Más de 20 periodistas sufren agresiones y robo de equipo durante protestas de octubre

Más de 20 periodistas sufrieron agresiones físicas, gas lacrimógeno y robo de equipo en protestas de octubre en CDMX, Jalisco y Morelos.
Más de 20 periodistas sufren agresiones y robo de equipo durante protestas de octubre

Un informe de Artículo 19 y la Red Rompe el Miedo documentó agresiones físicas, uso de gas lacrimógeno y despojo de material de trabajo contra más de 20 reporteros durante las movilizaciones de octubre de 2026 en Ciudad de México, Jalisco y Morelos.

Patrón sistemático de violencia contra la prensa en tres entidades

El informe «Represión como respuesta» evidencia que las agresiones a más de 20 comunicadores no son hechos aislados, sino un esquema reiterado de uso excesivo de la fuerza y obstrucción informativa por parte de policías, autoridades y manifestantes.

Las movilizaciones sociales registradas en octubre de 2026 derivaron en una escalada de violencia contra los profesionales de la información. De acuerdo con el diagnóstico conjunto elaborado por Artículo 19 y la Red Rompe el Miedo, el saldo preliminar incluye a más de 20 integrantes de la prensa afectados en Ciudad de México, Jalisco y Morelos. Las agresiones documentadas comprenden golpes con macanas y escudos, impactos de latas de gas lacrimógeno, asfixia por polvo de extintor, amenazas, daños materiales y robo de herramientas de trabajo como cámaras fotográficas, teléfonos celulares y computadoras portátiles.

El análisis de los casos permite trazar un comportamiento coordinado donde las fuerzas de seguridad, personas vinculadas a administraciones públicas y participantes en las marchas obstaculizaron la labor informativa. Los ataques se concentraron de forma específica en aquellos momentos en que los reporteros intentaban documentar detenciones, la actuación policial o los enfrentamientos derivados de las protestas.

Entidad FederativaFecha de ProtestaMotivo de la MovilizaciónPrincipales Agresiones Registradas
Ciudad de México2 de octubre58 aniversario de la matanza de TlatelolcoEncapsulamientos, golpes de policías de la SSC, robo de equipos y dispositivos móviles.
Ciudad de México9 de octubreProtesta de mujeres trans y trabajadoras sexuales (Alcaldía Cuauhtémoc)Golpes con objetos contundentes, ataque con polvo de extintor y destrucción de teléfonos.
JaliscoOctubre (fechas diversas)Exigencia de agua potable de calidad sanitariaGolpes con macanas que requirieron sutura, impacto de gas lacrimógeno y daño a lentes fotográficos.
Morelos2 de octubreJusticia por feminicidios y asesinatos de estudiantes (Cuernavaca)Hostigamiento y exigencia de borrar material fotográfico por parte de manifestantes.

Mecánica de los ataques y uso de fuerza policial en la capital

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y civiles agredieron y despojaron de equipo a periodistas en Tlatelolco y la alcaldía Cuauhtémoc, utilizando además drones institucionales para generar material de descredito.

En la capital del país, las hostilidades iniciaron durante la conmemoración del 58 aniversario de la matanza de Tlatelolco. Diversos comunicadores sufrieron cercos operativos y agresiones físicas directas por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y sujetos vestidos de negro.

El reportero Iván Ortiz, de El Sol de México, fue golpeado en repetidas ocasiones cerca de la estación Tlatelolco del Metro, siendo despojado de su computadora y teléfono celular tras registrar una confrontación. Bajo un método similar operaron cinco policías que encapsularon y golpearon a Óscar Jesús Campos, de Radio Zapote, para robarle su mochila con equipo de trabajo. Por su parte, Mariana Morales, colaboradora de La Izquierda Diario México, sufrió la fractura de su rutina laboral tras ser derribada por agentes mientras documentaba una detención; las lesiones en rodillas y cuello le impidieron laborar por diez días.

El informe detalla un uso colateral de la tecnología oficial: durante el operativo del 2 de octubre, la SSC empleó drones institucionales y las videograbaciones obtenidas fueron canalizadas posteriormente a perfiles civiles en redes sociales con el propósito de desacreditar la protesta, ocultando el origen policial de las tomas.

Siete días más tarde, el 9 de octubre, la violencia se trasladó a las inmediaciones de la alcaldía Cuauhtémoc. Durante la cobertura de una protesta de mujeres trans y trabajadoras sexuales, el reportero Axel Hernández fue agredido con objetos contundentes y polvo de extintor por personas identificadas con prendas de la demarcación, quienes además destruyeron su dispositivo móvil. En este mismo evento, otros dos comunicadores sufrieron traumatismos craneales, uno de los cuales debió esperar más de 45 minutos para recibir asistencia médica.

Represión en Jalisco y Morelos durante demandas sociales

Fotoperiodistas en Guadalajara sufrieron lesiones graves que requirieron intervención hospitalaria por parte de policías estatales, mientras que en Cuernavaca manifestantes hostigaron a los equipos de cobertura.

Fuera de la capital mexicana, la violencia contra la prensa escaló en niveles de gravedad física. En Guadalajara, Jalisco, las protestas ciudadanas para exigir agua potable de calidad sanitaria derivaron en agresiones directas contra la prensa. El fotoperiodista independiente Canser fue golpeado con macanas por agentes policiales tras documentar una manifestación, sufriendo contusiones en el abdomen, hombro y cabeza que ameritaron ocho puntos de sutura.

En esa misma jornada, Mario Antonio López Carbajal, director de la revista Para Esto!, recibió el impacto directo de un proyectil de gas lacrimógeno en el rostro, lo que provocó una hemorragia severa que requirió su hospitalización de emergencia. La reportera Isaura López, de El Occidental, resultó herida por chorros de agua a presión y gases químicos desplegados por los cuerpos de seguridad. Asimismo, la periodista María Luisa Estrada denunció que policías la inmovilizaron para arrebatarle su cámara, provocando la rotura de un lente y daños en su teléfono, afectaciones que la marginaron de sus actividades durante una semana. El registro en Jalisco sumó además cuatro casos preliminares el 18 de octubre, incluyendo a un comunicador lesionado por petardos y otro retenido con su equipo sustraído.

En contraste, en Cuernavaca, Morelos, las agresiones del 2 de octubre provinieron de sectores de los manifestantes. Durante una marcha por el 2 de octubre para exigir justicia ante feminicidios y homicidios de estudiantes universitarios, un equipo de N+ compuesto por una reportera y un camarógrafo fue hostigado por personas vestidas de negro que bloquearon su transmisión en vivo. Una corresponsal adicional fue cercada por grupos que le exigieron la eliminación inmediata de sus registros fotográficos.

Contexto estructural de impunidad y el colapso del ejercicio informativo

México mantiene una calificación de alta restricción en el Índice Chapultepec y una tasa de impunidad del 98.27% en delitos contra periodistas investigados por la Feadle entre 2010 y 2024.

Los sucesos de octubre se insertan en un entorno generalizado de erosión para la libertad de expresión en el territorio nacional. En marzo de 2026, datos difundidos por Proceso expusieron que el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) catalogó a México en el peldaño de “Alta Restricción”, adjudicándole 34.9 puntos de 100 posibles, la marca más baja desde la instauración del estudio en 2020.

El diagnóstico institucional —respaldado por la valoración de 195 expertos en 23 naciones— enfatiza la persistencia de homicidios, hostigamiento judicial, trabas sistemáticas a la información pública y un nivel crítico de impunidad. El Poder Ejecutivo fue señalado como uno de los principales actores institucionales adversos al libre ejercicio periodístico.

Esta falta de garantías encuentra sustento en la inoperancia de los mecanismos de procuración de justicia. Entre 2010 y 2024, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) integró dos mil 371 indagatorias, de las cuales apenas 201 concluyeron con resolución. Al focalizar el análisis en sentencias condenatorias efectivas, el margen de impunidad trepa hasta el 98.27%.

Aunado al riesgo histórico que representa la delincuencia organizada, reportajes previos de Proceso publicados en junio confirmaron que funcionarios públicos, fiscalías, fuerzas de seguridad y operadores políticos figuran recurrentemente como emisores de amenazas, persecución judicial e intimidación, configurando un escenario donde documentar la actuación de los propios cuerpos del Estado representa un factor de alto riesgo para los informadores.

© Copyright 2026 – Caribe Peninsular. Todos los Derechos Reservados.

Compartir

Holbox

Anuncio

cozumel fitness

Las noticias al momento