectura a una iniciativa de reforma a la Constitución de Quintana Roo; presentada por el diputado Jorge Arturo Sanén Cervantes, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, la cual busca reconocer constitucionalmente los derechos humanos y fundamentales de las personas con discapacidad en nuestra entidad.
La propuesta plantea que todas las autoridades, en su respectivo ámbito de competencias y facultades, deberán adoptar las medidas necesarias para salvaguardar integralmente el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y el respeto a su voluntad, de acuerdo a los principios de inclusión, accesibilidad, diseño universal, ajustes razonables y participación ciudadana.
