Redacción/CARIBE PENINSULAR
CANCÚN.- La secretaria de Gobierno, Cristina Torres reveló que también hay denuncias por afectaciones sanitarias y ambientales contra DHC-Aguakán, cuya concesión está en litigio.
También señaló que el Gobierno del Estado no ha emprendido acoso contra ejecutivos de esta empresa ni ha buscado un acuerdo.
En rueda de prensa la funcionaria estatal presentó el posicionamiento del Gobierno del Estado sobre las acciones legales contra la empresa concesionaria de agua potable Aguakán, destacando el hartazgo ciudadano, así como irregularidades identificadas en temas medio ambientales.
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En la conferencia, en la que también estuvieron presentes la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Reina Arceo; Carlos Fuentes, consejero jurídico y Hugo Garza, director general de CAPA, no hubo posibilidad de hacer cuestionamientos, por mantener el debido proceso.
“Se basa en el hartazgo social acumulado por durante muchos años y sustentado en la falta de abastecimiento de agua durante largos períodos de tiempo, el tandeo, la falta de atención a fugas, cobros indebidos, mala administración en el drenaje sanitario, así como el cobro de pipas de agua cuando no suministran el líquido de manera adecuada, entre otras irregularidades, fueron causa del hartazgo, la irritación social, incluso hubo una consulta popular en la cual la mayoría de las y los ciudadanos quintanarroenses se expresaron por terminar con la concesión”, destacó Cristina Torres.
Es por ello, leyó, que desde el inicio de la presente administración se atiende la demanda social de que el estado deba velar por la efectiva legal implementación de la concesión, así como de su terminación y se iniciaron diversas auditorías técnicas, financieras, contables y fiscales, así como a la operación de la concesión.
“El análisis de muestras de agua, visitas a las plantas de tratamiento de aguas residuales, lo cual nos permitió detectar diversas irregularidades y como consecuencia de ello, la presentación de las denuncias correspondientes. En este sentido, las denuncias presentadas por este gobierno hasta la presente fecha tuvieron como fundamento los siguientes hechos”, detalló.
El juez federal competente, confirmó, ya determinó que existen datos de prueba que demuestran el delito de promoción de conductas ilícitas, toda vez que el 5 de diciembre de 2014 directivos de la empresa gestionaron de manera ilícita por 30 años más la prórroga de la concesión a cambio del pago de 1,055 millones de pesos, toda vez que el gobierno del Estado no tenía facultades para gestionar una prórroga y sin seguir los procedimientos de ley, continuaron con esta ilegalidad generando ganancias multimillonarias para dicha empresa sin que se vean reflejadas en la calidad y cantidad de los servicios prestados a la ciudadanía, de allí que libró órdenes de aprehensión.
En salud realizaron los muestreos de agua potable en escuelas, hospitales, iglesias, hogares y plantas de tratamiento de agua residual operadas por la concesionaria DHC, obteniendo como resultado afectaciones sanitarias y ambientales muy graves; la presencia de contaminantes en parámetros fuera de los límites permisibles por las normas oficiales mexicanas aplicables, lo que presenta un riesgo inminente en la salud de la población siendo tóxicos para los seres humanos.
Mientras que en las aguas residuales se detectaron elementos que superan los límites permisibles por las normas oficiales aplicables al contener e-coli y coliformes fecales muy por arriba de los niveles permitidos, lo que en esas condiciones una vez devueltas al ecosistema y al ser inyectadas al manto freático generan un daño irreversible al medio ambiente.
“Los actos realizados por el gobierno, como son la presentación de denuncias ante la existencia de posibles hechos de corrupción y lavado de dinero, constituyen el cumplimiento de un deber legal para que se investiguen a profundidad, pues no se encubrirá nunca ninguna conducta ilícita… En Quintana Roo con la llegada de la cuarta transformación, nunca se comprometerá el patrimonio del pueblo”, aseguró.
A continuación el comunicado íntegro:
POSICIONAMIENTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO SOBRE EL LITIGIO QUE SE LLEVA A CABO CONTRA LA EMPRESA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE AGUAKAN El hartazgo social acumulado por muchos años y sustentado en la falta de abastecimiento de agua durante largos periodos de tiempo, el tandeo, la falta de atención a fugas, cobros indebidos, mala administración en el drenaje sanitario, así como el cobro de pipas de agua cuando no suministran el líquido de manera adecuada, entre otras irregularidades, fueron causas de ese rechazo e irritación social.
Incluso hubo una consulta popular en la cual, la mayoría de las y los ciudadanos se expresaron por terminar con la concesión. Es por ello que desde el inicio de la presente administración se atiende la demanda social de que el Estado deba velar por la efectiva y legal implementación de la concesión, así como de su terminación; por lo cual, se han realizado diversas auditorías técnicas, financieras, contables y fiscales, así como a la operación de la concesión, el análisis de muestras de agua, visitas a las plantas de tratamiento de aguas residuales, lo cual nos permitió detectar diversas irregularidades y como consecuencia de ello, la presentación de las denuncias correspondientes.
En este sentido, las denuncias presentadas por este gobierno hasta esta fecha tuvieron como fundamente los siguientes hechos:
1. La concesión que fue otorgada en los años 90´s fue prorrogada ilícitamente en 2014, hasta el 2053 y ampliada a un municipio adicional (Solidaridad).
2. Derivado de lo anterior, el 16 de mayo de 2024, el Gobierno del Estado presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República, misma que después de integrar la carpeta de investigación correspondiente, determinó que existían elementos suficientes en contra de directivos de la empresa DHC
3.El Juez Federal competente determinó que existen datos de prueba que demuestran el delito de Promoción de Conductas Ilícitas, toda vez que el 5 de diciembre de 2014, directivos de la empresa gestionaron de manera ilícita por 30 años más la prórroga de la concesión a cambio del pago de $1,055 millones de pesos, toda vez que el Gobierno del Estado no tenía facultades para obligarse a gestionar una prórroga y ampliación de una concesión en esa materia, lo cual corresponde única y exclusivamente a los Municipios y al Congreso del Estado. Que como resultado de la gestión ilícita con posterioridad y sin seguir los procedimientos de ley, continuaron con esta ilegalidad generando ganancias multimillonarias para dicha empresa sin que se vean reflejadas con la calidad y cantidad de los servicios prestados a la ciudadanía.
4. Derivado de los hechos anteriores y como es del conocimiento público, UN JUÉZ FEDERAL LIBRÓ ÓRDENES DE APREHENSIÓN al encontrar elementos suficientes, POR LOS DELITOS DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y PROMOCIÓN DE CONDUCTAS ILÍCITAS DE SERVIDORES PÚBLICOS EN CONTRA DE DIRECTIVOS DE AGUAKÁN.
Por lo que respecta a los temas de salud y afectación al medio ambiente, de las y los quintanarroenses, que derivan de la explotación ilícita de la concesión, la Comisión Nacional del Agua, CAPA, así como epidemiólogos del IMSS-Bienestar, la Secretaría de Salud y laboratorios especializados, llevaron a cabo diversos muestreos de agua potable en escuelas, hospitales, iglesias, hogares y plantas de tratamiento de agua residual, operadas por la concesionaria DHC, obteniendo como resultado afectaciones sanitarias y ambientales muy graves, como las siguientes:
1.Se detectó en el agua potable la presencia de contaminantes en parámetros fuera de los límites permisibles por las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, lo que representa un riesgo inminente a la salud de la población, siendo tóxicos para los seres humanos.
2.Por lo que hace a las aguas residuales se detectaron elementos que superan los límites permisibles por las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, al contener E-coli y coliformes fecales muy por arriba de los niveles permitidos, los que, en esas condiciones, una vez devueltas al ecosistema y al ser inyectados al manto freático, generan un daño irreversible al medio ambiente.
Por otro lado, de forma facciosa y parcial, se ha difundido un encuentro entre representantes de DHC y representantes del Gobierno del Estado, a lo cual se señala lo siguiente:
1. La reunión se celebró a petición de la propia DHC y el Gobierno del Estado accedió a ésta, teniendo como premisa fundamental el argumento de una posible afectación al público inversionista de la AFORES.
2. Dicha reunión se efectuó estando presentes abogados del Estado y asesores jurídicos de los Ayuntamientos, encabezados por el director general de CAPA.
3. Las acciones que el Gobierno del Estado ha emprendido en ningún momento han implicado acoso ni acuerdo alguno. Lo que nos llevó a dicha reunión fue la salvaguarda de parte del Estado de las inversiones de las Afores y de los derechos laborales de las y los trabajadores.
4.En el único momento que se habló de montos, fue para determinar el valor de las inversiones en activos y garantizar los derechos de las y los trabajadores.
5. Fue la empresa quien ofreció la posibilidad de que el Estado adquiriera a AGUAKAN, a lo que CATEGÓRICAMENTE se les respondió que NO, que la concesión debía terminar.
6.El actuar de la autoridad, por la vía legal, de ninguna manera constituye un riesgo a la inversión privada y mucho menos a las Afores, por el contrario, dichos inversionistas son posibles víctimas de los hechos realizados por ciertos accionistas y administradores de DHC quienes desplegaron conductas ilícitas tanto para la prórroga y ampliación de la concesión referida, como en el deficiente servicio que prestan a las y los quintanarroenses.
Los actos realizados por el Gobierno, como son la presentación de denuncias ante la existencia de posibles hechos de corrupción y lavado de dinero, constituyen el cumplimiento de un deber legal para que se investiguen a profundidad, pues no se encubrirá nunca conducta ilícita alguna. “El patrimonio de las y los quintanarroenses no se vende”.
Que quede bien claro; en Quintana Roo, con la llegada de la Cuarta Transformación, nunca se comprometerá el patrimonio del pueblo. El agua es un derecho humano, no un privilegio y menos un instrumento para el enriquecimiento de unos cuantos. Como lo dijo la primera Presidenta Mujer de este país, el interés público debe prevalecer sobre cualquier interés privado.
No olvidemos que la voluntad del pueblo es el principal pilar del actuar de este Gobierno. Nadie por encima ni al margen de la ley; donde la razón asiste al pueblo, tendrá un gobierno que lo defienda hasta sus últimas consecuencias.
