Por Alejandro Peza
CHETUMAL.- Taxistas disidentes del Sindicato Único de Choferes de Automóviles de Alquiler (SUCHAA) acusaron al actual secretario general, Julio César Castilla Zapata, de presuntamente encabezar a un grupo de 17 personas que los agredió mientras sostenían una reunión pacífica sobre la avenida Miguel Hidalgo, en el centro de Chetumal.
Manuel Negrete Gómez, integrante del grupo inconforme, informó que los hechos ocurrieron el pasado 10 de octubre, cuando varios socios se reunieron para dialogar y sumar esfuerzos ante las presuntas irregularidades que denuncian en el proceso interno para elegir a la nueva dirigencia sindical.
Explicó que los inconformes decidieron reunirse en la vía pública, a una cuadra de las instalaciones del sindicato, con la intención de evitar enfrentamientos dentro del edificio gremial. Sin embargo, aseguró que la reunión fue interrumpida por un grupo de personas que, según su versión, actuó bajo las órdenes de Castilla Zapata.
Negrete Gómez afirmó que las mujeres presentes fueron agredidas verbalmente, mientras que dos socios recibieron agresiones físicas y resultaron lesionados. Entre las personas que, de acuerdo con su señalamiento, participaron en los hechos, mencionó a Jhonny Polanco, quien también aspira a ocupar la Secretaría General y a quien identificó como cercano al actual dirigente.
“Ya no se trata de un tema político sindical, sino que ha trascendido a un delito, que corresponderá a los compañeros afectados proceder legalmente como consideren”, manifestó.
El denunciante agregó que, después de las presuntas agresiones, el grupo se retiró del lugar; no obstante, aseguró que antes de marcharse uno de los participantes amenazó a los inconformes para impedir que se acercaran al edificio sindical.
De acuerdo con el testimonio de Negrete Gómez, la advertencia fue que “Si se acercan al sindicato les vamos a partir la madre”.
El taxista sostuvo que, desde ese día, las instalaciones del SUCHAA permanecen resguardadas por personas que, según dijo, no pertenecen al gremio y cuya presencia cuestionó por considerar que no tienen motivos para permanecer en el inmueble.
Un día después de los hechos denunciados, el domingo 11 de octubre, Julio César Castilla Zapata encabezó una asamblea en la que se eligió al Comité Electoral que tendrá a su cargo la organización del proceso interno para renovar la dirigencia del sindicato.
Sin embargo, el encuentro también fue cuestionado por los socios disidentes, quienes aseguraron que el edificio estuvo resguardado y que se impidió el acceso a personas inconformes con la actual dirigencia o que pretendían ejercer sus derechos sindicales.
Manuel Negrete Gómez sostuvo que la asamblea careció de quórum y, por lo tanto, consideró que el procedimiento estuvo fuera de la legalidad.
Según sus cifras, al encuentro asistieron 351 personas, de las cuales la mayoría serían socios ayudantes, es decir, operadores que no cuentan con concesión y que, de acuerdo con la interpretación de los estatutos que expuso el denunciante, no tienen derecho a votar.
Afirmó además que los asistentes habrían sido condicionados u obligados a presentarse, aunque no aportó mayores detalles sobre estas presuntas presiones.
El inconforme indicó que el padrón del sindicato registra a dos mil 770 socios ante el Registro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Bajo esa cifra, los 351 asistentes representarían aproximadamente el 12.7 por ciento del total, un porcentaje que, a su juicio, demuestra que la asamblea no cumplió con los requisitos necesarios para validar sus acuerdos.
La mayoría de los socios, agregó, habría decidido no acudir debido a los cuestionamientos sobre la convocatoria y a la falta de garantías de seguridad para participar en la reunión.
