Agencias
CHETUMAL.- Pese a denuncias anónimas por la peligrosidad del personal al servicio de un empresario italiano, incluido un comisario ejidal, el predio aledaño al balneario comunal El Chorro, en el ejido Juan Sarabia (aledaño a la capital del Estado) , fue devastado y el lugar “privatizado” ante la complacencia de autoridades federales y locales.
En el sur de Quintana Roo parece que nadie se da cuenta, o prefiere ignorar que el turismo atrae violencia y criminalización a las comunidades mayas; al menos eso parece, pues a un año, a inicios de febrero pasado, la vida de la comunidad del municipio de Othón Pompeyo Blanco se trastocó.
Un proyecto inmobiliario destinado al turismo internacional, que tendría que representar progreso, cambió la tranquila vida del lugar: el empresario italiano Andrea Mancini envió a su gente con maquinaria pesada a El Chorro, ubicado a menos de un kilómetro y medio de Juan Sarabia.
La comunidad maya de Juan Sarabia denuncia al empresario Andrea Mancini y al comisariado ejidal (Marcos Antonio Jiménez Potenciano, ligado a una familia polémica) de la devastación de selva baja y mangle, para la privatización del balneario comunal al turismo foráneo.
“El balneario siempre ha estado aquí. Nuestros padres lo mantuvieron, nuestros abuelos lo descubrieron, siempre se ha usado sin costo”, explicó una mujer organizada de la comunidad, según la agencia rusa Sputnik, quien pidió el anonimato por la constante violencia de los aliados del proyecto turístico.
Quintana Roo es un estado que durante los últimos años vive una particular embestida de desarrollos turísticos, destinados a recibir al turismo foráneo, sobre todo al proveniente de Estados Unidos.
El comisario
Cuando los habitantes supieron que el comisario ejidal había concesionado el balneario a un extranjero, que sería privatizado y se les obligaría a pagar para ingresar, decidieron manifestarse y cortar el camino de acceso: “Las primeras agresiones fueron de él”.
“Luego llegó un representante del extranjero que nos dijo que no tienen nada que arreglar con el pueblo, porque no lo vale”, según una testigo que pidió permanecer anónima por temor. Pasaron tres meses de gestión y el 25 de julio y los manifestantes fueron echados por los ejidatarios de manera violenta.
“Desde entonces ya no podemos entrar ni nuestros hijos a El Chorro, el balneario local. Aunque hemos solicitado la protección de autoridades ante la violencia desatada en nuestra contra por la defensa del bien común, no hemos obtenido respuesta a nuestras peticiones”, terció otra descontenta.
La procuraduría clausuró el 21 de mayo de 2021 porque “no hay autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para los trabajos de construcción e instalaciones”, respondió la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a consulta de este medio.
El caso también tiene denuncias ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el municipio de Othón Pompeyo Blanco, la Procuraduría Agraria y la Comisión Estatal de Derechos Humanos; y también denunciaron las amenazas y agresiones ante la Fiscalía General de Quintana Roo.
Esa denuncia fue el corolario de siete meses de agresiones físicas; han recibido mensajes diciendo que les van a “dar en la madre”, “déjate de chingaderas porque te vamos a dar cuello”, que los vecinos “van a ser ahorcados y quemados” por oponerse a la privatización del espacio comunitario.
Pero lo grave es que hasta el momento toda una comunidad vive en la incertidumbre y tiene prohibido el acceso a un balneario que era libre y ya no lo es más.
Con información de Red Informativa Peninsular
