La Fiscalía General de la República imputa traición a la patria al exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, tras modificar su versión sobre la presencia de operativos extranjeros y un fatal accidente en El Pinal.
El expediente judicial documenta que el exfuncionario pasó de justificar una intervención coordinada a asegurar que los extranjeros solicitaron transporte casual.
Cronología del operativo en El Pinal y el desplome vehicular
El operativo antidrogas ejecutado el 16 de abril de 2026 en Chihuahua culminó en un siniestro vial donde perecieron mandos policiales y operativos estadounidenses.
El despliegue táctico tuvo como objetivo el aseguramiento de un narcolaboratorio en la demarcación de Morelos, Chihuahua. Tras el aseguramiento, el convoy de cinco vehículos integrado por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) inició el repliegue.
Cerca de Guachochi, la camioneta que transportaba al jefe de la AEI, Pedro Oseguera Cervantes, un subordinado y dos ciudadanos estadounidenses sufrió una caída a un barranco con posterior explosión. Ninguno de los ocupantes sobrevivió al impacto.
- Objetivo táctico: Desmantelamiento de un laboratorio clandestino de drogas en la sierra chihuahuense.
- Bajas oficiales: Fallecimiento del director Pedro Oseguera Cervantes y dos instructores extranjeros.
- Siniestro: Desbarrancamiento y explosión en las inmediaciones de Guachochi durante el repliegue.
Las declaraciones contradictorias del exfiscal de Chihuahua
Las versiones emitidas por César Jáuregui Moreno ante la opinión pública sufrieron modificaciones sustanciales entre el 19 y el 27 de abril.
La primera postura institucional fue fijada el 19 de abril de 2026, cuando el entonces fiscal afirmó que los extranjeros fallecidos operaban bajo un esquema de «trabajo coordinado y constante» entre México y Estados Unidos.
Al día siguiente, tras el deslinde de la presidenta Claudia Sheinbaum y la Secretaría de la Defensa Nacional, Jáuregui modificó su argumento y sostuvo que Richard Leiter Johnston III y John Dudley Black no participaron en las acciones, sino que solicitaron un aventón («ride») en la comunidad de Polanco tras impartir un curso de manejo de drones.
- Versión inicial (19 de abril): Participación formal en un esquema de cooperación bilateral en materia de seguridad.
- Segunda versión (20 de abril): Traslado accidental bajo el argumento de haber solicitado transporte en Polanco.
- Renuncia (27 de abril): Reconocimiento público de «inconsistencias, omisiones y vulneración de controles institucionales».
| Fecha de Declaración | Postura Institucional de César Jáuregui | Estatus de la Versión |
| 19 de abril de 2026 | Afirmó que el operativo en El Pinal se realizó bajo un esquema de «trabajo coordinado» bilateral entre autoridades estatales y agencias de EE. UU. | Descartada por la FGR (Sostuvo que no existió autorización del Gabinete de Seguridad ni de la Cancillería). |
| 20 de abril de 2026 | Sostuvo públicamente que los agentes extranjeros únicamente solicitaron un «ride» (transporte) tras impartir un curso técnico de drones a mandos locales. | Contradicha por bitácoras (Los registros de vuelo y peritajes demostraron participación directa en la incursión al narcolaboratorio). |
| 27 de abril de 2026 | Reconocimiento explícito de omisiones en la notificación federal y vulneración de mecanismos de control de seguridad nacional. | Sustento de la orden de aprehensión (Utilizado por la FGR para fundamentar la acusación por traición a la patria y encubrimiento). |
Imputación por traición a la patria y vacíos probatorios de la FGR
La Fiscalía General de la República fundamenta la acusación por traición a la patria en notas periodísticas ante la ausencia de confirmación oficial estadounidense.
La madrugada del miércoles 21 de octubre de 2026, un juez federal adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez dictó prisión preventiva justificada contra el imputado. La titular de la FGR, Ernestina Godoy, encabeza la causa penal por permitir la intervención de agentes extranjeros en funciones de seguridad nacional exclusivas de la Federación.
No obstante el rigor de la imputación, el expediente revela que el gobierno de Estados Unidos no ha oficializado las adscripciones de Richard Leiter Johnston III y John Dudley Black. El vicecónsul David Matthew Silva y su acompañante, Marco Antonio Hernández, únicamente los identificaron ante el Ministerio Público como empleados del gobierno estadounidense.
Ante la falta de acreditación institucional por parte de la Embajada de Estados Unidos —cuyo titular, Ronald Douglas Johnson, se limitó a definirlos como personal diplomático—, la FGR integró notas periodísticas que apuntan a una presunta vinculación con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para sostener la acusación formal de traición a la patria de cara a la audiencia de vinculación fijada para el sábado 24 de octubre.
