Alejandro Peza
CHETUMAL.- El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (Cemda) informó que los Juzgados Séptimo y Octavo de Distrito en el Estado de Quintana Roo admitieron tres demandas de amparo contra la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) del estado de Quintana Roo, debido a su constante omisión en la apertura de consultas públicas y su falta de transparencia en los procesos de evaluación de impacto ambiental. Estas acciones buscan proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, incluidos el derecho a un medio ambiente sano, el acceso a la información y a la participación pública.
Luego de que en 2019 la SEMA negó el acceso a los listados de solicitudes de autorización en materia de impacto ambiental de competencia estatal, contraviniendo la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del estado de Quintana Roo (LEEPA), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (Cemda) presentó un amparo indirecto contra la SEMA por esta omisión, obteniendo una sentencia favorable en marzo de 2022. A pesar de esta resolución, la Secretaría no ha cumplido de manera efectiva con sus obligaciones, lo que llevó a la creación de mesas de trabajo en colaboración con Ciudadan@s por la Transparencia en diciembre de ese mismo año.
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“Aunque se logró un avance en la publicación de los listados, estos siguen siendo incompletos y deficientes y la apertura de consultas públicas continúa siendo un proceso opaco y arbitrario”, señalaron las organizaciones. Y es que, en lo que va de este año, la SEMA continuó con prácticas que contravienen las disposiciones legales establecidas en la LEEPA, incluyendo la omisión de respuesta a solicitudes de consulta pública y la negativa a abrir espacios para la participación ciudadana en proyectos de alto impacto ambiental en municipios como Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum.
El acceso a la información y la participación pública en temas ambientales son derechos fundamentales reconocidos tanto a nivel internacional como nacional. Estos derechos están consagrados en instrumentos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en el Principio 10 de la Declaración de Río. México, como parte del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), está comprometido a garantizar que la ciudadanía participe en la toma de decisiones ambientales, fortaleciendo la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la justicia, en cumplimiento del artículo 4 de la Constitución Mexicana.
Las demandas de amparo presentadas buscan remediar estas violaciones y asegurar que se respeten los derechos de acceso a la información, participación ciudadana y el debido proceso en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental.
La constante opacidad y obstrucción por parte de la SEMA no solo viola la ley, sino que también pone en riesgo el equilibrio ecológico y el bienestar de la población.
