Veracruz bajo presión: crece la violencia política en tiempos electorales
Las campañas apenas comienzan en Veracruz, pero la tensión ya se siente en las calles. Veinte aspirantes a alcaldías han solicitado protección oficial tras recibir amenazas, según confirmó el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued. La sombra de la violencia electoral vuelve a cernirse sobre la entidad.
Contexto crítico: la seguridad electoral en juego
Veracruz, foco rojo electoral
Veracruz se ha convertido en uno de los estados con mayor riesgo político en cada proceso electoral. Esta vez no es la excepción. Con 212 alcaldías en juego el próximo 1 de junio, el clima de tensión ha escalado rápidamente, al punto de obligar a casi una veintena de aspirantes a solicitar medidas de protección para poder continuar con sus campañas.
El dato fue confirmado por Ricardo Ahued Bardahuil, secretario de Gobierno del estado, durante una rueda de prensa celebrada en Xalapa. “Eran 10 solicitudes, ya son alrededor de 20, pero todas son atendidas conforme a derecho”, declaró.
¿Quiénes son los más amenazados?
Ahued precisó que la mayoría de las solicitudes provienen de aspirantes del partido Movimiento Ciudadano (MC), aunque insistió en que el gobierno no hace distinciones partidistas al momento de brindar seguridad.
“Son de Movimiento Ciudadano y los que sean tienen la misma protección”, afirmó el funcionario.
Esto sugiere una realidad preocupante: los ataques o amenazas no responden a una lógica partidista única, sino que afectan a distintos actores del espectro político.
Los partidos alzan la voz
Reclamos de PRI, PAN y MC
Además de MC, los partidos PRI y PAN han levantado la voz, denunciando públicamente la falta de condiciones para realizar campañas en algunas regiones de la entidad. En zonas rurales y municipios con alta presencia del crimen organizado, los candidatos enfrentan no solo a sus adversarios políticos, sino también a amenazas de grupos fuera de la ley que intentan incidir en los resultados electorales.
Estos señalamientos no son nuevos, pero sí persistentes. A semanas de los comicios, el riesgo de que la violencia inhiba la participación política o condicione resultados es una preocupación latente.
Sin denuncias, no hay acción
El secretario Ahued fue enfático: si bien se atienden las solicitudes de protección, también es necesario que los partidos y candidatos formalicen sus denuncias ante las autoridades correspondientes.
“Les hemos recomendado que presenten la denuncia. Solo así podemos proceder conforme al Código Penal”, dijo.
Esta declaración revela una de las grietas institucionales del proceso: muchas amenazas se denuncian en medios o redes sociales, pero no se judicializan, lo que impide una actuación legal más robusta.
Veracruz, entre democracia y violencia
El fantasma del pasado reciente
En elecciones anteriores, Veracruz ha registrado casos de asesinatos de candidatos, renuncias forzadas por amenazas y regiones enteras donde simplemente no se pudo hacer campaña. Esta situación no solo vulnera los derechos de los aspirantes, sino también el derecho de la ciudadanía a votar libremente.
La actual coyuntura revive esas heridas. Que 20 candidatos ya requieran protección antes del arranque formal de campañas muestra que el riesgo es real.
¿Qué se está haciendo?
Según Ahued, todas las peticiones llegan vía el OPLE (Organismo Público Local Electoral) o el INE, y son evaluadas con prontitud. Sin embargo, no detalló el tipo de medidas otorgadas ni los municipios específicos donde se han implementado. Esto impide conocer la dimensión territorial del problema.
Se trata de un asunto de seguridad nacional, no solo estatal. El proceso electoral en México 2024-2025 ha sido calificado por organismos como Etellekt y Causa en Común como uno de los más violentos de la historia reciente. Veracruz, con su historial de violencia política, encabeza esa lista.
¿Qué está en juego en las elecciones?
Alcaldías, poder y territorio
Las 212 presidencias municipales de Veracruz son clave en la configuración del poder local. El control de estos espacios implica acceso a recursos, redes de clientelismo, influencia sobre las policías municipales y, en algunos casos, sobre economías ilegales. No es casual que grupos criminales busquen influir en estas elecciones.
Los partidos lo saben. Y por eso, pese al riesgo, insisten en mantenerse en la contienda. Pero, como advierten desde el propio Movimiento Ciudadano, en algunos municipios simplemente no hay condiciones para hacer campaña.
La normalización de la violencia
Uno de los aspectos más alarmantes de este fenómeno es cómo se ha normalizado. Que las autoridades respondan a las amenazas con protocolos de protección ya institucionalizados es, en parte, un avance. Pero también evidencia que la violencia electoral ha dejado de ser una excepción: se ha vuelto parte estructural del proceso.
La responsabilidad compartida
Estado, partidos y ciudadanía
La protección a candidatos no solo debe ser reactiva. El Estado debe garantizar condiciones para campañas libres y seguras. Pero también los partidos deben evitar usar políticamente las denuncias y comprometerse con la judicialización de los casos.
A su vez, la ciudadanía debe estar atenta a estos procesos. Una elección contaminada por el miedo es una elección debilitada. La participación informada y activa es una barrera contra el autoritarismo de facto que imponen las amenazas.
Elecciones entre sombras
Que veinte candidatos en Veracruz necesiten protección antes siquiera de iniciar campañas es una señal grave de alerta. No se trata solo de números, sino de vidas y de derechos democráticos.
El proceso electoral de 2025 será un termómetro de la gobernabilidad en regiones como Veracruz, donde la violencia política sigue socavando las bases de la democracia.
La pregunta no es solo si habrá elecciones, sino si podrán realizarse de manera libre y segura. Y eso dependerá no solo de las autoridades, sino del compromiso real de todas las fuerzas políticas y sociales.
