El gobierno de México carece de sustento jurídico para solicitar la extradición del juez federal Luis Benítez Alcántara, detenido en Bogotá a petición de Estados Unidos por cargos de narcotráfico, debido a la inexistencia de un proceso penal abierto en territorio mexicano.
Inexistencia de causa penal en México frena petición de retorno
La defensa legal confirma que el juez federal no cuenta con expedientes criminales abiertos en tribunales mexicanos, lo que impide una solicitud formal de extradición hacia México.
La captura de Luis Benítez Alcántara se concretó el pasado 1 de noviembre en el aeropuerto internacional de Bogotá. El funcionario judicial se disponía a abordar un vuelo con destino a México y escala en Panamá cuando la policía colombiana ejecutó la orden de aprehensión. La operación contó con la coordinación directa del Buró Federal de Investigaciones (FBI).
Ante este escenario, la defensa técnica encabezada por el abogado Manuel González Sánchez estableció gestiones con autoridades judiciales mexicanas para definir la estrategia jurídica. El argumento central radica en que la ausencia de causas penales en México anula la posibilidad de gestionar una extradición desde ese país, aunque la representación legal evalúa vías diplomáticas alternas para lograr una repatriación o retorno.
| Actor / Institución | Rol en el Proceso | Estatus Legal / Imputación |
| Luis Benítez Alcántara | Juez federal mexicano | Detenido en Bogotá; requerido por un tribunal de California por nueve cargos. |
| Manuel González Sánchez | Abogado defensor en Colombia | Gestiona canales diplomáticos para la repatriación y rechaza las acusaciones. |
| Gobierno de Estados Unidos | Solicitante de extradición | Acusa al juez de narcotráfico, empresa criminal continua, asesinato y tentativa. |
| Tribunal de Disciplina Judicial | Órgano de control mexicano | Acumula cuatro investigaciones previas contra el juez por irregularidades. |
Acusaciones de Estados Unidos y el caso Andrew Clark
Estados Unidos imputa al juez federal nueve cargos vinculados con el Cártel de Sinaloa, incluyendo un presunto soborno de dos millones de dólares para liberar a un operador criminal.
El Departamento de Justicia estadounidense reclama al juez mexicano para procesarlo en un tribunal federal en California. Los señalamientos abarcan narcotráfico, empresa criminal continua, homicidio y tentativa de homicidio. La acusación específica sostiene que Benítez Alcántara recibió un soborno de dos millones de dólares en efectivo durante febrero de 2025. El objetivo de dicha contraprestación habría sido liberar al narcotraficante Andrew Clark, identificado como el segundo al mando del capo canadiense Ryan James Wedding.
La defensa rechaza categóricamente los señalamientos al argumentar que la liberación de Clark constituyó una resolución emitida en ejercicio de la función pública y soberana en territorio mexicano. El abogado defensor subraya que cualquier revisión sobre la legalidad de dicha resolución compete exclusivamente a los tribunales de México y no a la justicia estadounidense.
- Defensa de la soberanía: El equipo legal sostiene que los actos jurisdiccionales realizados en México deben ser evaluados por las instituciones nacionales antes de convalidar traslados internacionales.
- Negación de ilícitos: La representación jurídica afirma que la decisión judicial se tomó de manera legítima, sin conductas delictivas de por medio, lo cual pretenden demostrar en los tribunales correspondientes.
- Investigaciones internas: El Tribunal de Disciplina Judicial mexicano posee cuatro indagatorias abiertas contra el juez por irregularidades administrativas, mas ninguna corresponde al caso de soborno imputado por Estados Unidos.
Posicionamiento de Colombia y ruta crítica del juicio
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia determinará la procedencia de la extradición solicitada por el gobierno estadounidense.
Paralelamente al proceso de extradición, el director de Investigación Criminal e Interpol de la policía colombiana, coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, señaló que el juez mexicano ingresó a Bogotá para sostener reuniones clandestinas. Según la versión policial, el objetivo era coordinar el envío de cargamentos de clorhidrato de cocaína hacia Centroamérica y Estados Unidos.
El consulado de México en Bogotá mantiene seguimiento sobre la situación jurídica para verificar la vigencia de las garantías procesales del imputado. No obstante, el litigio principal recae en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, instancia encargada de emitir el fallo sobre la entrega del funcionario a la justicia estadounidense, con independencia de las acciones diplomáticas que emprenda el Estado mexicano.
