La audiencia inicial contra cinco empresas y ocho personas físicas, incluyendo a Ocesa y Grupo Lobo, por la muerte de la fotoperiodista Berenice Giles en el festival Axe Ceremonia, no ha podido concretarse debido a la existencia de amparos que siguen sin resolución. Este bloqueo judicial, reportado el 28 de enero de 2026, mantiene paralizada la posibilidad de vincular a proceso a los responsables.
Fabian Victoria, abogado de la familia Giles Rivera, confirmó desde los Juzgados Federales de Amparo en avenida Insurgentes, Ciudad de México, que la estrategia clave de la parte acusadora ahora se centra en impugnar el sobreseimiento de un amparo que ellos mismos tramitaron. Esto busca asegurar que la garantía de proceso permanezca activa hasta que se celebre la audiencia inicial.
Bloqueo judicial y la postura de la familia Giles
El aplazamiento de la audiencia inicial se debe a que varios recursos de amparo, tanto de la defensa como de las empresas imputadas, no han sido resueltos. El penalista Fabian Victoria destacó que su prioridad es garantizar que Ocesa y Grupo Lobo, junto con las demás empresas señaladas, sean efectivamente llevadas ante un Juez de Control por la Fiscalía General de Justicia (FGJ).
El abogado de la familia Giles Rivera explicó que la impugnación del sobreseimiento del amparo tramitado por ellos es esencial. Solo manteniendo viva esta garantía judicial, existirá la certeza de que las empresas señaladas serán formalmente vinculadas a proceso. Este movimiento procesal busca eliminar cualquier vía de escape legal antes de la celebración de la audiencia.
La defensa de Ocesa también utiliza recursos de amparo
El proceso enfrenta una doble paralización. Por un lado, la familia Giles lucha por mantener su garantía legal abierta. Por el otro, Ocesa tramitó un amparo directamente contra la imputación presentada por la FGJ. La resolución de este último recurso es mandatoria para poder continuar con el acto judicial y, por tanto, representa un obstáculo directo a la realización de la audiencia inicial.
El estatus legal de Ocesa y Grupo Lobo
El viernes previo al 28 de enero de 2026, la FGJ había confirmado la imputación de Ocesa y Servicios Lobo en la carpeta de investigación. Sin embargo, una de las empresas intentó desmentir o matizar su participación. El abogado Victoria desmintió esta negación, aportando una visión crítica del lenguaje corporativo en el proceso penal.
Empresas imputadas, no «investigadas»
Victoria aclaró que Ocesa y Grupo Lobo sí están formalmente imputadas en la carpeta de investigación. El argumento clave para sostener esta posición radica en el acceso concedido al expediente. La MP del caso ya permitió que ambas empresas accedan a la investigación, lo que, desde el punto de vista constitucional, las coloca como partes involucradas, no como simples testigos.
El penalista enfatizó que la figura de «investigado» no existe constitucionalmente en el proceso mexicano. Si se les permite acceder al expediente, forman parte de la imputación. A los testigos nunca se les otorga este derecho, que es exclusivo de las partes directamente involucradas en el proceso judicial por el homicidio de la fotoperiodista Berenice Giles.
Advertencia de proceso legal (Checklist de utilidad)
El camino hacia la vinculación a proceso de las empresas imputadas (Ocesa y Grupo Lobo, entre otras tres), depende de la resolución de los recursos de protección legal en curso.
| Acción requerida | Responsable | Estado actual (Ene 2026) | | :— | :— | :— | | Resolución del amparo de Ocesa contra la imputación | Juzgados Federales de Amparo | Pendiente | | Impugnación del sobreseimiento del amparo de la familia Giles | Abogados de la familia | En curso | | Realización de la audiencia inicial | Juez de Control | Imposibilitada por amparos | | Vinculación a proceso de 5 empresas y 8 personas físicas | Juez de Control | Futura, tras resolverse amparos |
Este uso estratégico y cruzado de amparos no solo prolonga el proceso judicial, sino que pone en evidencia la compleja batalla legal que la familia Giles debe librar para obtener certeza sobre la responsabilidad corporativa en la muerte de su familiar. La principal garantía que buscan los abogados es que, una vez resueltos los recursos, el caso no sea archivado antes de que las empresas pisen la sala del Juez de Control.
