Redacción/CARIBE PENINSULAR
NUEVA YORK.– El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza ratificó su sentencia en la que considera que el Tren Maya cometió ecocidio y etnocidio en el sureste de México, al constatar daños irreversibles en ecosistemas y territorios sagrados durante una expedición realizada este año en los tramos 5, 6 y 7 de la obra.
Dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, la resolución sostiene que el Estado mexicano violó derechos fundamentales de la naturaleza y de los pueblos mayas peninsulares, al permitir la ejecución de un megaproyecto “sin respeto al territorio, al agua y a la vida comunitaria”.
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“El Tribunal responsabiliza al Estado mexicano por la violación de estos derechos fundamentales de la Naturaleza y de los Pueblos Mayas peninsulares”, señala el documento citado en la sentencia emitida a finales de septiembre.
Daños irreversibles en la Península
Durante la inspección, los magistrados constataron impactos ambientales a gran escala, muchos de ellos irreversibles, provocados por la fragmentación de ecosistemas, la pérdida de conectividad biológica, la deforestación masiva y la destrucción de hábitats de flora y fauna en la selva y los humedales.
El informe advierte que las alteraciones en los flujos hidrológicos naturales han provocado inundaciones severas en zonas urbanas y agrícolas de Othón P. Blanco y Bacalar, y advierte daños estructurales a los manglares y cenotes del corredor sur.
En el tramo 5, que atraviesa zonas cársticas entre Playa del Carmen y Tulum, el Tribunal documentó la perforación del subsuelo con maquinaria pesada y la instalación de pilotes de más de 40 metros, afectando gravemente los sistemas de cuevas y ríos subterráneos.
Violación sistemática de derechos
El fallo, presentado durante la Semana del Clima en Nueva York, denuncia un contexto de “suspensión o privación de derechos” en la ejecución del Tren Maya, con “vacíos legales, violencia institucional y militarización del territorio”.
Asimismo, señala la “ausencia total del Estado de derecho” en la región, frente a la expansión de la ocupación territorial y corporativa de las Fuerzas Armadas, así como el crecimiento desmedido del turismo masivo asociado al proyecto, lo que —según el Tribunal— amplifica los daños ecológicos y culturales.
El Tribunal concluye que el Tren Maya “se impuso en un clima de violaciones jurídicas y sociales, donde el derecho ambiental y los derechos indígenas fueron sistemáticamente relegados”.
