La presidenta del Ieqroo, Rubí Pacheco, y prácticamente toda la institución están sentadas sobre un barril de pólvora.
Y es que el Ieqroo, y directamente Rubí Pacheco, están bajo señalamientos por la aprobación de contratos millonarios con empresas vinculadas a los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, relacionados con el escándalo de las adjudicaciones en el INE que derivó en cuestionamientos a la gestión de quien fuera presidenta de ese organismo, Guadalupe Taddei Zavala.
Pero eso no es todo.
Sobre el INE de Taddei no solo están los cuestionamientos por las adjudicaciones de contratos, sino también los señalamientos sobre la posible influencia de los hermanos Hernández Casillas en los organismos públicos locales electorales (OPLES), entre ellos el Ieqroo.
En el caso de Quintana Roo hay un dato que no debe minimizarse: tres de los siete integrantes del Consejo General del Ieqroo fueron designados de un solo jalón por el Consejo General del INE, cuando Guadalupe Taddei presidía el organismo nacional.
Se trata de Nora Leticia Cerón González, Patricia del Rocío Cortés Pastrana y Julio Asrael González Carrillo, quienes asumieron sus cargos el 3 de noviembre de 2025, por un periodo de siete años, hasta 2032.
Los tres representan el 42.9 por ciento del Consejo General y presiden actualmente seis de las diez comisiones permanentes del Ieqroo.
Pero, como diría el clásico, aún hay más: Julio Asrael González Carrillo preside la Comisión de Administración, un área relacionada con el manejo administrativo y financiero del organismo electoral.
Contratos
La conexión entre Taddei, el Consejo General del INE, los hermanos Hernández Casillas, Rubí Pacheco y el Ieqroo es una compleja maraña y, por eso, vamos por partes.
El 14 de abril de 2025, el Ieqroo adjudicó, mediante la licitación pública nacional IEQROO/LPN/16/2025, dos contratos para la elección extraordinaria del Poder Judicial.
Uno fue para Litho Formas, por aproximadamente 34 millones 798 mil pesos, y otro para Cajas Graf, por 15 millones 897 mil pesos.
En total, casi 51 millones de pesos.
Estas empresas aparecen en las investigaciones periodísticas sobre proveedores electorales vinculados a los hermanos Hernández Casillas, cuyos negocios han sido relacionados con Guadalupe Taddei.
Rubí Pacheco ha reconocido las contrataciones, pero sostiene que el Ieqroo no podía impedir la participación de empresas que no estuvieran legalmente inhabilitadas.
“Este Instituto no podría sesgar la participación de nadie si estas empresas no tienen una inhabilitación”, declaró la presidenta del organismo.
El argumento puede explicar por qué se permitió concursar a esos proveedores, pero no resuelve por sí mismo los cuestionamientos sobre las adjudicaciones, sus antecedentes y los posibles conflictos de interés que ahora se investigan.
Pero la historia viene aún de más atrás.
Un acta oficial del 14 de marzo de 2022, cuando el Ieqroo todavía era presidido por Mayra San Román Carrillo Medina, documenta la participación de Cajas Graf y Corporativo Zeg en una junta de aclaraciones de la licitación IEQROO/LPN/07/2022.
Es decir, esas empresas ya participaban en procedimientos del Ieqroo antes de que Taddei llegara a la presidencia del INE, en marzo de 2023.
La documentación permite establecer una continuidad en la presencia de esos proveedores, aunque su participación en aquella junta de aclaraciones no acredita, por sí misma, que hayan obtenido la adjudicación.
Ahora bien, hay que revisar quiénes estaban al frente del Instituto cuando se aprobaron los contratos de abril de 2025.
Rubí Pacheco fue designada presidenta del Ieqroo en 2022, antes de la llegada de Taddei al INE, y su periodo concluirá en 2029.
Por su parte, Juan César Hernández Cruz, nombrado consejero electoral en 2018, presidía la Comisión de Administración cuando se realizaron las adjudicaciones cuestionadas.
Hernández Cruz concluyó su encargo en noviembre de 2025.
Por tanto, los contratos se adjudicaron durante la presidencia de Rubí Pacheco y cuando Hernández Cruz estaba al frente de la Comisión de Administración.
Y aquí hay otra coincidencia temporal que tampoco puede pasarse por alto.
Consejeros
El 31 de octubre de 2025, apenas unos meses después de aquellas adjudicaciones, el Consejo General del INE, todavía presidido por Guadalupe Taddei, designó de un solo jalón a tres nuevos consejeros del Ieqroo.
Lo que es, es. No fueron nombramientos personales de Taddei, sino decisiones colegiadas del Consejo General del INE, mediante el procedimiento de selección correspondiente.
Sin embargo, los tres nombramientos se produjeron durante su gestión y modificaron de manera importante la integración del organismo electoral quintanarroense.
Nora Leticia Cerón González quedó al frente de las comisiones Jurídica y de Transparencia, Información y Estudios Electorales.
Patricia del Rocío Cortés Pastrana asumió las presidencias de Organización, Informática y Estadística, así como Comunicación Social.
Y Julio Asrael González Carrillo pasó a encabezar Administración y Quejas y Denuncias.
En otras palabras, tres consejeros designados durante la presidencia de Taddei quedaron al frente del 60 por ciento de las comisiones permanentes del Ieqroo.
No tienen por sí solos mayoría en el Consejo General, pero sí responsabilidades relevantes en áreas relacionadas con la administración, la transparencia, los asuntos jurídicos, la organización electoral y la atención de denuncias.
Julio Asrael González Carrillo
Particularmente significativo resulta el caso de Julio Asrael González Carrillo.
Cuando se adjudicaron los contratos de abril de 2025, la Comisión de Administración estaba presidida por Juan César Hernández Cruz.
Meses después, tras concluir su periodo, esa presidencia pasó a Julio Asrael, uno de los tres consejeros designados durante la gestión de Taddei.
Esto no significa que Julio Asrael haya intervenido en los contratos anteriores a su nombramiento, ni debe confundirse la Comisión de Administración con el Comité de Contrataciones, Adquisiciones y Bajas.
Pero sí coloca bajo atención pública la responsabilidad que tiene actualmente su comisión frente a los cuestionamientos sobre el manejo de los recursos del Instituto.
Por cierto, Julio Asrael González Carrillo ya estuvo recientemente en el ojo del huracán.
Y no precisamente por el asunto de los contratos, sino por una denuncia de Lidia Rojas Fabro, excandidata de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Othón P. Blanco, quien lo señaló por un presunto conflicto de interés, falta de imparcialidad y actos que, a su juicio, restringieron su libertad de expresión política.
El antecedente se remonta a las elecciones municipales de 2024, cuando Lidia Rojas disputó la alcaldía de Othón P. Blanco a Yensunni Martínez, candidata de la coalición Morena-PT-PVEM.
La contienda fue tan cerrada que derivó en un recuento total de votos.
Y aquí está el detalle.
Julio Asrael González Carrillo participó en aquel proceso como representante legal del Partido del Trabajo, defendiendo los intereses de la coalición que postuló a Yensunni Martínez.
Hasta ahí, nada extraordinario. Un abogado puede representar legalmente a un partido político.
El asunto es que, poco más de un año después, Julio Asrael llegó al Consejo General del Ieqroo como consejero electoral y asumió, entre otras responsabilidades, la presidencia de la Comisión de Quejas y Denuncias.
Desde esa nueva posición, según los señalamientos de Lidia Rojas, participó en acuerdos relacionados con medidas cautelares que ordenaron retirar videos y publicaciones en los que la excandidata criticaba la administración municipal de Othón P. Blanco.
Es decir, quien en 2024 había defendido jurídicamente a una de las partes de la contienda electoral, en 2026 intervenía desde el órgano electoral en procedimientos que afectaban las publicaciones de quien había sido su contraparte en aquella elección.
Y eso fue precisamente lo que denunció Lidia Rojas.
En octubre de 2026, la excandidata presentó una queja formal en la que cuestionó la imparcialidad del consejero y sostuvo que debió excusarse de intervenir en cualquier procedimiento relacionado con ella.
La denunciante argumentó que sus críticas al Ayuntamiento de Othón P. Blanco formaban parte del ejercicio de sus derechos políticos y de su libertad de expresión, y que las medidas ordenadas constituían una forma de censura.
Pero la denuncia fue más allá.
Lidia Rojas solicitó que Julio Asrael González Carrillo se abstuviera de participar o votar en asuntos que la involucraran y que se diera vista al Consejo General del INE para evaluar si existían elementos que justificaran iniciar un procedimiento de remoción.
Por supuesto, la denuncia no equivale a una resolución que acredite responsabilidad del consejero. Lo que puede, omitirse es que se trata de uno de los tres integrantes del Ieqroo designados durante la presidencia de Guadalupe Taddei y que, además, encabeza dos comisiones de especial importancia: una es Administración, la otra, precisamente, Quejas y Denuncias.
También hay otro antecedente.
Patricia del Rocío Cortés Pastrana, otra de las consejeras designadas en octubre de 2025, fue secretaria particular de Mayra San Román, quien presidía el Ieqroo cuando Cajas Graf ya participaba en procedimientos de contratación del organismo.
No es prueba de intervención en aquellas adjudicaciones, pero constituye un antecedente de su trayectoria dentro de la institución.
La situación deja dos historias que se cruzan en el mismo Instituto.
Por un lado, los contratos con proveedores que aparecen en las investigaciones relacionadas con el caso Taddei.
Por otro, los nombramientos de tres consejeros durante su presidencia del INE, quienes actualmente encabezan seis comisiones permanentes.
La coincidencia temporal no demuestra que los contratos y las designaciones hayan formado parte de una misma operación. Tampoco acredita que los hermanos Hernández Casillas intervinieran en la selección de esos consejeros.
Pero los señalamientos sobre la influencia de esos empresarios en los OPLES hacen necesario esclarecer cualquier posible relación entre los proveedores y los procesos de designación.
Además, Rubí Pacheco anunció que solicitó reconstruir el historial de contrataciones con los proveedores cuestionados, pero, al mismo tiempo, desliza que no ha tenido nada que ver, aunque ella presidía el Comité de Contrataciones cuando se realizaron las adjudicaciones de 2025.
La revisión tendría que permitir conocer no solamente cuánto dinero recibieron esas empresas, sino también quiénes participaron en los procedimientos, qué criterios se aplicaron y qué controles administrativos funcionaron.
En medio de esta metralla de cuestionamientos, ya está a la vuelta el proceso electoral de 2027, cuando Quintana Roo elegirá gubernatura, ayuntamientos y diputaciones locales.
Las contrataciones para organizar esas elecciones, así como las decisiones de las comisiones de Administración, Organización, Jurídica y Quejas y Denuncias, tendrán una importancia central.
Por eso, los cuestionamientos no se limitan a contratos del pasado. También alcanzan a las responsabilidades que tendrán los actuales consejeros en la preparación de los próximos comicios.
La pregunta no es solamente qué ocurrió con los contratos adjudicados en 2025, sino qué mecanismos de vigilancia y transparencia aplicará el actual Consejo General.
Y en ese punto, Rubí Pacheco tiene una responsabilidad directa como presidenta del organismo. Aparece otra vez en medio del escenario.
El Ieqroo enfrenta así dos asuntos que requieren explicaciones distintas: las contrataciones realizadas bajo la presidencia de Rubí Pacheco y la actuación de los consejeros nombrados durante la gestión de Guadalupe Taddei.
Pero hay un dato de última hora que coloca estos cuestionamientos en una dimensión todavía mayor.
Investigación total
Ayer, 4 de noviembre, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció que mantiene abiertas investigaciones de oficio sobre contrataciones públicas del INE, del extinto IFE y de todos los organismos públicos locales electorales del país.
Y todos significa todos. Incluido, por supuesto, el Ieqroo.
La ASF también realizará un estudio histórico de las adquisiciones efectuadas entre 2000 y 2025, con el propósito de identificar patrones de contratación, concentración de proveedores y posibles prácticas ilegales en el ejercicio de los recursos públicos.
Además, anunció una auditoría integral al INE y una revisión de la totalidad del gasto federalizado ejercido por los organismos electorales estatales.
El organismo fiscalizador ha identificado operaciones por aproximadamente 8 mil 870 millones de pesos concentradas en dos grupos empresariales entre 2014 y 2026.
De ese monto, alrededor de 3 mil 790 millones de pesos corresponden a operaciones con organismos electorales locales.
Entre las posibles irregularidades bajo investigación figuran la simulación de competencia en licitaciones, las subcontrataciones entre empresas relacionadas y la participación de proveedores con estructuras laborales mínimas o inexistentes.
Y, por supuesto, el Ieqroo no queda al margen. Sus contrataciones forman parte del universo de operaciones que podrá examinar la ASF en una revisión de alcance nacional. Todo esto ocurre cuando el organismo quintanarroense ya enfrenta cuestionamientos por contratos millonarios, la integración de su Consejo General y la actuación de algunos de sus consejeros.
Y con este Ieqroo, ya estamos en el proceso electoral de 2027.
