La presidenta Claudia Sheinbaum firmó el decreto para obligar a las plataformas digitales a identificar y retirar contenidos que promueven violencia, abuso sexual, ciberacoso, suicidio y autolesiones dirigidos a niñas, niños y adolescentes en México.
Nuevas obligaciones y plazos para plataformas digitales
Las plataformas digitales disponen de un plazo improrrogable de treinta días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del decreto, para documentar y notificar las acciones implementadas para cumplir con las nuevas obligaciones.
La disposición firmada por la titular del Ejecutivo federal establece que corporaciones tecnológicas como Meta, Microsoft, Apple, TikTok, Google y X deben erradicar la exposición de menores a material que vulnere su integridad física y psicológica. Las empresas tecnológicas están obligadas a clasificar los contenidos por rangos de edad, verificar la identidad digital de los usuarios y activar herramientas de supervisión para padres, madres y tutores.
- Filtros de contenido: Prohibición absoluta de recomendar discursos de odio, extremismo violento, trastornos alimenticios, acoso, material sexual explícito y conductas ilícitas.
- Configuraciones seguras: Implementación obligatoria de mecanismos predeterminados de privacidad y seguridad para cuentas infantiles y juveniles.
- Canales de reporte: Creación de herramientas accesibles para que los usuarios denuncien publicaciones de alto riesgo.
Mecanismos de supervisión gubernamental y amenaza de sanciones
La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones vigilará la aplicación del decreto, mientras el gobierno federal advierte sobre la creación de una ley punitiva ante cualquier incumplimiento tecnológico.
Durante la presentación del documento, la mandataria federal advirtió que la falta de acatamiento por parte de las empresas tecnológicas derivará en un cambio legislativo para imponer sanciones económicas y operativas. Por su parte, Luisa María Alcalde Luján, consejera jurídica de la Presidencia de la República, detalló que la medida se fundamenta en el artículo 101 Bis 3 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Si bien la disposición actual carece de un esquema punitivo directo, la normativa exige una estrecha cooperación con las autoridades investigadoras de seguridad. Las firmas tecnológicas deben habilitar un punto de contacto permanente, preservar evidencia digital relevante y alertar de manera inmediata a las instituciones del Estado cuando detecten amenazas directas contra la vida de los menores.
Articulación interinstitucional en salud mental y educación
El decreto gubernamental articula a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Salud para difundir estrategias de prevención, uso consciente de redes sociales y apoyo psicológico.
La estrategia integral incluye la participación activa del sector educativo y sanitario para mitigar los daños derivados de la exposición a entornos digitales nocivos. La administración federal canalizará la orientación psicológica a través de la Línea de la Vida, complementando el cerrojo regulatorio con campañas informativas dirigidas a la comunidad estudiantil y a las familias mexicanas.
