Redacción/CARIBE PENINSULAR
CIUDAD DE MÉXICO.— La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó revisar la legalidad de la decisión del Congreso de Quintana Roo de cancelar la prórroga otorgada a Aguakan para prestar los servicios de agua potable y saneamiento en cuatro municipios del norte del estado hasta 2053.
De acuerdo con información publicada por La Jornada, en una nota del periodista Iván Evair Saldaña, el máximo tribunal analizará si el Congreso estatal tenía facultades para revocar la ampliación de la concesión y si un juez federal podía suspender los efectos de esa decisión legislativa.
El caso está relacionado con la polémica ampliación de la concesión de Desarrollos Hidráulicos de Cancún (Aguakan), autorizada en 2014 durante el gobierno del priista Roberto Borge Angulo, mediante un acuerdo que involucró el pago de más de mil millones de pesos a la administración estatal.
La empresa obtuvo originalmente, en 1993, una concesión por 30 años para operar en Benito Juárez e Isla Mujeres. Sin embargo, en 2014 el Congreso estatal autorizó extenderla hasta 2053, además de incorporar a Playa del Carmen.
En diciembre de 2023, el Congreso de Quintana Roo revocó la ampliación, con el argumento de presuntas irregularidades en su otorgamiento, incumplimientos graves en la prestación del servicio y los resultados de la consulta ciudadana realizada en 2022.
La concesionaria impugnó la medida y, en enero de 2024, obtuvo una suspensión definitiva de un juez federal, lo que le permitió continuar operando mientras se resuelve el litigio.
Según La Jornada, la intervención de la Suprema Corte deriva de dos solicitudes promovidas por Aguakan, que fueron asumidas por integrantes del máximo tribunal y aprobadas por mayoría de votos.
En el primer asunto, la ministra Loretta Ortiz Ahlf promovió la atracción del recurso de revisión incidental 245/2024, mediante el cual se analizará la suspensión judicial relacionada con la cancelación de la prórroga.
En el segundo caso, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz y la ministra Lenia Batres Guadarrama, junto con Loretta Ortiz, impulsaron la reasunción de competencia para resolver el amparo en revisión 311/2025.
Uno de los puntos centrales será determinar si el Congreso estatal podía cancelar, mediante un nuevo decreto, una ampliación que él mismo había autorizado, sin conceder previamente a Aguakan el derecho de audiencia.
También se analizará si un juez federal podía frenar la aplicación del decreto legislativo o si deben prevalecer el interés social y los principios ambientales relacionados con el suministro de agua potable.
Por otra parte, La Jornada recordó que el pasado 19 de agosto la Suprema Corte atrajo otro amparo relacionado con Aguakan, promovido por Jorge Eduardo Ballesteros Franco, socio mayoritario de Desarrollos Hidráulicos de Cancún.
El empresario busca anular una orden de aprehensión por presunto lavado de dinero, vinculada con el pago de más de mil millones de pesos al gobierno de Roberto Borge para obtener la ampliación de la concesión.
En ese expediente, todavía pendiente de resolución, los ministros deberán determinar si era necesaria una denuncia previa de la Secretaría de Hacienda para ordenar su captura.
Por ahora, la Suprema Corte no ha resuelto la legalidad de la cancelación de la prórroga, por lo que continúa vigente la suspensión judicial que permite a Aguakan mantener la prestación del servicio en Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Playa del Carmen.









