La Auditoría Superior de la Federación investigará de oficio las adquisiciones del INE, el IFE y los OPLEs entre 2000 y 2025, en paralelo a una denuncia penal del organismo electoral ante la FGR por contratos irregulares que fracturaron la administración de Guadalupe Taddei.
El alcance histórico de la fiscalización federal
- Periodo investigado: 2000 a 2025, abarcando al IFE, al INE y a los organismos públicos locales electorales.
- Líneas de trabajo: Investigación de oficio en contrataciones, estudio histórico de adquisiciones y auditoría integral al gasto federalizado.
- Objetivos: Determinar patrones de contratación, concentración de proveedores, grupos empresariales beneficiados y posibles prácticas ilegales.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) implementará tres vertientes de fiscalización para esclarecer el manejo presupuestal de las autoridades electorales durante un cuarto de siglo. La intervención incluye el análisis de los recursos ejercidos durante la gestión de Guadalupe Taddei, la presidencia de Lorenzo Córdova (2014-2023) y la etapa final del Instituto Federal Electoral (IFE).
El organismo fiscalizador determinó iniciar estas indagatorias tras detectar múltiples anomalías históricas en el ejercicio del gasto público electoral mediante trabajos de inteligencia financiera y el requerimiento de información a las entidades federativas. La medida coincide con el incremento de la presión política sobre el aparato administrativo electoral.
Quiebre administrativo y salida masiva en el organismo
- Dimisión: Guadalupe Taddei renunció a la presidencia del INE el 26 de octubre de 2026 ante la presión por conflictos de interés y contratos cuestionados.
- Remociones: 30 funcionarios cercanos a la expresidenta abandonaron sus puestos, incluidos 17 integrantes de su oficina y tres titulares de la Junta General Ejecutiva.
- Nómina estratégica: Catorce de los 33 colaboradores directos de Taddei percibían percepciones superiores a los 100 mil pesos brutos mensuales.
La dimisión de Taddei desató una parálisis operativa resuelta de manera provisional por diez consejeros electorales, quienes designaron a Blanca Cruz García al frente del organismo. La nueva administración emprendió una revisión exhaustiva de perfiles y contratos. Entre los funcionarios separados del cargo figuran Carlos Daniel Luna Rosas (jefe de Oficina), José Alberto Pérez de Acha (Unidad Técnica de Servicios de Informática), Iliana Araceli Hernández Gómez (Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación) y Sergio Uzeta Murcio (Comunicación Social).
La concentración de poder administrativo facilitó las designaciones bajo sospecha. En octubre de 2024, Morena y sus aliados reformaron la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) para otorgar a la presidencia del INE la facultad de nombrar directamente a los titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas, eliminando el requisito de aprobación por una mayoría de ocho de los once consejeros del órgano colegiado.
| Funcionario separado | Cargo estratégico durante la gestión |
| Carlos Daniel Luna Rosas | Jefe de Oficina de la Presidencia |
| José Alberto Pérez de Acha | Titular de la Unidad Técnica de Servicios de Informática |
| Iliana Araceli Hernández Gómez | Responsable de la Unidad Técnica de Igualdad de Género |
| Sergio Uzeta Murcio | Coordinador Nacional de Comunicación Social |
Confrontación penal y cruce de acusaciones políticas
- Vía judicial: El Consejo General acordó presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por probables delitos vinculados a contrataciones.
- Expedientes internos: El Órgano Interno de Control contabiliza 18 expedientes activos por conflictos de interés y posibles contrataciones ilícitas.
- Bloque opositor: El Partido Acción National (PAN) presentó una denuncia ante la FGR por peculado, cohecho, asociación delictuosa y ejercicio abusivo de funciones.
La crisis institucional escaló al ámbito jurisdiccional. El 3 de noviembre, Blanca Cruz García confirmó que el Consejo General solicitará a la FGR investigar los hechos sin apuntar a una persona específica, delimitando responsabilidades entre funcionarios y particulares. En paralelo, el Órgano Interno de Control mantiene abiertos 18 expedientes por anomalías administrativas.
En el frente político, el choque entre Morena y el PAN profundizó la vulnerabilidad del INE. La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó auditar las distintas administraciones del instituto, cuestionando la gestión de Lorenzo Córdova y señalando contratos como el arrendamiento de vehículos con la empresa Jet Van en 2015 por mil millones de pesos. Por su parte, Córdova rechazó las acusaciones al argumentar que su gestión superó las revisiones de la ASF y atribuyó la actual parálisis a la reforma que eliminó los contrapesos internos.
En tanto, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, exigió rendición de cuentas al oficialismo y anunció una ofensiva legislativa para revertir la reforma de octubre de 2024, restituyendo al Consejo General la facultad de aprobar los nombramientos clave del instituto electoral.
