En el corazón del Bajío, la política hídrica nacional enfrenta una contundente resistencia social. Agricultores de cuatro municipios de Guanajuato se levantaron en protesta contra la construcción del Acueducto Presa Solís Guanajuato, una obra clave del Plan Nacional Hídrico impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum. El debate no es solo por el agua, sino por la soberanía sobre los recursos y el destino de miles de familias.
Resistencia en el Bajío: el origen del conflicto por el agua
Alrededor de 300 agricultores de los municipios de Acámbaro, Pénjamo, Jerécuaro y Salvatierra convergieron en una manifestación contundente contra el proyecto del acueducto. Esta obra está diseñada para trasvasar agua de la presa Solís a centros urbanos de alto consumo como León, Celaya, Salamanca, Irapuato y Silao.
La protesta del 2 de enero de 2026 reflejó un profundo temor ante el proyecto federal. Los inconformes, fotografiados por Carlos García, corresponsal, portaban pancartas que encapsulaban su rechazo:
- «No al acueducto de la presa Solís»
- «El agua del campo no se toca»
- «El acueducto destruye lo que el pueblo construye»
- «El agua es vida y nos la quieren quitar»
La obra forma parte esencial del Plan Nacional Hídrico, bandera de la administración de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y su implementación ha generado una fractura entre la visión de desarrollo centralizada y las necesidades locales del campo guanajuatense.
Argumentos oficiales versus temores campesinos
Tanto el gobierno del estado de Guanajuato como la federación han intentado mitigar las preocupaciones, asegurando que el caudal destinado a los cinco municipios metropolitanos provendrá exclusivamente de los ahorros generados por la tecnificación del Distrito de Riego 011.
No obstante, los productores del campo mantienen una postura escéptica, afirmando que el proyecto inexorablemente les «quitará el agua». Las inconformidades de los manifestantes, provenientes de Acámbaro, Jerécuaro, Salvatierra y Pénjamo, se centran en varios puntos cruciales:
- Beneficio industrial: La percepción de que el agua será destinada principalmente para «beneficiar a los ricos y a la industria».
- Adeudos históricos: La federación aún adeuda pagos correspondientes a las tierras donde se construyó originalmente la presa Solís.
- Afectación pesquera: Aseguraron que la edificación de la estructura también afectará la actividad pesquera. Hay mil 200 pescadores que viven directamente de la presa Solís y temen por su sustento.
- Cierre de canales: Agregaron que en el Módulo de Riego de Acámbaro fueron cerrados los canales, afectando el flujo del agua.
Implicaciones financieras y logísticas de la obra
La magnitud del proyecto Acueducto Solís es un pilar del desarrollo regional. Para su realización, que incluye la tecnificación y el saneamiento del río Lerma, la federación y el estado han comprometido una inversión conjunta que asciende a 15 mil millones de pesos.
Detalle de la inversión y la deuda
La tecnificación específica del Distrito de Riego 011, que supuestamente generará los ahorros, recibirá una inversión de más de 6 mil 400 millones de pesos. Esta cifra está proyectada para beneficiar directamente a 25 mil campesinos mediante la mejora de la eficiencia en el uso del agua.
El proyecto ya ha generado controversia en el ámbito legislativo: el 16 de diciembre pasado, unas 100 personas se manifestaron en la sesión del Congreso local, donde se aprobó una deuda de 4 mil millones de pesos destinada específicamente a la construcción del acueducto.
La promesa hídrica y su alcance
Se espera que, con la culminación de la tecnificación, se logre un ahorro de 120 millones de metros cúbicos de agua. Este volumen es el que será canalizado a través del acueducto, una estructura de 187 kilómetros de longitud, buscando aliviar la escasez hídrica en la zona metropolitana.
El proyecto de infraestructura busca llevar agua potable a 2.6 millones de habitantes, que es el 43 por ciento de la población total de Guanajuato, en los municipios de León, Silao, Irapuato, Salamanca y Celaya. A pesar de los beneficios proyectados, la resistencia social demuestra que el costo político y comunitario de esta infraestructura podría ser mayor de lo calculado, requiriendo «negociadores profesionales», como pidió un líder empresarial, para concretar el acueducto.
La tensión en Guanajuato subraya la vieja dicotomía de la política mexicana: el progreso impulsado por grandes obras versus la defensa de los derechos ancestrales de quienes trabajan la tierra. ¿Podrá la administración federal conciliar el ambicioso Plan Nacional Hídrico con la legítima demanda de miles de agricultores y pescadores que temen perder su patrimonio y modo de vida? El acueducto Solís se convierte así en la nueva vara de medir la capacidad de diálogo del Estado.
