La Cámara de Diputados aprobó aplazar del 1 de abril de 2027 al 1 de julio de 2031 la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, con 363 votos a favor y 57 en contra, bajo el argumento de garantizar una implementación eficiente.
El pleno de la Cámara de Diputados avaló mover la fecha límite para la aplicación total del ordenamiento jurídico, una decisión que generó debate legislativo debido a las diferencias sobre la asignación presupuestal y la suficiencia operativa de los tribunales locales y federales en el país.
Implicaciones operativas y plazos extendidos en tribunales
La ampliación del plazo hasta julio de 2031 busca otorgar tiempo adicional para la capacitación del personal judicial, la adaptación de infraestructura para juicios orales y la integración de herramientas digitales.
Julio César Moreno Rivera, legislador de Morena y presidente de la Comisión de Justicia, argumentó que la prórroga genera las condiciones óptimas para que el sistema opere correctamente desde su arranque. Asimismo, indicó que aquellas entidades federativas con capacidad técnica demostrada podrán adelantar la aplicación del Código antes de la fecha límite establecida en el decreto.
El análisis de los requerimientos técnicos comprende tres ejes fundamentales para la modernización de los órganos jurisdiccionales:
- Capacitación judicial: Formación continua para juezas, jueces y operadores jurídicos enfocada en la unificación de criterios procedimentales.
- Infraestructura física: Adecuación de espacios materiales y construcción de salas destinadas específicamente al desarrollo de juicios orales.
- Justicia digital: Incorporación de sistemas electrónicos para efectuar notificaciones y disminuir los traslados procesales innecesarios.
| Eje de Modernización | Objetivo Operativo | Requerimiento Crítico |
| Capacitación | Unificación de criterios técnico-jurídicos, homogenización de la praxis procesal y cambio cultural. | Formación especializada e integral de jueces, magistrados, secretarios de acuerdos y personal de apoyo. |
| Infraestructura | Desarrollo eficiente de audiencias orales bajo los principios de inmediación, publicidad y celeridad. | Edificación y habilitación de salas para juicios orales equipadas con sistemas de gestión procesal y grabación. |
| Tecnología | Tramitación ágil de notificaciones electrónicas, expediente digital e interoperabilidad judicial. | Desarrollo e implementación de plataformas, firmas electrónicas y sistemas digitales adecuados y seguros. |
Confrontación presupuestal y críticas legislativas
Las bancadas de oposición cuestionaron la viabilidad financiera de la reforma al señalar la ausencia de partidas presupuestales específicas para cubrir los costos de implementación.
Emilio Suárez Licona, diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), sostuvo que la reforma carece de sustento financiero y calificó la modificación como una acumulación de buenas intenciones. El representante popular enfatizó que la falta de asignación económica perpetúa la parálisis en la resolución de juicios sobre custodia de menores, pensiones alimenticias y litigios patrimoniales.
Por su parte, Gustavo Adolfo de Hoyos Walther, legislador de Movimiento Ciudadano (MC), denunció que la prórroga constituye una postergación sistemática derivada de la falta de presupuesto. De acuerdo con las estimaciones presentadas por el grupo parlamentario opositor, se requiere un desembolso mínimo de 10 mil millones de pesos anuales para fondear la infraestructura, los sistemas tecnológicos y la capacitación necesarios para operar bajo las disposiciones del Código.
