Agencias
CHETUMAL.- El Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia (Snigspij), que depende del Instituto Nacional de Geografía e Historia (Inegi), informó que en Quintana Roo la tasa de carpetas de investigación iniciadas por cada 10 mil habitantes fue de 258.8, mayor a la tasa nacional, que fue de 163.8.
Asimismo, detalló que durante el 2024, el 49.9 % de las personas de la entidad manifestó confiar en los ministerios públicos estatales; además, el 55.3 % de las personas mayores de 18 años en Quintana Roo, manifestó confiar en las personas juzgadoras.
La información revela que la Tasa de delitos registrados en carpetas de investigación iniciadas por cada 10 mil habitantes, es de 66.1 por ciento; donde son cinco principales delitos registrados durante 2023: robo con 14 mil 478 casos; violencia familiar, 6 mil 772; daño a la propiedad, 6 mil 090 carpetas; lesiones, 5 mil 217 casos y; abuso de confianza, 3 mil 725 carpetas.
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Un dato relevante del informe, es que entre 2012 y 2023, la cifra oculta de delitos en personas de la entidad pasó de 91.2 a 93.5 por ciento; la tasa de agentes o fiscales del Ministerio Público por cada 100 mil habitantes pasó de 10.5 a 16.8. Además, durante 2023, se registraron 54 mil 876 delitos en las carpetas de investigación iniciadas; se imputaron a 54 mil 027 personas adultas y 628 personas adolescentes en las carpetas de investigación iniciadas por la presunta comisión de un delito.
En ese contexto, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Heyden Cebada Rivas, dijo a reporteros de la fuente que no van a permitir la corrupción en la impartición de justicia en Quintana Roo, e instó a la población de denunciar cualquier intento de corromper la justicia; porque gracias a quejas interpuestas por los afectados ante el Tribunal de Disciplina Judicial, instancia que abundó, se encarga de recibir las denuncias al respecto, abrir el procesamiento de investigación, y determinar las sanciones correspondientes, como organismo autónomo del Poder Judicial.
Confirmó que las bajas de jueces que laboraban en Playa del Carmen, se dieron luego de acreditar irregularidades como la aceptación de sobornos, la dilación en la impartición de justicia y la emisión de fallos irregulares en casos relacionados con delitos graves.
Un caso que cumple con las condiciones antes señaladas, es el que lleva el juez Eduardo Utrilla López, del juzgado Familiar de Primera Instancia, en la carpeta administrativa número 510/2025, pues determinó cambiar una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y dejar en libertad a Samuel Jaime A. J. y Viktoriya A, quienes tienen una acusación por su posible participación en el delito de fraude y robo a casa habitación.
La parte ofendida tiene la presunción de que este lunes que tengan la audiencia, podría haber un conflicto de intereses en el juzgado de Eduardo Utrilla López, porque podría sobreseer la causa y dejar en libertad a los imputados.
SIM
