El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, hoy detenido, obtuvo un amparo que podría obligar a la Fiscalía General de la República (FGR) a devolverle el rancho El Saucito, asegurado años atrás. Esta semana, Duarte comparecerá en la Ciudad de México para una diligencia clave relacionada con el juicio de amparo 180/2025, un giro significativo en su proceso penal.
El amparo que obliga a la FGR a restituir El Saucito
César Duarte Jáquez, exgobernador priísta de Chihuahua, obtuvo una suspensión definitiva en el juicio de amparo 180/2025. Esta resolución obliga a la Fiscalía General de la República a restituirle el rancho El Saucito, un predio de 4 mil 300 hectáreas ubicado en el municipio de Balleza. El rancho había sido incautado como parte del proceso penal que el exmandatario enfrenta desde junio del año 2022, y por el cual aún no ha recibido sentencia.
Los abogados defensores del exgobernador, Héctor Villasana e Irving Anchondo, explicaron que la suspensión fue concedida el 7 de mayo de 2025. Esta decisión provino del Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México. Posteriormente, la resolución fue ratificada el 19 de junio de 2025 por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en el marco de la revisión incidental 162/2025, abriendo así la puerta para que Duarte reclame legalmente la devolución de su propiedad.
Diligencia en CDMX: Un giro en el proceso penal en curso
El Tribunal Superior de Justicia estatal autorizó el traslado de César Duarte a la Ciudad de México para este viernes 3 de octubre de 2025. La comparecencia ante la FGR es una diligencia relacionada exclusivamente con el amparo obtenido, no con una nueva causa penal en su contra. A pesar de que Duarte enfrenta un proceso penal en curso con la restricción de abandonar el estado de Chihuahua, este trámite fue solicitado por sus abogados defensores, marcando un hito en la batalla legal por sus propiedades.
La incautación de El Saucito ha sido un punto central en el caso contra el exgobernador, y esta suspensión definitiva plantea serias interrogantes sobre el alcance y la efectividad de los aseguramientos de bienes dentro de los procesos de corrupción. ¿Cómo impactará esta decisión en la percepción pública de la justicia y en futuros casos de recuperación de activos vinculados a la delincuencia de cuello blanco?
