Un juez federal con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, vinculó a proceso a Rodolfo Hernández Sánchez, un herrero de 55 años originario de San Fernando, Chiapas, por su presunta participación en delitos de adquisición y almacenamiento de hidrocarburos, mientras su familia denuncia una suplantación de identidad corporativa.
La captura en Chiapas y el traslado a Veracruz
La detención de Rodolfo Hernández Sánchez se ejecutó tras una falsa cita de trabajo que derivó en su traslado a la Fiscalía General de la República en Tuxtla Gutiérrez y posterior reclusión en Veracruz.
El miércoles 14 de octubre, dos personas acudieron a la residencia de Rodolfo Hernández Sánchez en la colonia Benito Juárez, en el municipio chiapaneco de San Fernando, bajo el pretexto de solicitar un presupuesto para un trabajo de herrería. Según el testimonio de su hijo, Ismael Hernández Hernández, el imputado salió del domicilio con los solicitantes y fue interceptado por hombres armados a bordo de una camioneta blanca sin marcas oficiales.
Posteriormente, la familia confirmó su traslado a la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tuxtla Gutiérrez, para luego ser remitido a Coatzacoalcos, Veracruz. El lunes siguiente, un juez federal determinó la vinculación a proceso por delitos en materia de hidrocarburos en las modalidades de adquisición y almacenamiento, una resolución que mantiene abierta la investigación sin constituir aún una sentencia condenatoria.
La contradicción documental y la empresa Petronuco
El expediente judicial atribuye al herrero estudios de ingeniería petrolera y la administración única de una empresa naviera de hidrocarburos en Tamaulipas, datos refutados por su entorno familiar.
De acuerdo con los registros que la familia conoció del expediente, a Hernández Sánchez se le señala como administrador único de la empresa Petronuco, una razón social constituida ante una notaría pública en Tamaulipas que presuntamente renta un buque para almacenar combustibles. En la documentación judicial se adjunta una copia de su credencial para votar del Instituto Nacional Electoral (INE).
No obstante, su esposa, Claudia Hernández, declaró que el imputado cursó únicamente la educación secundaria y ha laborado durante décadas en la herrería y como policía municipal durante 17 años, actividad que abandonó por complicaciones de salud derivadas de la diabetes. La defensa familiar enfatiza que el expediente le adjudica una formación en ingeniería petrolera y una trayectoria empresarial inexistentes, exigiendo a las autoridades indagar la autenticidad de las firmas, la constitución de la persona moral y la posible falsificación de documentos oficiales.
Vulnerabilidad económica y exigencia de revisión médica
La familia enfrenta una parálisis financiera ante los costos de la defensa jurídica y demanda la protección de la salud del imputado, quien padece diabetes crónica.
Los allegados de Hernández Sánchez manifestaron su incapacidad para solventar los gastos procesales, luego de que un abogado particular les exigiera un pago de 200 mil pesos para asumir la representación legal. Ante esta limitación económica, exigen la intervención de las instancias federales de procuración de justicia para esclarecer el uso indebido de los datos personales del chiapaneco.
Asimismo, la familia externó profunda preocupación por las condiciones de reclusión del herrero, debido a que requiere tratamiento médico constante por su condición de diabetes. Los habitantes de la colonia Benito Juárez y los familiares reiteraron su exigencia de justicia, pidiendo que se verifique la identidad del implicado y se deslinden responsabilidades sobre cómo sus documentos personales fueron integrados en la estructura corporativa de Petronuco en el norte del país.
