La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha trazado una línea clara sobre la presencia y actuación de agentes de seguridad de Estados Unidos en territorio nacional. Su administración, en continuidad con la política establecida, enfatiza que, si bien estos agentes se encuentran en el país, sus operaciones están estrictamente limitadas por el marco legal mexicano.
Los límites claros a la operación de agentes extranjeros
La mandataria nacional aseguró el miércoles que, de acuerdo con la Ley de Seguridad Nacional y la reciente adición al artículo 40 de la Constitución, los agentes estadounidenses en México deben acatar las leyes locales. «Ellos (el Gobierno estadunidense) tienen agentes en México que tienen que cumplir claramente con la Ley de Seguridad Nacional y ahora con la adición que hicimos al artículo 40 de la Constitución. Pero no pueden estar operando en el territorio», indicó Sheinbaum en su conferencia matutina.
Sheinbaum subrayó que las operaciones de seguridad son «un asunto de México, de nuestras instituciones». Añadió que los agentes de otros países pueden colaborar únicamente mediante el intercambio de información.
El blindaje legal: Artículos 69 y 71 de la ley de seguridad nacional
Para comprender la firmeza de esta postura, es crucial referirse a la legislación mexicana:
- Artículo 69 de la Ley de Seguridad Nacional: Permite el ingreso temporal de «agentes extranjeros» en territorio mexicano con fines de intercambio de información. Esto debe enmarcarse en convenios y programas de cooperación bilateral suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad, que contribuyan a preservar la seguridad nacional.
- Artículo 71 de la Ley de Seguridad Nacional: Recalca que los agentes extranjeros «solo podrán desarrollar las actividades de enlace para el intercambio de información con autoridades mexicanas». Es taxativo al especificar que «no podrán ejercer las facultades reservadas a las autoridades mexicanas ni podrán aplicar o ejecutar las leyes extranjeras en territorio nacional».
La adición constitucional: artículo 40 y la soberanía
El párrafo del artículo 40 de la Constitución, mencionado por la presidenta Sheinbaum, fue añadido en abril de este año. Esta directriz especifica que el país no permitirá injerencia extranjera «en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano». Esta reforma constitucional refuerza la soberanía nacional en materia de seguridad y justicia, estableciendo un control explícito sobre cualquier acción de entidades extranjeras.
La herencia del caso cienfuegos: Un punto de inflexión en la relación México-DEA
La postura restrictiva del gobierno mexicano hacia las agencias de seguridad extranjeras, y en particular hacia la DEA, tiene raíces históricas en el incidente del general Salvador Cienfuegos durante el primer mandato de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. La presidenta Sheinbaum recordó que la detención de Cienfuegos generó un distanciamiento.
«En el caso de Cienfuegos, ‘quedó muy claro que se le había detenido sin pruebas (…) Se fue teniendo información hasta que finalmente se supo que no había pruebas. ¿Quién hizo esa detención? La DEA. A partir de ahí, el presidente López Obrador pone más límites a las agencias en México, esos límites continúan'», comentó Sheinbaum.
El general Salvador Cienfuegos, exsecretario de Defensa de México de 2012 a 2018, fue detenido en 2020 por el Gobierno estadounidense y luego puesto en libertad. En enero de 2021, la Fiscalía General de la República (FGR) lo exoneró tras no hallar pruebas en su contra.
Más recientemente, en febrero de este año, la FGR afirmó que la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) fabricó un expediente contra Cienfuegos. México ya había denunciado la fabricación de este expediente. En 2021, el entonces presidente López Obrador instó a la DEA a investigar quién «fabricó» el expediente. Sin embargo, un exdirector de la DEA respondió que López Obrador mentía y negó la fabricación de evidencia contra Cienfuegos.
La narrativa de Sheinbaum subraya que la experiencia del caso Cienfuegos cimentó una política de mayor control y limitaciones sobre las agencias extranjeras en México, una política que su administración mantiene inalterable.
La administración de Claudia Sheinbaum ha dejado claro que la soberanía en materia de seguridad nacional no es negociable. La continuidad de una política que limita la operación de agentes extranjeros, cimentada en reformas legales y una lectura crítica de incidentes pasados como el caso Cienfuegos, redefine las reglas del juego en la cooperación internacional en seguridad. ¿Será esta postura un catalizador para una nueva etapa en las relaciones bilaterales de seguridad o un punto de fricción constante?
