La secretaria de medio ambiente y recursos naturales, Alicia Bárcena, ha asumido un compromiso crucial: fortalecer los mecanismos de protección para los defensores ambientales en México. Este pronunciamiento emerge en un contexto alarmante, donde las agresiones contra este sector se han disparado, revelando una imperante necesidad de acción coordinada para la protección de ambientalistas.
La alarmante escalada de agresiones contra defensores ambientales
Ciudad de México. La urgencia de robustecer la protección de ambientalistas quedó de manifiesto durante la mesa de diálogo “Construcción de alianzas para la defensa de derechos en materia ambiental en México”, en la que participó la titular de Semarnat, Alicia Bárcena. En el último año, específicamente en 2024, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) documentó 94 agresiones contra defensores, de las cuales 25 resultaron en asesinatos. Más del 50 por ciento de estos hechos violentos se concentran en comunidades indígenas, un dato que subraya la vulnerabilidad de estos territorios.
La secretaria Bárcena fue contundente al señalar que “construir alianzas en México es muy importante porque no podemos dejar a la sociedad civil sola protegiendo los derechos de los defensores del medio ambiente”. Esta declaración sienta las bases para una estrategia integral que busca cimentar lazos sólidos entre el gobierno y diversos actores. Asimismo, precisó que su secretaría protege a ocho personas a través del mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas.
Estrategias y alianzas para la justicia ambiental
El compromiso de la Semarnat se materializa en la articulación de esfuerzos con actores clave, tanto nacionales como internacionales. Bárcena resaltó la construcción de lazos más sólidos con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
Para alcanzar una verdadera justicia ambiental, la funcionaria delineó una serie de acciones indispensables:
- Conocer a fondo el trabajo de los ambientalistas y sus desafíos.
- Detectar los sitios prioritarios donde la intervención es urgente.
- Avanzar significativamente en el marco jurídico nacional e internacional en esta materia.
- Identificar y consolidar áreas de colaboración efectiva.
Además, la secretaria precisó la importancia de establecer una hoja de ruta clara para la aplicación del Acuerdo de Escazú, un instrumento regional firmado en 2018 en Costa Rica, diseñado precisamente para reforzar la protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Determinó que se deben conjugar los esfuerzos con los gobiernos federal, estatal y municipal, además del sector privado, la academia, la sociedad civil y los organismos internacionales, para dar justicia ambiental.
Voces expertas y desafíos pendientes
La mesa de diálogo también fue el foro para que otras voces relevantes ofrecieran su perspectiva sobre los mecanismos de protección existentes y los desafíos futuros. Humberto Henderson, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, reconoció los mecanismos implementados por el gobierno mexicano. Sin embargo, hizo un llamado crucial a facilitar a las fiscalías la adopción de un protocolo especializado en la investigación de delitos contra los defensores, una medida que podría agilizar la procuración de justicia.
Por su parte, Gustavo Alanís, director general del Cemda, propuso un enfoque multifacético para lograr la justicia ambiental:
- Construir una política pública integral que aborde el problema desde diversas aristas.
- Fortalecer de manera decidida el mecanismo de protección existente para el sector ambientalista.
- Asegurar la realización de evaluaciones de impacto ambiental rigurosas y adecuadas, fundamentales para prevenir proyectos que atenten contra el medio ambiente y sus defensores.
- Adoptar enfoques preventivos que mitiguen riesgos antes de que escalen a agresiones.
Estos señalamientos evidencian que, aunque el compromiso es firme, la senda hacia una protección efectiva y una justicia ambiental plena exige la conjunción de voluntades y la aplicación de políticas públicas robustas y coordinadas.
Cierre reflexivo
El compromiso de la titular de Semarnat es un paso fundamental, pero la magnitud de las agresiones registradas contra ambientalistas en 2024 exige una acción coordinada y profunda. ¿Será suficiente este esfuerzo para revertir la preocupante escalada de violencia y asegurar un entorno seguro para quienes defienden nuestro patrimonio natural? La respuesta dependerá de la voluntad política y la implementación efectiva de estas alianzas.
