Redacción
CIUDAD DE MÉXICO. – El conflicto entre el Gobierno de Quintana Roo y la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC-Aguakan) volvió a escalar luego de que la compañía informara a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que fue notificada de un crédito fiscal por 3 mil 758 millones de pesos derivado de operaciones realizadas en 2019.
De acuerdo con el comunicado difundido por la empresa a la BMV, las autoridades estatales exigen el pago de este monto, el cual Aguakan considera “inconstitucional y violatorio de las disposiciones fiscales del Estado de Quintana Roo”. La empresa adelantó que impugnará el requerimiento por la vía legal.
El reclamo del gobierno quintanarroense representa una suma equivalente al 95% de los ingresos reportados por la compañía en 2024, según cálculos de Bloomberg Línea, y surge en un momento clave para Aguakan, que deberá hacer frente en 2026 al vencimiento de una emisión de certificados bursátiles por MXN$1,400 millones realizada en 2022.
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Aguakan, controlada por Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD) y GBM Infraestructura, sostiene que el crédito fiscal contradice resoluciones previas del Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo.
Este nuevo frente legal se suma al conflicto que la empresa mantiene con el gobierno estatal por la ampliación de su concesión hasta 2053, otorgada en 2014 y que las autoridades actuales consideran irregular. La administración estatal anunció su decisión de revocar dicha concesión, lo que llevó a la compañía a solicitar un procedimiento ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC) en julio pasado.
El caso incluso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que rechazó atraerlo, dejando que continúe su curso en instancias locales.
