Redacción
MADRID.-Llegaba Pedro Sánchez con un objetivo al Congreso de los Diputados: el de recuperar la confianza de sus socios después del estallido del caso Cerdán hace un mes. Con esa misión, Sánchez ha propuesto un paquete de 15 medidas anticorrupción y ha admitido que se equivocó al confiar en José Luis Ábalos y Santos Cerdán, por el “caso de corrupción que parece involucrar a los dos últimos secretarios de Organización del PSOE“.
“Vengo a asumir mi responsabilidad. A dar explicaciones, pero, sobre todo, vengo a proponer medidas para que no vuelva a pasar”, ha señalado Sánchez desde la tribuna, a la que ha llegado con una bancada socialista puesta en pie y ovacionándole.
El presidente del Gobierno ha llegado a la Cámara Baja con “la seguridad de ser un político limpio y con el orgullo de quien lidera un partido ejemplar”, pero con una “honda sensación de decepción”. “Es evidente que el Gobierno aún tiene tarea pendiente en materia de lucha contra la corrupción y el machismo”, ha dicho siete años después de ser nombrado jefe del Ejecutivo.
“La traición de unos pocos no puede manchar al resto. Desgraciadamente, sí puede provocar dudas legítimas que deben ser contestadas. Por eso estoy aquí. Para recuperar la confianza de los grupos parlamentarios”, ha señalado Sánchez al comienzo de una comparecencia cargada de autocrítica.
El jefe del Ejecutivo ha repasado cómo conoció a Cerdán en 2014 y cómo estrechó lazos con él y con Ábalos a partir de 2017 cuando ganó las primarias a secretario General del PSOE.
“En julio de 2017 Ábalos fue nombrado secretario de Organización y Cerdán responsable de Coordinación Territorial. Y en 2021, tras la salida de Ábalos, yo le elegí (a Cerdán) [..] Ese fue mi error, confiar en ellos. Estaba convencido de que Cerdán era una persona íntegra, humilde y comprometida. Porque no existía ningún indicio delictivo o acusación formal contra él”, ha defendido desde el Congreso.
Sánchez ha dicho que cuando a finales de 2024 salen los primeros rumores de que Cerdán podía estar involucrado en el caso Koldo, su primera reacción fue de “incredulidad”. Unos rumores que se publicaron justo Cerdán iba a ser reelegido como secretario de Organización, en medio de un clima de costantes dudas en torno a su persona y el papel que podría haber jugado en la trama. Sin embargo, Sánchez ha defendido las noticias que se publican “se producían en un contexto mediático marcado por la desinformación en el que nos empezábamos a acostumbrar a leer noticias falsas cada semana”.
A pesar de ello, el presidente del Gobierno ha contado que convocó a Cerdán para conocer su versión. “Él lo desmintió todo, me aseguró que eran acusaciones infundadas y le creí porque creía conocer la vida sencilla que él llevaba en Madrid y en su pueblo de Navarra”.
“En aquel momento, pensé estar haciendo lo correcto y pese a que debo respetar el principio de presunción de inocencia, para mi resulta evidente que me equivoqué”, ha reflexionado.
“La corrupción no solo ha existido en una organización. Existe en otras. También en instituciones. Y en algunas empresas. Si realmente queremos seguir reduciendo esta lacra social hasta acabar con ella, tenemos que actuar también sobre estos espacios”, ha expresado.
Por ese motivo, y aunque ha reconocido que pensó en dimitir, Sánchez ha vuelto a mostrarse confiado para recuperar la confianza de sus socios y ha expresado que “tirar la toalla” no era una opción.
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“Sé que no están siendo días fáciles para mis socios ni para los grupos que apoyan la acción del Gobierno. Sé que están bajo mucha presión. Pero quiero decirles a todos y cada uno de ellos que voy a estar a la altura y satisfacer sus expectativas de regeneración y que voy a cumplir los compromisos que tengo con ellos”, ha añadido Sánchez durante una comparecencia que ha durado cerca de 45 minutos
El presidente del Gobierno ha expresado que no piensa tirar la toalla por tres motivos: porque es un “político limpio” que “desconocía las corruptelas en las que Ábalos y Cerdán pudieran estar metidos”; porque aspira a recuperar la confianza de los socios; y porque su proyecto, “que va mucho más allá” de su persona, “no está aún culminado”.
Para recuperar la confianza de sus socios, Sánchez ha planteado un paquete de 15 medidas en total. Un plan estatal diseñado de manera conjunta con la división Anticorrupción de la OCDE, y propuestas de sus socios, sobre todo de Sumar, a quien Sánchez ha hecho un guiño, ya que una de esas medidas, la creación de una agencia de integridad pública independiente, era una exigencia del socio de coalición.
En total, 15 medidas que giran en torno a “5 ejes” principales. En el primer de ello se incluyen seis medidas para prevenir los “riesgos” y fortalecer “los controles frente a la corrupción”.
Además, también ha anunciado que se van a plantear “controles patrimoniales aleatorios y anuales para altos cargos durante todo su mandato para vigilar que nadie obtiene un beneficio indebido” y se va a poner el foco sobre la financiación y donaciones a partidos políticos.
El segundo eje se centra en la protección de quienes denuncien casos de corrupción. “Por ello, vamos a incluir en la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que cualquier persona que acuda directamente ante la Fiscalía, la Policía o un Juez a denunciar actos de corrupción, cuente con garantías plenas de confidencialidad, protección y apoyo legal”, ha anunciado.
El tercer eje del plan contiene tres medidas “destinadas a reforzar la capacidad del Estado para investigar, juzgar y sancionar la corrupción” y en la que se aborda la situación de las empresas corruptoras, otra de las medidas exigidas por socios como ERC, Bildu o Sumar.
“Si queremos acabar con la corrupción, tenemos que perseguir a los corruptos, pero también a los corruptores. Porque detrás de cada mordida hay alguien que recibe, pero también hay alguien que paga. Empresas y empresarios que suelen irse de rositas y que tienden a eludir la crítica pública y el castigo judicial”, ha expresado Sánchez desde el estrado.
Para el presidente del Gobierno “esto no puede seguir así” y por eso el Gobierno va a endurecer las penas y duplicar los plazos de prescripción. También se va a aumentar las multas a las empresas corruptoras, calculándose no sobre los beneficios obtenidos, sino sobre sus ingresos anuales. Además, Sánchez ha anunciado que se va a poner en marcha “un sistema de exclusión y listas negras para impedir que las empresas condenadas por corrupción puedan seguir contratando con la Administración”.
Respecto al cuarto eje, Sánchez ha propuesto medidas que se centran en la recuperación de los “bienes robados mediante la corrupción” porque “no basta con castigar” sino que “hay que reparar el daño causado”.
El último eje del plan “aborda lo más difícil, pero también lo más transformador”, en palabras del presidente del Gobierno: “generar una verdadera cultura de integridad que impregne nuestras administraciones públicas”.
“Vamos a cumplir hasta la última coma”, ha prometido Sánchez al término de su comparecencia. Para demostrarlo, Sánchez ha anunciado que el Gobierno ha acordado con la OCDE “un sistema de seguimiento y evaluación, que dará cuenta de los avances realizados a los 12 y a los 24 meses”. “Esta es nuestra propuesta. Mi compromiso […]Lo fácil sería tirar la toalla. Pero nosotros no hacemos lo fácil, sino lo correcto”, ha finalizado el presidente su primera intervención de la mañana dirigiéndose a sus socios con la esperanza de recuperar su confianza.
Un par de horas después, ya en turno de réplica a los distintos partidos, Sánchez ha ido uno a uno respondiendo a los diferentes grupos parlamentarios. Especialmente duro ha sido con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a quien le ha dicho que “solo es un títere de la extrema derecha que se ha apoderado de su partido y de su ideología”.
Además, ha recordado a Feijóo los casos de corrupción de su partido y ha defendido que el actual Gobierno es el más limpio de los “últimos 50 años junto con el de Zapatero”. Una réplica en la que ha habido crítica para los gobiernos del PP de José María Aznar y “M.Rajoy” y también para el de Felipe González, del propio PSOE.
“El Gobierno de Felipe González hizo grandes cosas por nuestro país, de eso no hay duda, pero por desgracia su gestión sufrió el zarpazo de la corrupción, tuvo un director general de la Guardia Civil, un gobernador del Banco de España, un vicepresidente o ministros y secretarios” condenados, ha relatado. “Después llegó Aznar, que vino prometiendo limpia total como hace ahora Feijóo y tuvo 34 casos de corrupción, 372 cargos implicados, más de mil millones de euros robados y una foto que compite con la de las Azores en los rankings de la infamia: cuatro ministros salpicados, tres imputados y tres encarcelados”, ha replicado Feijóo.
Previamente, el líder del PP le había dicho que “lo mejor” era “confesar todo lo que sabe, ayudar a devolver el botín y convocar elecciones” porque “no es que sea la única salida decente, es que no tiene otra”.
A quien no ha contestado ha sido a Vox. Al no haber estado Santiago Abascal presente durante su comparecencia y entrar después al pleno en señal de protesta, Sánchez ha optado por no darles réplica.
En cuanto a sus socios, Sánchez, al igual que en su intervención inicial, ha asegurado que les comprende y ha prometido cumplir el plan anticorrupción de manera total.
Condicionan respaldo a Sánchez
Los socios de investidura del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, le han mostrado su respaldo aunque le han exigido pasar a la acción con “medidas estructurales” anticorrupción y no han descartado pedir elecciones en la comparecencia en el Congreso sobre corrupción tras la salida del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán por el informe de la UCO que le implica en el cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública. ERC no descarta pedir elecciones “si esto escala” y Junts ha avisado a Sánchez de que está “en prórroga”, mientras el PNV le ha instado a presentar una cuestión de confianza, dimitir sin disolver la cámara con un nuevo candidato, o convocar elecciones.
Una advertencia a la que Sumar, como socio minoritario del PSOE en el Ejecutivo, se ha sumado con la exigencia de incorporar en su programa de Gobierno un “cambio de rumbo” y un “giro social” de izquierdas para lo que queda de legislatura.
El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha instado a Sánchez a abandonar la estrategia del “y tú más” en respuesta a los casos de corrupción y le ha urgido a pasar a la “ofensiva” contra la derecha y la extrema derecha, aunque ya ha advertido que si la información sobre casos de corrupción va a más, le pedirán elecciones para que “la gente decida”.
Según Rufián, el PSOE tiene que cambiar de estrategia porque cuando la izquierda roba, “la penalización es mayor” y Sánchez, si sigue “bunkerizándose” lo que va a conseguir es dejar a muchos votantes “huérfanos” por lo que le ha pedido que “salga a la ofensiva”.
Eso sí, el portavoz independentista ha querido dejar claro que si los implicados en los casos de corrupción aumentan, desde su formación pedirán que “la gente decida” porque consideran que igual, llega un momento en el que la continuidad de Sánchez en el Ejecutivo “no frena a la derecha”, sino que consigue que “entren para siempre”.
La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha advertido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que su legislatura está “en prórroga” y que su compromiso no es con “la estabilidad” del Gobierno, que ha calificado de “farsa”, sino con los catalanes.
Nogueras ha avisado de que asistimos a “un episodio del desmoronamiento, la caricatura y la decadencia de la que PP y PSOE se han puesto de acuerdo en consolidar durante décadas”. Y ha reclamado “medidas estructurales y profundas” que a lo largo de las últimas legislaturas han sido bloqueadas. Ante el anuncio de Sánchez de un programa anticorrupción, la portavoz de Junts ha dicho que la Comisión Europea ya se lo había reclamado en 2024.
Sánchez ha respondido a Nogueras que el Gobierno es “consciente” de que no tienen su apoyo y que “cada semana tienen que ganarse” su confianza y ha recordado que pese a la sentencia del Tribunal Constitucional avalando la ley de amnistía, no han “acabado” con el conflicto político, pero cree que han dado un “paso muy sustantivo para el reencuentro entre catalanes, y entre catalanes y el conjunto de la sociedad española”.
El PNV ha ido un paso más allá este miércoles y su portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha instado a Sánchez a presentar una cuestión de confianza, dimitir sin disolver la cámara con un nuevo candidato, o que convoque elecciones. “Nuestra confianza va camino de la UCI” le ha dicho Vaquero “no puede funcionar en una agonía diaria.
Por esta razón el partido que lidera el ex portavoz parlamentario Aitor Esteban ha pedido a Sánchez, “transparencia” y “ejemplaridad” ante la corrupción y ha lamentado que haya “perdido la oportunidad de cerrar la crisis” abierta por el caso de Santos Cerdán en su comparecencia este miércoles en el Congreso a la que cree que Sánchez llega “tarde” con un “tímido mea culpa” pese a su responsabilidad en los nombramientos. También le ha criticado por haber perdido la oportunidad de “encapsular” el caso.
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A Feijóo, en una intervención posterior, Maribel Vaquero también le ha dicho que “ni la presión, ni el insulto ni la propagación de mentiras o infundios van a mover un centímetro” la “firme voluntad” del PNV. Y le ha preguntado si cree que “va a llegar a gobernar desacreditando al adversario y tratando de confundir a la opinión pública con bulos”. El PP, según la portavoz, “no está para dar consejos ni lecciones a nadie” porque lo que están haciendo es “engordando a la ultraderecha”.
Sánchez ha reaccionado a la petición de dimisión del PNV que él mismo ha “planteado” la dimisión: “Para mí y para mi familia sería lo más fácil, dar un paso a un lado y dejar que efectivamente o fueran las urnas o fueran sus señorías quienes eligieran a otro presidente o presidenta al frente del Gobierno, pero creo señorías que no es la solución”. Su responsabilidad como jefe del Ejecutivo es “tomar medidas contundentes” y los grupos parlamentarios tienen una herramienta que es la moción de censura. “Si no la presentan es, uno porque no tienen mayoría parlamentaria y dos porque no tienen proyecto de país o tres porque si lo tienen echarían atrás a más de uno”, ha dicho.
Por su parte, EH Bildu ha calificado la situación de “muy delicada” y ha advertido de que la gente no puede “pagar” los “errores” del PSOE, en referencia a los casos de presunta corrupción que se investigan en el entorno del partido y del Gobierno. “Queremos contundencia caiga quien caiga”, ha dicho la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, que ha pedido a Sánchez que acabe con “la corrupción en las instituciones” y ha pedido “decisiones estructurales y valientes”.
A Aizpurua, Sánchez le ha respondido que no comparte su afirmación de que la corrupción es “sistémica”, aunque hubo momentos en que “pudo llegar a serlo” durante la presidencia de Mariano Rajoy “con su policía patriótica, con financiación irregular y estructuras de financiación irregular” que estaban, según ha asegurado, en toda la política nacional.
Por su parte, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha tildado de “decepcionante” la intervención de Sánchez en el pleno monográfico sobre corrupción en el Congreso y ha lamentado que “no han aprendido nada” en el Ejecutivo.
Mientras, el diputado de Unión del Pueblo Navarro, Alberto Catalán, ha respondido así en el Congreso a la intervención de Pedro Sánchez en el pleno monográfico sobre corrupción: “Váyase, dimita. No solo le hará un favor a España sino a su propio partido”.
La diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, ha pedido a Sánchez una cuestión de confianza y ha dicho que si no prospera “no tengan miedo a que hable la gente” en las urnas. “Nosotros no tenemos miedo a las elecciones, tenemos miedo al desgarro y a la desconfianza en los pilares básicos de la democracia”, ha asegurado la de CC.
Sánchez ha asegurado a sus socios de investidura que cumplirá con los compromisos adquiridos previamente y que afronta “el reto de mejorar los mecanismos” de las instituciones para “evitar, perseguir y castigar la corrupción”. Sobre la petición de dimisión del PNV ha dicho que “lo fácil sería tirar la toalla”, pero ellos no hacen “lo fácil” sino “lo correcto”.
Les ha dado las gracias “por su comprensión, su apoyo, su alto nivel de exigencia” y ha agregado que “tienen razón en indignarse” y que su indignación les ayuda “a mejorar”.
15 medidas de Sánchez contra la corrupción
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles un plan estatal de lucha contra la corrupción. En una comparecencia extraordinaria para dar explicaciones por el caso Cerdán, Sánchez ha anunciado un paquete de 15 medidas que se han acordado de manera conjunta con los grupos parlamentarios, la OCDE, expertos de la sociedad civil y el Consejo de Europa.
Primer eje: seis medidas de prevención
En el primer eje se incluyen seis medidas para prevenir los “riesgos” y fortalecer “los controles frente a la corrupción”. Para ello se pondrá en marcha como primera medida una Agencia de Integridad Pública independiente, que asumirá las funciones clave en la prevención, supervisión y persecución de prácticas corruptas y que coordinará de forma independiente la lucha contra la corrupción.
La segunda medida consistirá en realizar mapas de riesgos de integridad, partiendo del modelo ya implementado para los fondos europeos Next Generation en toda la administración.
Además, como tercer punto, se introducirán aplicaciones de Inteligencia Artificial en la Plataforma de Contratación del Sector Público para automatizar y optimizar la identificación de patrones anómalos o indicios de fraude.
Para prevenir también se van a exigir sistemas de compliance anticorrupción a las empresas que quieran contratar con las Administraciones y se van a desplegar pactos de integridad para determinados contratos públicos, como hacen ya otros países europeos.
La quinta medida gira en torno a una nueva Ley de Administración Abierta, que tendrá como objetivo reforzar la obligación de transparencia activa, establecerá mecanismos de alerta temprana y actualizará el Portal de Transparencia del Estado. Además, se establecerán controles patrimoniales aleatorios y anuales para altos cargos durante todo su mandato.
Por último, en este primer eje, la sexta medida reforzará los controles sobre partidos políticos. Se obligará a partidos políticos y fundaciones con financiación pública superior a 50.000 euros de realizar auditorías externas e independientes; y profundizar en la transparencia en las donaciones y financiación privada, reduciendo el umbral de publicación de donaciones a 2.500 euros y el plazo de publicación a un mes desde su recepción. Todo ello gracias a la aprobación de una Ley de Transparencia e integridad de los Grupos de interés.
Segundo eje: protección a quien denuncie la corrupción
El segundo eje incluye una sola medida, que es la séptima de todo el plan. Concretamente, consiste en incluir en la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que cualquier persona que acuda directamente ante la Fiscalía, la Policía o un Juez a denunciar actos de corrupción, cuente con garantías plenas de confidencialidad, protección y apoyo legal.
Por ese motivo se exigirá a las empresas a tener canales internos de denuncia y el Gobierno obligará a todas las administraciones públicas a incorporar estos canales en un sistema general de integridad institucional.
Tercer eje: cinco medidas con el foco en las empresas corruptoras
El tercer eje pretende reforzar la capacidad del Estado para investigar, juzgar y sancionar la corrupción. Para ello, se desglosan cinco medidas.
La primera de este apartado es la creación de secciones especializadas en delitos contra la Administración Pública dentro de los nuevos tribunales de instancia, con jueces especializados, lo que ayudará a agilizar los procesos judiciales y aumentar su eficacia, según el Gobierno. Además, se va a otorgar carácter preferente a esas denuncias y se creará un procedimiento sumario para las causas que involucren a cargos públicos.
La segunda medida de este eje y novena del plan pasa por continuar con el refuerzo de la Fiscalía Anticorrupción con más medios y la remisión a las Cortes Generales del anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal que incluirá una reforma estructural del modelo de instrucción penal, atribuyendo esta competencia al Ministerio Fiscal.
En la siguiente medida se aborda un endurecimiento de las penas por delitos contra la Administración Pública en el Código Penal y duplicación de los plazos de prescripción, junto al aumento de las multas a las empresas corruptoras, calculándolas no sobre los beneficios obtenidos, sino sobre sus ingresos anuales.
La undécima medida también está ligada con la anterior y propone poner en marcha de un sistema de exclusión y listas negras para impedir que las empresas condenadas por corrupción puedan seguir contratando con la Administración.
La última propuesta de este tercer eje pasa por un endurecimiento de las sanciones por infracciones contables y retirada de subvenciones públicas a aquellos partidos políticos que mantengan en sus listas, estructuras u órganos de dirección a personas condenadas por corrupción.
Cuarto eje: recuperación de lo robado mediante la corrupción
En el cuarto eje de los cinco que contiene el plan estatal se incluyen dos medidas. Una pide el aumento de medios y plantilla de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, encargada de localizar y administrar los bienes obtenidos ilícitamente. La otra propone introducir la figura del decomiso administrativo o preventivo, que permita incautar bienes vinculados a actividades delictivas sin necesidad de condena penal previa, evitando que los responsables oculten o dispongan del dinero robado antes de que llegue la justicia.
Quinto eje: generar cultura de integridad
El último eje y último y decimoquinto punto del plan consiste en generar una cultura de integridad contra la corrupción. Por ese motivo se propone realizar encuestas anuales sobre la percepción y experiencia directa de la corrupción en España, lanzamiento de campañas de concienciación ciudadana y refuerzo de la formación de los empleados públicos en integridad y prevención.
Para revisar el cumplimiento del plan, el Gobierno ha acordado con la OCDE un sistema de seguimiento y evaluación, que dará cuenta de los avances realizados a los 12 y a los 24 meses, y emitirá un dictamen técnico que será de dominio público, han señalado desde el Ejecutivo.
Con información de rtve
