Un reciente y «cobarde ataque» contra el antimonumento +43, símbolo de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, ha encendido las alarmas en la capital. El colectivo Ruta de la Memoria no solo denunció el incendio registrado el martes pasado, sino que acusó directamente al gobierno de la Ciudad de México de ordenar esta agresión, vinculándola a una estrategia de «desmantelamiento de la memoria».
El ataque directo a la memoria histórica
El martes pasado, el antimonumento +43, erigido hace una década en Paseo de la Reforma como un recordatorio permanente de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, fue objeto de un incendio. El colectivo Ruta de la Memoria, que agrupa diversas instalaciones en el centro capitalino, calificó el incidente como una «agresión». A través de sus redes sociales, la organización señaló que no es la primera vez que este símbolo de protesta es atacado, lo que refuerza la percepción de una acción deliberada.
El colectivo interpretó lo sucedido como «un cobarde ataque de personas que se esconden en medio de la oscuridad para tratar de seguir dañando la memoria instalada por las familias que buscan a sus desaparecidos». Esta declaración subraya la vulnerabilidad de estos espacios de denuncia y el impacto emocional para las víctimas y sus allegados.
Una estrategia de desmantelamiento señalada por el colectivo
La denuncia va más allá del acto vandálico individual. El colectivo expuso que la agresión «es parte de una estrategia de desmantelamiento de la memoria instalada en todo Paseo de la Reforma». Esta acusación eleva el incidente a una cuestión de política pública, sugiriendo una intencionalidad detrás de los ataques.
Según la Ruta de la Memoria, la presunta orden gubernamental es «desmantelarlos y dejar a la ciudad limpia, sin fichas de desaparecidos y sin ningún rastro de protestas ni denuncias en el contexto del mundial de futbol» del próximo año. Esta revelación, si se confirma, implicaría una limpieza de la imagen urbana con miras a un evento internacional, a expensas de la memoria y la protesta social.
El contexto de Ayotzinapa y la búsqueda de justicia
El antimonumento +43 se erigió en conmemoración de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, un caso que sigue siendo una herida abierta en la sociedad mexicana. La denuncia del colectivo se da en un momento en que el tema de Ayotzinapa sigue vigente en la agenda política. La presidenta Sheinbaum ha afirmado que «se trabaja en nuevas líneas de investigación sobre caso Ayotzinapa». Además, se han registrado reuniones en Palacio Nacional entre familiares de los 43 normalistas y la presidenta Sheinbaum. Estos hechos refuerzan la persistencia de la búsqueda de la verdad y la justicia por parte de las familias, y la relevancia de los antimonumentos como expresiones de esa exigencia.
El incendio del antimonumento +43 no es solo un acto de vandalismo; es un ataque a la memoria colectiva y a la libertad de expresión que simbolizan estos espacios. ¿Qué tan dispuestas están las autoridades a permitir que la historia y las demandas sociales sean borradas en pos de una imagen de «limpieza» para eventos futuros? La pregunta resuena en un país donde la memoria es un campo de batalla constante.
