Una sombra se cierne sobre la seguridad personal en la capital mexicana. El Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP) ha emitido una alerta crítica: el robo de datos por seguridad privada ‘patito’ expone a ciudadanos a extorsión y suplantación de identidad en edificios y conjuntos habitacionales.
Empresas ‘patito’: el eslabón débil de la seguridad privada
En la Ciudad de México, el Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP) ha emitido una severa advertencia. Alertan sobre el robo de datos personales por parte de compañías de seguridad que operan sin la debida regulación y carecen de personal capacitado. Estas empresas, conocidas como ‘patito’, facilitan delitos como la extorsión y la suplantación de identidad.
Los servicios de seguridad privada deficientes se han identificado en edificios y, principalmente, en conjuntos habitacionales, aunque también pueden presentarse en oficinas. La principal preocupación radica en el mal uso de los datos personales e identificaciones oficiales que estas firmas solicitan a visitantes o personas ajenas a los complejos.
La alarmante mecánica del robo de identidad
Raúl Sapién, presidente jurídico y de relaciones públicas del CNSP, detalló en entrevista el modus operandi de este riesgo. La información sensible puede ser concentrada con facilidad en bases de datos informales. Asimismo, con la simple acción de tomar una fotografía a una credencial de elector, los datos quedan expuestos. En la mayoría de los casos, las personas desconocen el destino de su información al retirarse de estos espacios vigilados.
Extravío de credenciales: Una señal de alerta desatendida
Un indicador claro de este riesgo en muchos conjuntos habitacionales es cuando se reporta el extravío de credenciales de elector. Este documento oficial es el principal requisito para permitir el acceso a personas.
Sapién explicó que, en contraste con las empresas reguladas, las firmas ‘patito’ eluden procedimientos fundamentales. Las compañías formales, ante el extravío de una credencial, tienen la obligación de interponer una denuncia ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia (FGJ). Este proceso deja constancia del incidente y de la potencial vulneración de los datos personales, una medida de protección que las empresas irregulares omiten por completo.
La omisión de protocolos de seguridad y la falta de regulación dejan a miles de ciudadanos en una posición vulnerable. ¿Hasta cuándo se permitirá que empresas irregulares pongan en riesgo la privacidad y la integridad de los habitantes de la capital?
