Redacción/CARIBE PENINSULAR
CIUDAD DE MÉXICO.– La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) bajó de último momento el análisis sobre la atracción del caso Aguakán, que definiría el futuro de la concesión del servicio de agua potable en Cancún, Playa del Carmen, Isla Mujeres y Puerto Morelos, dejando nuevamente el tema en suspenso.
El asunto, relativo al amparo en revisión promovido por la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún (Aguakán) contra el retiro anticipado de la concesión, estaba programado para resolverse este 16 de octubre, pero fue retirado sin explicación pública. El expediente se mantiene en lista de espera, pese a que en abril pasado la concesionaria perdió el juicio de amparo.
El historial del conflicto muestra una cadena de decisiones y recursos que mantienen trabado el proceso. En diciembre de 2023, el Congreso de Quintana Roo aprobó el retiro anticipado de la concesión otorgada hasta 2053 para el suministro de agua potable en los cuatro municipios turísticos del norte del estado. Ese mismo mes, Aguakán interpuso un amparo y obtuvo una suspensión provisional, ratificada por un juez federal en enero de 2024.
En abril de 2025, la empresa perdió el amparo contra la revocación del contrato, aunque la suspensión judicial se mantuvo vigente, en un entramado de técnica procesal que impidió ejecutar la resolución. Meses después, en agosto de 2025, la concesionaria presentó un recurso de revisión ante el Primer Tribunal Colegiado de Circuito de Cancún, que admitió la impugnación.
Ese mismo mes, la Consejería Jurídica del Gobierno de Quintana Roo solicitó a la Corte atraer el caso, pero la entonces ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández rechazó la petición por falta de legitimidad jurídica, al tratarse de un tercero interesado, de acuerdo con la Ley de Amparo.
Ya en octubre de 2025, el actual presidente del máximo tribunal, Hugo Aguilar, junto con las ministras Lenia Batres Guadarrama y Yasmín Esquivel Mossa, acordaron analizar la atracción del expediente. Sin embargo, en una nueva maniobra, la misma Corte retiró hoy el asunto de la lista, dejando en la incertidumbre la resolución sobre una de las concesiones más cuestionadas de Quintana Roo, señalada por su vigencia extendida hasta 2053 y su controvertida renovación durante el gobierno de Roberto Borge.
