El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación enfrenta el proceso electoral de 2027 con un déficit estructural, marcado por dos vacantes en la Sala Superior, renuncias y prórrogas de magistraturas que consolidan la subordinación política.
Origen viciado y fractura en la cúpula judicial
La integración de la Sala Superior desde su creación en 2016 arrastra vicios de origen mediante modificaciones transitorias que impusieron prórrogas indebidas a cuatro magistraturas.
La exmagistrada Janine Otálora Malassis detalla que el órgano jurisdiccional nació condicionado por negociaciones políticas. El Senado nombró inicialmente a siete magistraturas por periodos diferenciados de tres, seis y nueve años, conforme al mandato legal. Sin embargo, un cambio posterior en los artículos transitorios alteró los plazos para otorgar permanencias de siete y ocho años a quienes originalmente debían concluir antes. Esta maniobra derivó en la toma de protesta irregular y estableció un precedente de subordinación a los intereses partidistas.
Las prórrogas cuestionadas beneficiaron históricamente a figuras clave dentro del tribunal. La situación de inestabilidad se profundizó con las reformas judiciales impulsadas por Morena, las cuales añadieron extensiones de mandato adicionales y abrieron la puerta para que los juzgadores en funciones compitan en los procesos electorales judiciales. A este escenario se suma la conclusión del mandato de nueve años de Otálora el 30 de octubre de 2025 —quien rechazó la prórroga disponible— y la renuncia anticipada de la expresidenta Mónica Soto Fregoso en agosto de 2026, detonada por desacuerdos con la nueva composición del pleno.
- Nombramientos originales (2016): Siete magistraturas distribuidas en periodos de tres, seis y nueve años por mandato constitucional.
- Modificación transitoria: Ampliación irregular de los plazos de ejercicio para cuatro magistraturas fundacionales.
- Vacancias actuales: Dos asientos vacíos en la Sala Superior y una docena de plazas sin cubrir en tribunales locales rumbo a las elecciones de 2027.
La conversión del tribunal en oficialía de partes
La erosión del diálogo colegiado redujo a la Sala Superior a un mecanismo de trámite funcional a la mayoría parlamentaria.
Durante el tramo final de su gestión, Otálora atestiguó la consolidación de un bloque mayoritario encabezado por Mónica Soto Fregoso, el cual marginó sistemáticamente a la disidencia integrada por la propia Otálora y Reyes Rodríguez Mondragón. La falta de debate interno eliminó la deliberación jurídica y transformó un tribunal constitucional en una oficialía de partes subordinada al poder político.
Esta dinámica se evidenció en momentos críticos del proceso electoral de 2024. El bloque mayoritario validó la sobrerrepresentación legislativa que otorgó a Morena la mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso de la Unión, destruyendo el sistema original de contrapesos institucionales. Asimismo, convalidaron los procesos internos anticipados de los partidos políticos y desecharon los señalamientos sobre el uso generalizado de los denominados “acordeones” financieros y de distribución para incidir en los resultados de la elección judicial, pese a las votaciones atípicas detectadas.
| Asunto Crítico | Criterio del Bloque Mayoritario | Postura de la Disidencia (Otálora / Rodríguez) | Impacto Institucional |
| Sobrerrepresentación 2024 | Validación de criterios para asignación de mayorías legislativas. | Oposición por destrucción del sistema constitucional de contrapesos. | Consolidación de mayoría calificada oficialista sin oposición efectiva. |
| Procesos Internos | Aprobación de métodos partidistas previos a los plazos legales. | Advertencia sobre impunidad en campañas anticipadas. | Apertura de vacíos legales para futuras impugnaciones en gubernaturas. |
| Elección Judicial | Desestimación de irregularidades por financiamiento y distribución de «acordeones». | Propuesta de anulación por intervención y votaciones atípicas. | Validación de un modelo cuestionado en su aplicación presupuestal. |
Presiones sistémicas, campañas negras y embates desde el poder
La magistratura electoral operó bajo asedio sistemático de aparatos de desinformación y ataques directos desde las conferencias matutinas presidenciales.
El ejercicio de la función jurisdiccional estuvo atravesado por presiones internas y externas. En enero de 2019, Otálora resistió una ofensiva política tras negarse a respaldar la anulación de la elección a la gubernatura de Puebla —triunfo adjudicado a la panista Martha Erika Alonso—. Paralelamente, una investigación periodística destapó la operación denominada Televisa Leaks, dirigida por Javier Tejado Dondé, que utilizó cuentas automatizadas y la fabricación de un cheque bancario falso para desprestigiar a la entonces presidenta de la Sala Superior y forzar su dimisión. La presión acumulada obligó a su renuncia a la presidencia, evento que abrió paso a una disputa ininterrumpida por el control del órgano entre Felipe Fuentes Barrera, José Luis Vargas, Reyes Rodríguez Mondragón y Mónica Soto Fregoso.
A este intervencionismo estructural se sumó un cambio radical en la relación con el Ejecutivo federal a partir de 2018. La implementación de las conferencias matutinas instituyó un mecanismo de descalificación sistemática contra jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cada vez que una sentencia contrariaba los intereses del bloque gobernante. Adicionalmente, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y la mayoría legislativa de Morena obstaculizaron durante dos años la designación de las vacantes en el TEPJF, manteniendo deliberadamente incompleto al órgano deliberativo para mermar su capacidad de decisión autónoma frente a los comicios que renovarán 17 gubernaturas y miles de cargos federales y locales.
