DHC-Aguakán ha emprendido una sonora contracampaña mediática ante la inminente definición legal sobre el futuro de su concesión, otorgada por los priistas Mario Villanueva y Roberto Borge.
Los ejecutivos de esta empresa, que cotiza en bolsa, insisten en que, además del proceso para retirarle la concesión en cuatro municipios, ahora se les han sumado asuntos penales.
Pero en su narrativa de defensa han introducido un nuevo punto:
Los ejecutivos de Aguakán afirman que el Gobierno de Quintana Roo no busca revertir el control del servicio de agua a los ayuntamientos o al estado, sino que planea transferir el negocio a la empresa española Acciona, que actualmente gestiona el agua en Boca del Río, Veracruz.
¿Será?
